FAMILIAR
Pensión fijada solo con el recibo de nómina: se puede corregir
Si el ingreso declarado no coincide con el nivel de vida, el juez puede fijar la pensión con la capacidad económica real del deudor.
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ÁREAS DE PRÁCTICA
Sí: en la Ciudad de México la pensión alimenticia no termina automáticamente a los dieciocho años, y la ley tampoco fija los veinticinco como límite. El artículo 320 del Código Civil solo suspende o hace cesar la obligación por causas concretas, entre ellas que el hijo deje de necesitar los alimentos o que, siendo mayor de edad, su necesidad dependa de conducta viciosa o de falta de aplicación al estudio. Leído al revés, el hijo mayor de edad que estudia con aplicación un grado acorde a su edad y no tiene medios propios conserva el derecho, y cada caso se discute con pruebas. La mayoría de edad comienza a los dieciocho años cumplidos (artículo 646) y con ella se acaba la patria potestad (artículo 443, fracción III), pero la obligación alimentaria no nace de la patria potestad, sino del parentesco: el artículo 303 obliga a las y los progenitores a dar alimentos a sus hijas e hijos, sin mencionar edad. Los veinticinco años que se repiten en internet vienen de otras leyes: la Ley del Seguro Social los usa para prorrogar la pensión de orfandad y el servicio médico de los hijos que estudian, y la Ley Federal del Trabajo para la indemnización por muerte del trabajador. Son prestaciones de seguridad social, no la pensión civil que se reclama al padre o a la madre. Esta página atiende a los dos lados: al hijo que sigue estudiando y necesita que la pensión continúe, o que nunca la recibió y quiere demandarla por sí mismo, y al padre o la madre que paga y necesita saber cuándo puede pedir al juez el cese o la reducción sin caer en adeudo. El despacho de Óscar Miranda, en San Miguel Chapultepec, atiende en toda la Ciudad de México, incluidas zonas como Polanco, Santa Fe, Reforma, Roma-Condesa, Del Valle, Nápoles y Coyoacán. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN, es un pago único e independiente de los honorarios, y al terminar se entrega por escrito la propuesta estratégica y económica.
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CÓMO TE AYUDAMOS
01
Lo primero es saber si ya existe una pensión fijada por sentencia o convenio, o si hay que pedirla por primera vez. Después se reúnen las tres piezas que decide cualquier juez en estos asuntos: la situación escolar del hijo (constancia de inscripción, historial académico, plan de estudios y avance acorde a su edad), sus ingresos propios si los tiene, y las posibilidades económicas del padre o la madre obligada. Con eso se define si procede continuar, ejecutar, reducir o terminar la pensión. El hijo mayor de edad no goza de la presunción de necesitar alimentos que el artículo 311 Bis reserva a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y al cónyuge que se dedica al hogar: su necesidad tiene que probarse, y esa diferencia define la estrategia.
02
La pensión decretada no caduca con el cumpleaños. El artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México permite alterar o modificar las resoluciones firmes sobre alimentos cuando cambian las circunstancias, y ese es el camino para el padre o la madre que considera que el hijo ya no necesita la pensión: un incidente con pruebas, no la suspensión unilateral. Mientras no haya resolución, la orden de descuento sigue obligando a la fuente de trabajo conforme al artículo 323 del Código Civil. Para el hijo cuyo pago se interrumpió, la vía es ejecutar las mensualidades vencidas con descuento de nómina o embargo, con la preferencia que el artículo 311 Quáter da a los acreedores alimentarios sobre cualquier otro acreedor.
03
El hijo mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes (artículo 647) y tiene acción propia como acreedor alimentario (artículo 315, fracción I). El artículo 942 del Código de Procedimientos Civiles dispensa de formalidades especiales los asuntos de alimentos, y el 943 permite acudir por escrito o por comparecencia, corre traslado al demandado para comparecer dentro de nueve días y obliga al juez a fijar, a petición del acreedor y sin audiencia del deudor, una pensión alimenticia provisional mientras se resuelve el juicio. Conforme a la declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial el 6 de julio de 2026, los procedimientos familiares que se promuevan a partir del 1 de abril de 2027 se tramitarán con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; las reglas sustantivas del Código Civil no cambian.
