Juicio de Patria Potestad

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que la ley reconoce a padres y, en su defecto, a abuelos, sobre la persona y los bienes de los menores: decidir sobre su educación, su salud, su residencia y su patrimonio, y representarlos legalmente. No se confunde con la guarda y custodia, que solo determina con quién vive el menor y quién atiende su cuidado cotidiano. Por eso un padre divorciado sin custodia conserva la patria potestad y debe ser tomado en cuenta en las decisiones de fondo. Quitarla exige juicio y sentencia: el artículo 444 del Código Civil para la Ciudad de México establece que la patria potestad se pierde únicamente por resolución judicial y solo en los supuestos que el propio artículo enumera. No hay pérdida automática, ni por acuerdo privado entre los padres, ni por la pura voluntad de uno de ellos.

Las causales del artículo 444 son cerradas y cada una tiene su estándar de prueba: la condena expresa a la pérdida de ese derecho; los casos de divorcio en relación con el artículo 283; la violencia familiar contra el menor; el incumplimiento de la obligación alimentaria por más de noventa días sin causa justificada; el abandono de los hijos por más de tres meses sin causa justificada; el delito doloso cometido contra la persona o bienes del hijo; las condenas reiteradas por delitos dolosos con prisión mayor a cinco años; el incumplimiento de determinaciones judiciales en materia de violencia familiar; y la sustracción o retención ilícita del menor. Junto a la pérdida existen figuras menos drásticas: la suspensión del artículo 447 —por incapacidad, ausencia, adicciones, riesgo para el menor o por impedir las convivencias decretadas— y la limitación de derechos específicos, que muchas veces es lo que el caso realmente amerita.

Hay dos verdades incómodas que este despacho dice de frente. La primera: la pérdida de la patria potestad es la medida más grave del derecho familiar mexicano y los jueces la reservan para casos plenamente probados, porque priva al menor de un vínculo jurídico con su progenitor; demandar sin causal sólida solo produce años de litigio y una sentencia absolutoria. La segunda: perderla no libera de nada económicamente. El artículo 285 del Código Civil dispone que el padre y la madre, aunque pierdan la patria potestad, quedan sujetos a todas las obligaciones que tienen para con sus hijos. Quien la pierde deja de decidir y de convivir en los términos que fije el juez, pero sigue debiendo pensión alimenticia completa. Nadie se quita la pensión de encima perdiendo la patria potestad, y nadie debe demandarla creyendo que con eso el otro deja de existir jurídicamente.

El juicio se tramita en la vía oral familiar ante los juzgados de lo familiar del domicilio del menor, con intervención del Ministerio Público y participación del menor conforme a su edad y madurez. Pueden demandar quienes tienen interés legítimo: el otro progenitor, los abuelos que ejercen la guarda, y en supuestos de desamparo las instituciones de asistencia. Este despacho también defiende al progenitor demandado: una parte real de estos juicios no nace de una causal, sino del deseo de borrar al ex de la vida del hijo, y esa defensa se gana documentando el vínculo, los pagos y las convivencias. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye el análisis de la causal o de la defensa, la valoración realista de la prueba disponible y la recomendación de vía — que a veces no es este juicio, sino custodia, alimentos o convivencias.