Pensión por Invalidez del IMSS

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

La definición legal está en el artículo 119 de la Ley del Seguro Social: existe invalidez cuando el asegurado se halla imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la habitual percibida durante el último año de trabajo, y esa imposibilidad deriva de una enfermedad o accidente no profesionales. La declaración corresponde al propio Instituto, que la formaliza en el dictamen de invalidez conocido como formato ST-4, emitido por sus servicios de Salud en el Trabajo. Dos consecuencias prácticas: la invalidez no se mide solo por el diagnóstico sino por la pérdida de capacidad de ingreso, y el dictamen del Instituto —parte interesada, porque es quien paga— puede controvertirse con prueba pericial médica en juicio.

Los requisitos de cotización los fija el artículo 122: al declararse la invalidez, el asegurado debe tener acreditadas 250 semanas de cotización, o solamente 150 cuando el dictamen determina un setenta y cinco por ciento o más de invalidez. Por eso el porcentaje que asigna el ST-4 no es un detalle técnico: puede ser la diferencia entre tener pensión y no tenerla. Quien es declarado inválido permanente sin reunir las semanas puede retirar en una sola exhibición el saldo de su cuenta individual. El artículo 123 excluye tres supuestos: la invalidez autoprovocada intencionalmente, la originada por un delito intencional del propio asegurado y la anterior a la afiliación al régimen.

La ley distingue dos pensiones en el artículo 121: la temporal, que el Instituto otorga por periodos renovables cuando existe posibilidad de recuperación para el trabajo, y la definitiva, que corresponde al estado de invalidez de naturaleza permanente. El tránsito de una a otra es un frente de conflicto frecuente, porque el Instituto tiende a prolongar la temporalidad. Además, conforme a los artículos 124 y 126, el asegurado y el pensionado deben someterse a las investigaciones y exámenes médicos que el Instituto ordene: negarse a ellos o abandonar los tratamientos prescritos autoriza la suspensión del pago, así que la estrategia correcta nunca es dejar de acudir, sino acudir y documentar. El derecho a la pensión comienza desde el día en que se produce el siniestro o, si no puede fijarse, desde la presentación de la solicitud, conforme al artículo 125 —lo que sostiene el pago retroactivo cuando se gana el juicio.

La cuantía la fija el artículo 141: una cuantía básica del treinta y cinco por ciento del promedio de los salarios de las últimas 500 semanas de cotización, actualizadas conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, más asignaciones familiares y ayudas asistenciales, sin que la pensión pueda ser inferior a la pensión garantizada que marca la propia ley. Contra las resoluciones del Instituto proceden, en orden, el recurso de inconformidad del artículo 294 y la demanda del artículo 295 ante los Tribunales Federales en materia laboral. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la revisión del dictamen o la negativa, de las semanas cotizadas y del origen del padecimiento —porque si fue laboral, la vía correcta es la de riesgos de trabajo y conviene saberlo antes de litigar lo equivocado. Sin promesas de resultado: con un diagnóstico honesto de qué se puede pelear.