04
Aquí se gana o se pierde el asunto. Del lado del hijo: inscripción vigente, calificaciones, un avance escolar razonable para su edad, ausencia de ingresos suficientes y un presupuesto real de colegiatura, transporte, materiales, salud y vivienda. Del lado del padre o la madre: sus ingresos verdaderos y sus otras obligaciones, o bien la prueba de que el hijo ya trabaja, abandonó los estudios o es autosuficiente. El artículo 311 obliga a que los alimentos sean proporcionados a las posibilidades de quien los da y a las necesidades de quien los recibe; si los ingresos del deudor no se pueden comprobar, el artículo 311 Ter manda resolver con la capacidad económica y el nivel de vida de los últimos dos años. El artículo 941 obliga al juez de lo familiar a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho.
05
La sentencia fija el monto y la forma de pago y debe expresar el incremento anual automático mínimo conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, salvo que el deudor demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción (artículo 311). La pensión se asegura con hipoteca, prenda, fianza, depósito u otra garantía suficiente a juicio del juez (artículo 317). Si el deudor deja de pagar sesenta días, el artículo 309 lo constituye en deudor alimentario moroso y ordena su inscripción en el registro; el artículo 322 permite restringir su salida del país; y el artículo 193 del Código Penal de la Ciudad de México sanciona el incumplimiento con prisión de tres a cinco años, pena que el artículo 197 aumenta en una mitad cuando se incumple una resolución judicial.
POR QUÉ CON ÓSCAR
La obligación nace del parentesco, no de la edad. El artículo 303 del Código Civil para el Distrito Federal, reformado en la Gaceta Oficial del 28 de junio de 2024, dispone que las y los progenitores están obligados a dar alimentos a sus hijas e hijos y que, a falta o por imposibilidad debidamente acreditada de ellos, la obligación recae en los demás ascendientes más próximos en grado, conforme a su capacidad económica. El artículo 301 dispone que la obligación es recíproca, y el 301 Bis que los alimentos son de orden público e interés social y que el juez tiene la obligación de garantizar el derecho a recibirlos. El artículo 321 añade que ese derecho no es renunciable ni puede ser objeto de transacción, y el 1160 que la obligación de dar alimentos es imprescriptible.
Qué comprenden los alimentos de un hijo mayor de edad. El artículo 308 enumera, en su fracción I, la comida, el vestido, la habitación, la atención médica y hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo y parto, conceptos que no distinguen edad. La fracción II, reformada el 29 de noviembre de 2024, agrega respecto de niñas, niños y adolescentes los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; la fracción III, con relación a las personas con algún tipo de discapacidad, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo. El texto de la fracción II habla de niñas, niños y adolescentes; la continuidad de los gastos educativos después de los dieciocho se apoya en la fracción IV del artículo 320, que solo hace cesar la obligación por falta de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad, lo que presupone que el mayor de edad que estudia con aplicación puede seguir recibiendo alimentos. El artículo 314 fija el límite: la obligación no comprende proveer de capital a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado.
Cuándo se suspende o cesa. El artículo 320 dispone que se suspende o cesa, según el caso, la obligación de dar alimentos por cualquiera de estas causas: la fracción I está derogada desde la reforma publicada en la Gaceta Oficial el 28 de junio de 2024; la fracción II, cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos; la fracción III, en caso de violencia familiar o injurias graves inferidas por el alimentista mayor de edad contra el que debe prestarlos; la fracción IV, cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad; la fracción V, si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables; y la fracción VI, las demás que señale el Código u otras leyes. La mayoría de edad no aparece en la lista. El artículo 646 dispone que la mayor edad comienza a los dieciocho años cumplidos, el 647 que el mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes, y el 443, fracción III, que la patria potestad se acaba por la mayoría de edad de la hija o el hijo; ninguno de ellos extingue los alimentos.
