Concesión Única de Telecomunicaciones ante la CRT

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El régimen arranca en el artículo 45 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión: se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión. La autoridad que la otorga es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que el artículo 7 define como órgano administrativo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con independencia técnica, operativa y de gestión. El artículo 46 clasifica la concesión según sus fines en uso comercial, público, privado y social, y el artículo 47 obliga a la Comisión a establecer con toda precisión, al otorgarla, de qué tipo se trata: comercial, público, social, social comunitaria, social indígena, social afromexicana o privado. Esa precisión no es una formalidad: en las concesiones de uso público no se pueden explotar servicios con fines de lucro —de lo contrario debe solicitarse una concesión comercial—, y en las de uso social los ingresos quedan limitados a las fuentes que la propia ley enumera. El único supuesto en que la concesión única no es exigible es el de los usos privado y público que no necesiten bandas de frecuencias fuera de las de uso libre ni recursos orbitales, conforme a los artículos 48 y 49.

El artículo 50 fija el requisito subjetivo: la concesión única sólo se otorgará a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, y la participación de la inversión extranjera en sociedades concesionarias se permitirá en los términos de la Constitución y la Ley de Inversión Extranjera. El mismo artículo ordena a la Comisión establecer en el título que en la prestación de los servicios está prohibido cualquier privilegio o distinción que configure discriminación. El artículo 52 lista el contenido mínimo de la solicitud: nombre y domicilio del solicitante; características generales del proyecto; documentación e información que acredite la capacidad técnica, económica, jurídica y administrativa —con la salvedad de que las solicitudes de uso social comunitario, indígena o afromexicano solo acreditan la capacidad técnica—; la constancia del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para los usos indígena y afromexicano; y las medidas que promuevan la igualdad de género. Lo que la ley no detalla —qué documento prueba cada capacidad— lo definen los lineamientos de la Comisión, y ahí es donde un expediente bien integrado evita los requerimientos.

Los plazos del trámite están en el propio artículo 52. La Comisión analizará y evaluará la documentación dentro de un plazo de cuarenta días hábiles, dentro del cual podrá requerir información adicional cuando sea necesaria para acreditar los requisitos; agotado ese plazo y cumplidos todos los requisitos, resolverá sobre el otorgamiento. El título se inscribe íntegramente en el Registro Público de Telecomunicaciones y se hace disponible en la página de Internet de la Comisión dentro de los quince días hábiles siguientes a su otorgamiento. El artículo 53 establece el contenido mínimo del título: nombre y domicilio del concesionario, uso de la concesión, autorización para prestar todos los servicios técnicamente factibles, período de vigencia, características generales del proyecto, programas y compromisos de inversión, calidad, cobertura geográfica, poblacional o social, conectividad en sitios públicos y contribución a la cobertura universal que determine la Comisión, y los demás derechos y obligaciones. Y el artículo 52 lo deja claro en su último párrafo: todo esto es sin perjuicio de que, si se pretende explotar bandas de frecuencias o recursos orbitales, se obtenga una concesión para ese propósito.

La vigencia la fija el artículo 51: la concesión única se otorga por un plazo de hasta treinta años y puede prorrogarse hasta por plazos iguales. Conforme al artículo 96, la prórroga procede siempre que el concesionario la solicite dentro del año previo al inicio de la última quinta parte del plazo de vigencia, se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones y acepte previamente las nuevas condiciones que se establezcan; la Comisión resuelve dentro de los ciento ochenta días hábiles siguientes y, si no lo hace, la concesión se entiende prorrogada. El artículo 92 permite ceder únicamente las concesiones de uso comercial o privado, previa autorización de la Comisión, que puede otorgarla dentro de cuarenta días hábiles; la autorización puede solicitarse una vez transcurridos tres años desde el otorgamiento y no se requiere en fusiones, escisiones o reestructuras dentro del mismo grupo de control. El artículo 93 prohíbe ceder, gravar o enajenar la concesión a cualquier gobierno o estado extranjero, bajo nulidad de pleno derecho y revocación. Y el artículo 98 enumera las causas de terminación: vencimiento del plazo salvo prórroga, renuncia, revocación, rescate, fallecimiento del concesionario de uso social y disolución o quiebra.