Defensa por Narcomenudeo

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El punto de partida legal es la tabla de dosis máximas de consumo personal e inmediato del artículo 479 de la Ley General de Salud: 5 gramos de cannabis, 2 gramos de opio, 500 miligramos de cocaína, 50 miligramos de heroína y 0.015 miligramos de LSD, entre otros narcóticos listados. Conforme al artículo 478, el Ministerio Público no ejercerá acción penal contra quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de esos narcóticos en cantidad igual o inferior a la de la tabla, para su estricto consumo personal, fuera de los lugares que la propia ley señala. La autoridad debe además informarle sobre las instituciones de tratamiento y prevención disponibles, no tratarlo como delincuente.

Por encima de la tabla, la ley distingue dos delitos con penas muy distintas. La posesión simple del artículo 477 —poseer narcóticos en cantidad inferior a mil veces la tabla, sin autorización y sin fines de comercio o suministro— se sanciona con prisión de diez meses a tres años y hasta ochenta días multa. La posesión con fines de comercio o suministro, aun gratuito, del artículo 476, se sanciona con prisión de tres a seis años y de ochenta a trescientos días multa. La fiscalía tiene que probar ese fin de comercio; la sola cantidad, el fraccionamiento del empaque o el dicho aislado de los aprehensores no bastan, y pelear esa clasificación es con frecuencia la diferencia entre un proceso en libertad y uno en prisión.

La competencia también se define por la tabla. Conforme al artículo 474 de la Ley General de Salud, conocen las autoridades del fuero común cuando la cantidad es inferior a la que resulte de multiplicar por mil las dosis de la tabla y no existan indicios de delincuencia organizada. El caso se vuelve federal cuando la cantidad alcanza o supera ese umbral, cuando el narcótico no está en la tabla o cuando hay elementos de delincuencia organizada. Saber en qué fuero está o debe estar el asunto importa: cambian el tribunal, la fiscalía, las reglas de ejecución y, en la práctica, la severidad con la que se litiga.

La Suprema Corte ha marcado además la dirección de fondo. En la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, resuelta el 28 de junio de 2021, el Pleno invalidó con efectos generales las porciones de los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud que impedían de manera absoluta autorizar el autoconsumo lúdico de cannabis a personas adultas, por violar el libre desarrollo de la personalidad. Eso no despenalizó la posesión —la propia Corte ha precisado que la posesión simple del artículo 477 sigue vigente—, pero sí obliga a leer estos casos desde los derechos y no desde el prejuicio. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN; en detenciones en curso la atención de urgencia es inmediata, las 24 horas, porque el control de detención no espera a que abran las oficinas.