Ni el Código Civil ni el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México fijan una edad máxima para recibir alimentos, y tampoco mencionan los veinticinco años. Lo que se discute en cada juicio es si el hijo mayor de edad sigue necesitando los alimentos y si su necesidad deriva de una formación que avanza con aplicación, en un grado escolar acorde a su edad, o de una falta de aplicación que el artículo 320 castiga con el cese. Por eso no hay respuesta en abstracto: un estudiante de veintidós años al corriente no está en la posición de quien a los veintiséis abandonó dos carreras y no acredita inscripción. La proporcionalidad del artículo 311 y la posibilidad de modificar la resolución cuando cambian las circunstancias, prevista en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles, permiten además reducir la pensión cuando el hijo ya obtiene ingresos parciales, sin necesidad de suprimirla.
Los veinticinco años son de la seguridad social. La Ley del Seguro Social prorroga la pensión de orfandad después de los dieciséis años y hasta los veinticinco si el huérfano estudia en planteles del sistema educativo nacional, tanto en el seguro de riesgos de trabajo (artículo 64, fracciones IV y VI) como en el de invalidez y vida (artículo 134, que además niega la pensión al huérfano mayor de dieciséis años que desempeñe un trabajo remunerado, salvo que no pueda mantenerse por una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico); y el artículo 84, fracción VI, ampara en el seguro de enfermedades y maternidad a los hijos del asegurado hasta los veinticinco años cuando estudian en el sistema educativo nacional, o mientras no puedan mantenerse por una enfermedad crónica o discapacidad. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 501, fracción I, reconoce el derecho a la indemnización por muerte del trabajador a los hijos menores de dieciocho años, a los mayores de esa edad con una incapacidad de cincuenta por ciento o más y a los hijos de hasta veinticinco años que se encuentren estudiando. Son prestaciones que paga el instituto o se reclaman con motivo de la muerte del trabajador; no regulan la pensión alimenticia civil que un hijo reclama a su padre o a su madre, y un juez de lo familiar no está obligado a aplicarlas como límite.
La pensión retroactiva y las consecuencias del impago. El artículo 309, en el párrafo adicionado en la Gaceta Oficial del 24 de diciembre de 2025, dispone que el pago de los alimentos, de acuerdo con las circunstancias y condiciones de cada caso, podrá retrotraerse a la fecha de nacimiento de la obligación o incluso hasta la fecha de nacimiento del acreedor alimentista, incluyendo los gastos del parto, y que el derecho a recibir alimentos de manera retroactiva es imprescriptible y puede reclamarse en cualquier momento. El artículo 322 hace responsable al deudor que rehúsa entregar los alimentos de las deudas que los acreedores contraigan para cubrir sus exigencias. En lo penal, el artículo 193 del Código Penal para el Distrito Federal impone de tres a cinco años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa a quien incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos; el 194, de uno a cuatro años a quien renuncie a su empleo o se coloque en insolvencia para eludirla; el 197 aumenta las sanciones en una mitad si la omisión incumple una resolución judicial; y el 199 dispone que estos delitos se persiguen por querella.
PREGUNTAS FRECUENTES
El Código Civil de la Ciudad de México no fija una edad, ni los dieciocho ni los veinticinco. Lo que fija son causas de suspensión o cese en el artículo 320: que el hijo deje de necesitar los alimentos; que, siendo mayor de edad, ejerza violencia familiar o injurias graves contra quien los da; que su necesidad dependa de conducta viciosa o de falta de aplicación al estudio; o que abandone sin causa justificada la casa del deudor. Mientras el hijo estudie con aplicación un grado acorde a su edad y no tenga medios propios, el derecho puede continuar, y se discute caso por caso. Los veinticinco años vienen de la Ley del Seguro Social (artículos 64, 84 y 134) y de la Ley Federal del Trabajo (artículo 501): son reglas de seguridad social, no de la pensión civil.
No automáticamente. La mayoría de edad empieza a los dieciocho años (artículo 646) y termina la patria potestad (artículo 443, fracción III), pero la obligación alimentaria nace del artículo 303 y solo cesa por las causas del artículo 320, entre las que no está la edad. Si la pensión está fijada por sentencia o convenio, sigue vigente hasta que un juez resuelva su cese o reducción conforme al artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles. Si dejas de pagar por tu cuenta, cada mensualidad es un adeudo ejecutable; a los sesenta días puedes ser inscrito como deudor alimentario moroso (artículo 309) y el incumplimiento es delito (artículos 193 y 197 del Código Penal de la Ciudad de México).
