Óscar Miranda Abogado
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Asesoría inicial desde $2,000 MXN · Lunes a viernes 9:00 – 21:00
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ÁREAS DE PRÁCTICA
En el lenguaje común se le llama estafa; en el Código Penal de la Ciudad de México se llama fraude, y su artículo 230 lo define así: comete fraude quien, por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle, se hace ilícitamente de alguna cosa u obtiene un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero. La pena depende del valor de lo defraudado y va desde días multa hasta prisión de seis a once años; el artículo 231 añade los fraudes específicos que más dinero mueven, como vender lo ajeno, vender dos veces la misma cosa, librar cheques sin fondos o vender departamentos en preventa sin permisos. Esta página atiende a las dos personas que llegan a ella: a la víctima, que necesita una querella bien armada, medidas para que el dinero no desaparezca y una reparación del daño real; y a la persona denunciada, que necesita saber si lo que le imputan es un fraude o un incumplimiento de contrato, porque sin engaño al momento de obtener el dinero no hay delito. El despacho de Óscar Miranda, en San Miguel Chapultepec, atiende ambos lados en toda la Ciudad de México, incluidas Polanco, Santa Fe, Reforma, Lomas, Roma-Condesa, Del Valle e Interlomas. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN y termina con una ruta escrita: qué delito es, qué pena está en juego y qué hacer esta semana.
Información actualizada:
CASOS QUE ATENDEMOS

CÓMO TE AYUDAMOS
01
Antes de querellarse o de contestar una acusación se revisa el tipo penal con el artículo 230 en la mano: engaño o aprovechamiento de un error, y que por ese medio el agente se haga de la cosa u obtenga un lucro indebido. El engaño tiene que existir en el momento de la entrega; si la entrega fue legítima y el problema llegó después, puede ser abuso de confianza (artículo 227), administración fraudulenta (artículo 234) o un incumplimiento que se cobra en lo civil. Equivocarse de figura lleva la carpeta al archivo. Este diagnóstico, con la cuantía y la forma de persecución, es el primer entregable de la asesoría.
02
Casi todos los fraudes se investigan por querella (artículo 246), y la querella debe contener los mismos requisitos que la denuncia: narración circunstanciada del hecho, quién lo cometió y quiénes tienen noticia de él (artículos 223 y 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales). En fraude, lo que mueve una carpeta es el rastro documental: contratos, recibos, transferencias con la cuenta receptora, mensajes y publicidad donde consta lo prometido, y la prueba de que era falso desde el principio. Sin datos que permitan líneas de investigación procede el archivo temporal del artículo 254. Como víctima, el artículo 109 te permite intervenir a través de tu asesor jurídico (fracción XV) y solicitar actos de investigación que el Ministerio Público sólo puede negar fundadamente (fracción XVII).
03
En fraude, el tiempo corre a favor de quien se quedó con el dinero. Para garantizar la reparación del daño, el artículo 138 del Código Nacional permite a la víctima o al Ministerio Público pedir al juez el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas y demás valores dentro del sistema financiero. El juez las decreta cuando de los datos de prueba se desprende la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado sea responsable de repararlo, y se hacen efectivas a favor de la víctima cuando la condena a reparar causa ejecutoria. Además, el artículo 229 ordena asegurar los instrumentos, objetos o productos del delito para que no desaparezcan. Pedirlas pronto, con la cuenta receptora identificada, separa una reparación cobrable de una sentencia sin bienes.
04
Si te citó el Ministerio Público, no declares ni firmes nada sin defensor. Desde que eres citado a comparecer como imputado tienes derecho a acceder a los registros de la carpeta (artículo 218 del Código Nacional). Las líneas de defensa más frecuentes son cuatro: no hubo engaño al momento de recibir el dinero, sino un negocio lícito que después no pudo cumplirse; lo que existe es una deuda o un contrato incumplido, que se reclama en la vía civil o mercantil; el valor de lo defraudado es menor al que se afirma, lo que cambia la fracción del artículo 230; o la querella se presentó fuera del plazo del artículo 110. Si falta cualquier elemento del tipo, el delito se excluye por atipicidad (artículo 29, apartado A, fracción II, del Código Penal local).
05
El fraude es un delito patrimonial y, salvo excepciones, de querella, de modo que admite acuerdos reparatorios desde la querella hasta antes del auto de apertura a juicio (artículos 187 y 188 del Código Nacional); cumplidos, extinguen la acción penal (artículo 186). En los delitos de querella, el perdón del ofendido extingue la pretensión punitiva (artículo 100 del Código Penal local). Para el primodelincuente, el artículo 248 exime de sanción en los fraudes de los artículos 230, 232 y 234 cuyo monto no exceda de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización (unos $5,865 en 2026) si restituye o paga antes de que se ejercite acción penal, y reduce la pena a la mitad si lo hace antes de la sentencia de segunda instancia. Si no hay salida, se litiga hasta el juicio oral, con la reparación del daño de los artículos 42 a 46 como objetivo para la víctima.
