Licitaciones y Contratación Pública

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

La contratación pública federal cambió de reglas: el 16 de abril de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en vigor desde el día siguiente, que abrogó la ley que venía del año 2000. Tres cambios definen el terreno actual. Primero, la autoridad rectora es ahora la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que concentra la vigilancia de los procedimientos, las inconformidades y las sanciones. Segundo, la ley crea la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, llamada a sustituir a CompraNet, con una etapa de transición en la que ambas conviven mientras se migra la información. Tercero, aparecen figuras nuevas — diálogo competitivo, acuerdos marco, Tienda Digital del Gobierno Federal — que amplían las formas de contratar y también las formas de quedar fuera si no se conocen.

La herramienta central del proveedor agraviado es la instancia de inconformidad, regulada en los artículos 95 y 96 de la ley. Procede contra la convocatoria y las juntas de aclaraciones — solo para quien solicitó aclaraciones, dentro de los seis días hábiles siguientes a la última junta —, contra el acto de apertura de proposiciones y el fallo — seis días hábiles desde su notificación en la plataforma —, contra la cancelación del procedimiento y contra los actos que impidan formalizar el contrato ya adjudicado. En licitaciones internacionales bajo la cobertura de tratados el plazo se amplía a diez días hábiles. Transcurridos esos plazos, el derecho precluye: la ley lo dice con esa palabra exacta. En la práctica esto significa que la decisión de impugnar un fallo de licitación se toma en horas, no en semanas, y con el expediente ya analizado.

El riesgo del proveedor no termina con el fallo. La ley faculta a la Secretaría a imponer multas de cincuenta hasta tres mil veces la UMA diaria elevada al mes, y a inhabilitar temporalmente a licitantes y proveedores — de tres meses a siete años — para participar en cualquier contratación regulada por esta ley, por la de obras públicas y por la de asociaciones público privadas: una inhabilitación mal defendida puede sacar a una empresa del mercado gubernamental completo. A ello se suma la rescisión administrativa de los contratos, que la dependencia puede iniciar por incumplimiento y que arrastra garantías, anticipos y pagos pendientes. Todos esos procedimientos admiten defensa: alegatos y pruebas dentro del expediente, y contra las resoluciones, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el amparo cuando hay violaciones de fondo.

La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la revisión de tu caso concreto — las bases, el acta de fallo o el oficio de sanción que hayas recibido —, el diagnóstico de si existe irregularidad impugnable y el cálculo exacto de los días que te quedan para actuar. Si el fallo está bien fundado y la descalificación fue correcta, se te dice con esa franqueza: una inconformidad sin materia cuesta dinero y credibilidad ante la autoridad. Y una precisión para no confundir servicios: esta página trata la contratación pública. Si tu problema es una verificación o una clausura de tu negocio, esa defensa vive en la página de clausuras; si es un crédito fiscal o una auditoría, en la de defensa fiscal ante el SAT. Cada frente tiene su técnica y sus plazos propios.