Multas de Tránsito

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El marco es el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, publicado el 17 de agosto de 2015 y con reformas hasta el 10 de octubre de 2025, de modo que cualquier consulta debe hacerse sobre el texto vigente y no sobre versiones antiguas que circulan en internet. Dos artículos concentran la defensa práctica. El artículo 60 establece que las sanciones se hacen constar en boletas seriadas o recibos emitidos por equipo electrónico que, para su validez, deben contener los artículos que prevén la infracción y la sanción; la fecha, hora, lugar y descripción de la conducta; las placas del vehículo; el nombre, domicilio y datos de licencia del conductor cuando esté presente; y el nombre, número de placa, adscripción y firma del agente. Cuando la infracción se detecta por sistemas tecnológicos, la boleta debe señalar además la tecnología utilizada y el lugar del equipo, y acompañar el formato o la imagen con la confirmación de que corresponde auténticamente y sin alteración a lo captado. El artículo 62, por su parte, otorga treinta días naturales desde la notificación para pagar con un descuento del cincuenta por ciento, con las excepciones que el propio Reglamento señala.

Sobre las fotocívicas hay más mito que información. El programa sigue vigente y está regulado en el artículo 64 del Reglamento: las sanciones impuestas por agentes con equipos electrónicos portátiles son siempre monetarias, mientras que las infracciones captadas por sistemas tecnológicos consisten en amonestaciones, cursos en línea, taller de sensibilización presencial y trabajo en favor de la comunidad, según la penalización por puntos a la matrícula. Cada matrícula cuenta con diez puntos iniciales por ciclo de verificación vehicular; cada infracción registrada resta un punto, salvo rebasar el límite de velocidad en más del cuarenta por ciento, que resta cinco. La tabla va de la amonestación en la primera infracción a los cursos básico y avanzado, el taller presencial y, a partir de los cuatro puntos restantes, dos horas de trabajo en favor de la comunidad por cada punto, sin exceder treinta y seis horas. La excepción importante: las sanciones por invasión de carriles confinados y las impuestas a matrículas de personas morales, transporte público, transporte de carga, taxis y vehículos con placas de otra entidad o país son siempre de carácter monetario. El estado de cuenta se consulta en tramites.cdmx.gob.mx/infracciones, y conforme al artículo 66 la licencia se cancela al acumular doce puntos de penalización, que tienen vigencia de un año.

Las vías de defensa están en el artículo 69 del Reglamento, que remite a la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México para el recurso de inconformidad o a la impugnación de las sanciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa, sin perjuicio del amparo. Ese mismo artículo prevé una ruta específica: tratándose de infracciones en materia de tránsito que atenten contra la seguridad vial y sean captadas por los sistemas tecnológicos de la Ciudad, el infractor puede interponer el recurso de revisión vía electrónica ante la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en los términos de la Ley de Cultura Cívica; es el canal por el que se atiende la inconformidad contra una fotocívica. Los plazos son cortos y coinciden: el artículo 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo fija quince días hábiles para el recurso de inconformidad, que conforme al artículo 110 se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad emisora; y el artículo 56 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México fija quince días hábiles para presentar la demanda de nulidad. El artículo 108 aclara que el particular elige entre una vía y otra, sin obligación de agotar el recurso antes de acudir al Tribunal.

Las causas por las que un acto administrativo se declara nulo están listadas en el artículo 100 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y leerlas junto al artículo 60 del Reglamento explica por qué tantas boletas caen: incompetencia del funcionario que la dictó; omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes cuando afecta las defensas del particular y trasciende al sentido de la resolución, incluida la ausencia de fundamentación o motivación; vicios del procedimiento; que los hechos no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron de forma equivocada; desvío de las facultades discrecionales; y la arbitrariedad o desproporción manifiesta. Dos advertencias honestas antes de contratar a nadie. La primera es económica: si la multa es menor y no hay vicio evidente, el descuento del cincuenta por ciento dentro de los treinta días naturales suele costar menos que el litigio, y eso se dice de frente; también hay que saber que el pago voluntario se entiende, por regla general, como consentimiento del acto y cierra la impugnación. La segunda es sobre los autos usados: los adeudos siguen a la placa, así que se revisan antes de comprar y se negocian en la operación. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN, incluye la revisión de la boleta y del historial de adeudos del vehículo, y termina con una recomendación clara de impugnar, regularizar o pagar.