Intereses Usurarios

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

La prohibición de la usura en México no es un criterio menor: tiene rango constitucional. El artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —tratado del que México es parte y que por el artículo 1o constitucional obliga a todos los jueces— ordena que tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 350/2013, emitió las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.): la primera establece que el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito permite pactar libremente los intereses de un pagaré con la limitante de que no sean usurarios; la segunda, que si el juzgador advierte que la tasa pactada es notoriamente usuraria debe, de oficio, reducirla prudencialmente.

La consecuencia práctica de esos criterios es la que más cuesta creer a quien vive el problema: haber firmado no te condena. La reducción de intereses usurarios opera de oficio, es decir, el juez debe analizarla aunque el deudor no la invoque, porque está en juego un derecho humano y no una simple cláusula contractual. La libertad de contratar existe, pero termina donde empieza la explotación: un interés que multiplica la deuda sin relación con ningún mercado no es un mal negocio que deba respetarse, es una condición usuraria que el juez está obligado a inhibir fijando una tasa reducida prudencialmente.

¿Y cómo mide un juez si una tasa es usuraria? La propia Primera Sala fijó parámetros guía: comparar la tasa pactada contra las tasas activas del mercado bancario para operaciones similares —el costo anual total promedio de tarjetas de crédito es la referencia más usada, por ser el crédito más caro del mercado formal—, y ponderar las circunstancias particulares: la relación entre las partes, el destino del préstamo, las garantías otorgadas, el plazo, y la eventual situación de vulnerabilidad o emergencia del deudor al momento de pedir el dinero. Un interés del quince por ciento mensual equivale a más del ciento ochenta por ciento anual: varias veces por encima del crédito formal más caro. Con esa comparación sobre la mesa, la conversación en el juzgado cambia por completo.

Un deslinde para ubicarte: si lo que necesitas es prestar o pedir prestado con documentos bien hechos —pagaré correcto, contrato de mutuo, garantías—, ese es un trabajo preventivo distinto que también hacemos en el área civil. Esta página es para cuando el préstamo ya se volvió una trampa: intereses que multiplican la deuda, demandas con pagarés inflados o cobros con amenazas. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la revisión de tus documentos y comprobantes de pago, la memoria de cálculo preliminar de la deuda real y la recomendación de vía: defenderte, reclamar o negociar. Y se te habla con franqueza: si la tasa que pactaste es dura pero está dentro de lo que los jueces consideran lícito, se te dice, porque prometer reducciones que no van a llegar es otra forma de abusar de quien ya está apretado.