Sí. Como mayor de edad dispones libremente de tu persona (artículo 647) y tienes acción propia como acreedor alimentario (artículo 315, fracción I del Código Civil). Puedes acudir al juez de lo familiar por escrito o por comparecencia, sin formalidades especiales (artículos 942 y 943 del Código de Procedimientos Civiles), y pedir que fije desde el inicio una pensión provisional sin audiencia del deudor. Lo que tienes que probar es la necesidad: a diferencia de un menor de edad, el artículo 311 Bis no te presume necesitado, salvo discapacidad. Las pruebas clave son tu inscripción y avance escolar, la falta de ingresos suficientes, el costo real de tus estudios y gastos, y los ingresos de tu papá. Si nunca te reconoció, primero o a la par se tramita el reconocimiento de paternidad.
Depende de cuánto gana y de si eso cubre sus necesidades. El artículo 320, fracción II, hace cesar la obligación cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos, pero un trabajo de medio tiempo que apenas cubre transporte no lo vuelve autosuficiente. Como el artículo 311 exige proporcionalidad entre posibilidades y necesidades, lo que suele discutirse es una reducción, no necesariamente el cese. En cualquier caso, la decisión es del juez: el padre o la madre debe promover el incidente de modificación del artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles con prueba de los ingresos del hijo. Si el hijo trabaja de tiempo completo, ya no estudia y cubre sus gastos, el cese tiene base sólida.
La edad no la extingue mientras la necesidad subsista. El artículo 308, fracción III, incluye entre los alimentos, con relación a las personas con algún tipo de discapacidad, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y el artículo 311 Bis presume que las personas con discapacidad necesitan alimentos, de modo que no tienen que probar la necesidad, sino su costo. La obligación solo cesaría por alguna causa del artículo 320, como que la persona deje de necesitarlos. El artículo 306 añade que, a falta de padres y demás ascendientes, los hermanos y parientes colaterales hasta el cuarto grado deben alimentos a los menores y a las personas con discapacidad.
Sí, y la reforma publicada en la Gaceta Oficial el 24 de diciembre de 2025 lo dejó por escrito. El artículo 309 dispone que el pago de los alimentos, según las circunstancias y condiciones de cada caso, podrá retrotraerse a la fecha de nacimiento de la obligación o incluso hasta la fecha de nacimiento del acreedor alimentista, incluyendo los gastos del parto, y que ese derecho es imprescriptible y puede reclamarse en cualquier momento. El artículo 1160 repite que la obligación de dar alimentos es imprescriptible. Hay un punto que se litiga: el artículo 1162 dispone que las pensiones y prestaciones periódicas no cobradas a su vencimiento prescriben en cinco años, y cómo se armoniza con el 309 en mensualidades ya fijadas y no cobradas se discute caso por caso. La palabra clave del 309 es circunstancias: el monto retroactivo depende de lo que se pruebe sobre los gastos y las posibilidades del deudor en esos años.
Puede tenerlo, pero no por el divorcio ni por la edad, sino por la necesidad. Una hija de veinticinco años que estudia con aplicación y no puede sostenerse puede reclamar alimentos al padre o a la madre por su propio derecho; si ya terminó sus estudios o trabaja y se sostiene, el artículo 320 da base para que no proceda. Distinto es el derecho del cónyuge que dejó de trabajar para dedicarse al hogar: el artículo 311 Bis lo presume necesitado de alimentos, y en el divorcio suele discutirse además la pensión compensatoria. Son reclamaciones separadas, cada una con su prueba. Para estimar la compensación del cónyuge puedes usar la calculadora de compensación conyugal del sitio.
La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN, es un pago único e independiente de los honorarios, y aplica tanto al hijo que reclama como al padre o la madre que paga. En esa sesión se revisa si existe sentencia o convenio, la situación escolar y laboral del hijo, las posibilidades económicas del deudor y los adeudos acumulados, y se define si procede demandar, ejecutar, pedir el cese o la reducción, o reclamar alimentos retroactivos. Al terminar se entrega por escrito la propuesta estratégica y económica del asunto.
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