Regularización Migratoria

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El punto de partida jurídico es el artículo 2 de la Ley de Migración, que fija los principios de la política migratoria mexicana y contiene una frase que responde el miedo más común: en ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito. La estancia irregular en México es una falta administrativa, no un delito: se resuelve con un trámite y, en su caso, una multa. Ese principio es la razón por la que acudir al INM a regularizarse, con el expediente bien armado, es un acto de solución y no de riesgo. Cosa distinta es un procedimiento administrativo ya iniciado —una presentación o un alojamiento en estación migratoria—, que es materia de defensa migratoria y se atiende con otra urgencia y otras herramientas.

La vía más fuerte es la unidad familiar. El artículo 133 de la Ley de Migración dispone que tienen derecho a la regularización los extranjeros con vínculo de matrimonio o concubinato con persona mexicana o con residente, y quienes acrediten ser padre, madre o hijo de mexicano o de residente, o tener su representación legal o custodia. El mismo artículo prevé la regularización de quien es identificado como víctima o testigo de un delito grave cometido en territorio nacional, de las personas cuyo grado de vulnerabilidad dificulta o hace imposible su deportación o retorno, y de niñas, niños y adolescentes sujetos a procedimientos de sustracción o restitución internacional. En estos supuestos la ley no dice que el Instituto podrá regularizar: dice que la persona tiene derecho a ello, y esa diferencia de redacción es la fuerza del trámite.

Para quien tuvo un documento y se le venció, el artículo 134 abre una ventana: solicitar la regularización dentro de los sesenta días naturales siguientes al vencimiento del periodo de estancia autorizado. La misma vía aplica a quien realizó actividades distintas de las que su condición de estancia le permitía. Pasada la ventana de sesenta días, esa puerta se cierra, pero no todas: si existe vínculo familiar o un supuesto humanitario, el artículo 133 sigue disponible sin límite de tiempo. En cuanto al costo, la ley es transparente: la multa del artículo 145 para la regularización por unidad familiar va de veinte a cuarenta días de salario mínimo —hoy calculada conforme a la UMA—, con exención expresa para los supuestos humanitarios, y la del artículo 146 para los casos del artículo 134 va de veinte a cien días. Son montos pagables, muy lejos del imaginario de multas impagables que mantiene a tanta gente en la irregularidad.

Estas vías son permanentes: están en la ley y no dependen de que exista un programa temporal de regularización, de esos que el gobierno federal ha publicado en el Diario Oficial de la Federación en algunos periodos. Si al momento de tu trámite existe uno vigente que te convenga más, se usa; si no, los artículos 133 y 134 están siempre ahí. Esta página trata del trámite voluntario de regularización; si tú o un familiar ya fueron detenidos por la autoridad migratoria o hay un procedimiento de retorno en curso, ese escenario se atiende en defensa migratoria, con plazos de horas y no de semanas. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye el diagnóstico de tu vía de regularización, la lista exacta de documentos para tu caso, el cálculo aproximado de multa y derechos, y un plan con tiempos realistas. Si tu caso no tiene vía viable todavía, también se te dice, junto con lo que sí puedes hacer para construirla.