POR QUÉ CON ÓSCAR
El tipo penal y sus penas. El fraude está en el Título Décimo Quinto, Capítulo III, del Código Penal de la Ciudad de México. El artículo 230 sanciona al que por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, con las penas siguientes: de veinticinco a setenta y cinco días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente o no sea posible determinar su valor (fracción I); prisión de cuatro meses a dos años seis meses y de setenta y cinco a doscientos días multa, cuando exceda de cincuenta pero no de quinientas veces (fracción II); prisión de dos años seis meses a cuatro años y de doscientos a quinientos días multa, cuando exceda de quinientas pero no de cinco mil veces (fracción III); prisión de cuatro a seis años y de quinientos a ochocientos días multa, cuando exceda de cinco mil pero no de diez mil veces (fracción IV); y prisión de seis a once años y de ochocientos a mil doscientos días multa, cuando exceda de diez mil veces (fracción V). Conforme al artículo 247, la cuantía y la multa se calculan con la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente al momento de la ejecución del delito; es una unidad local que sustituyó al salario mínimo en 2015 y cuya ley quedó abrogada al publicarse la UMA de 2017 (transitorio vigésimo quinto del decreto de reformas al Código Fiscal de la Ciudad de México de diciembre de 2016), aunque el Código Penal conserva la referencia. Qué valor se usa para convertir el monto a pesos es un punto técnico que conviene revisar en cada caso, porque puede mover el delito de una fracción a otra. El artículo 232 sanciona además, con cuatro meses a dos años seis meses de prisión y setenta y cinco a doscientos días multa, a quien por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle le cause un perjuicio patrimonial, aunque no se haga de cosa alguna.
Los fraudes específicos del artículo 231. Se castigan con las mismas penas del artículo 230 quien por título oneroso enajene, arriende, hipoteque o grave una cosa de la que no tiene derecho a disponer, si recibió el precio o parte de él (fracción I); quien obtenga dinero o un lucro mediante un documento contra una persona supuesta o que sabe que no lo pagará, con la regla de que, si el lucro es un vehículo automotor, se aplican las penas de la fracción V del 230 sin importar su valor (fracción II); quien venda a dos personas una misma cosa y reciba el precio de alguna de las ventas (fracción III); el contratista o constructor que emplee materiales o realice construcciones de calidad o cantidad inferior a las estipuladas, o no realice las obras que amparen la cantidad pagada (fracción V); los intermediarios inmobiliarios que reciban dinero por el precio y no lo destinen a la operación, entendiéndose que no le dieron destino si no lo depositan en una institución facultada dentro de los treinta días siguientes (fracción XI); quien construya o venda edificios en condominio sin destinar el dinero a la operación (fracción XII); quien libre un cheque que la institución rechace por no tener cuenta o por falta de fondos, para procurarse una cosa o un lucro indebido (fracción XIII); quien acceda a los sistemas de informática del sistema financiero y realice indebidamente operaciones o transferencias (fracción XIV); y quien transmita o prometa transmitir un inmueble en un conjunto habitacional, comercial o mixto a sabiendas de que no existe el certificado de uso del suelo, la licencia de construcción u otro permiso que le permita edificarlo como lo promete (fracción XVI).
Figuras vecinas y cómo distinguirlas. El artículo 227 castiga el abuso de confianza: disponer, con perjuicio de alguien, de una cosa mueble ajena de la que se transmitió la tenencia pero no el dominio. La diferencia con el fraude está en cómo llegó la cosa al acusado: en el abuso de confianza la entrega fue libre y válida y la traición vino después; en el fraude, la entrega se obtuvo con engaño o aprovechando un error. El artículo 234 tipifica la administración fraudulenta, con las penas del fraude, para quien teniendo a su cargo la administración de bienes ajenos perjudique al titular alterando cuentas o condiciones de contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, u ocultando o reteniendo valores: es la figura típica del socio administrador. El artículo 235 castiga con seis meses a cuatro años de prisión a quien se coloca en estado de insolvencia para eludir sus obligaciones con sus acreedores. El artículo 232 Bis sanciona con uno a cinco años de prisión a quien, en perjuicio de la sociedad conyugal o del patrimonio común del matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera bienes a nombre de terceros sin autorización expresa de su pareja; y el 233 Bis castiga a quien por medio del engaño ofrezca un empleo falso o inexistente. Cuando el engaño se dirige a obtener claves bancarias o el agente accede a los sistemas del banco, además de la vía penal existe la reclamación directa contra la institución por operaciones no reconocidas, una vía distinta, con sus propios plazos, que conviene llevar en paralelo.
Querella, oficio y libertad por reparación. El artículo 246 dispone que se investigan por querella los delitos de los artículos 230, 231, 232, 233 Bis, 234 y 235, y que todos los delitos patrimoniales son de querella cuando los comete un ascendiente, descendiente, cónyuge, pariente por consanguinidad hasta el segundo grado, adoptante o adoptado, concubina o concubinario o pareja permanente. El mismo artículo ordena investigarlos de oficio cuando se cometen en perjuicio de dos o más víctimas, que es la regla en las inversiones falsas y las preventas masivas. Su último párrafo permite al sentenciado ejecutoriado por fraude, administración fraudulenta o insolvencia fraudulenta obtener su libertad inmediata cuando cubra la totalidad de la reparación del daño y la autoridad judicial decrete la extinción de la potestad de ejecutar las penas, para lo cual basta la manifestación expresa del querellante de que el daño le ha sido resarcido. El perdón del artículo 100 no puede revocarse y sólo beneficia al inculpado a cuyo favor se otorga.
Reparación del daño y procedimiento. El artículo 42 del Código Penal local comprende en la reparación la restitución de la cosa obtenida por el delito con sus frutos y accesorios o, si no es posible, el pago de su valor actualizado, el daño moral y el resarcimiento de los perjuicios; el 44 la hace preferente a cualquier otra sanción pecuniaria u obligación posterior al delito, salvo alimentos y relaciones laborales, y obliga al Ministerio Público a solicitarla y probar su monto. En el Código Nacional, el artículo 109 reconoce a la víctima el derecho a solicitar la reparación directamente al juez (fracción XXV), y los artículos 191 y 192 permiten la suspensión condicional del proceso cuando la media aritmética de la pena de prisión no excede de cinco años, lo que incluye las fracciones II a IV del artículo 230 y excluye la fracción V. El fraude no está en el catálogo de prisión preventiva oficiosa del artículo 19 de la Constitución ni del artículo 167 del Código Nacional.
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