Modificación de Pensión Alimenticia

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El punto de partida es el artículo 311 del Código Civil para la Ciudad de México: los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos. La pensión que fijó un juez — o la que pactaste en convenio — es la fotografía de ese equilibrio en un momento determinado. Cuando cualquiera de los dos lados de la balanza cambia de manera real y sostenida, el monto original deja de ser proporcional, y la proporcionalidad no es un adorno retórico: es el criterio legal que rige la obligación alimentaria. Sobre esa base se construye todo incidente de modificación, tanto el de reducción como el de aumento.

La puerta procesal está en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México: las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. En materia de alimentos la cosa juzgada es relativa: la sentencia obliga mientras las circunstancias que la sustentaron se mantengan. Eso protege a ambas partes — al deudor que realmente ya no puede pagar lo mismo, y al acreedor cuyas necesidades reales ya rebasaron el monto fijado —, pero exige lo mismo a ambos: probar el cambio con documentos, no con dichos.

La actualización anual no requiere incidente: el propio artículo 311 dispone que los alimentos determinados por convenio o sentencia tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, salvo que el deudor demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción, en cuyo caso el incremento se ajusta al que realmente obtuvo. Conviene revisar tu sentencia: muchas fijan expresamente el mecanismo — INPC o incremento salarial del deudor — y ese texto rige la ejecución. Y cuando el deudor trabaja por su cuenta y sus ingresos no son comprobables, el artículo 311 Ter ordena al juez resolver con base en la capacidad económica y el nivel de vida que deudor y acreedores han llevado: los ingresos que no aparecen en un recibo de nómina también cuentan.

Igual de importante es saber qué no funciona. Renunciar voluntariamente al trabajo o esconder ingresos para pagar menos no extingue la obligación: el juez atiende a la capacidad económica real y al nivel de vida, no solo al recibo de nómina que convenga mostrar. Que el otro progenitor tenga nueva pareja tampoco reduce, por sí solo, las necesidades de tus hijos, que son los titulares del derecho. Y dejar de depositar mientras se resuelve el incidente es la peor decisión posible: el adeudo se vuelve ejecutable con embargo de sueldo o bienes y el incumplimiento puede tener consecuencias penales. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la revisión de tu sentencia o convenio, la valoración honesta de si el cambio de circunstancias es defendible y la estrategia del incidente. Si el cambio no se puede probar, se te dice antes de empezar — no después de un año de litigio.