Negligencia Médica

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

La responsabilidad civil por negligencia médica se construye sobre el artículo 1910 del Código Civil, conforme al cual quien obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. En materia médica ese obrar ilícito se traduce en apartarse de la lex artis: el conjunto de reglas, protocolos y guías de práctica clínica que definen cómo debe actuar un profesional de esa especialidad ante ese cuadro. Probar la negligencia es probar esa desviación, y por eso el dictamen pericial de un médico de la misma especialidad es la prueba central de todo el asunto.

La reparación se cuantifica conforme al artículo 1915, que establece que consistirá, a elección del ofendido, en el restablecimiento de la situación anterior cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios. En daño a la salud el restablecimiento suele ser imposible, de modo que la reclamación se traduce en dinero: gastos médicos ya erogados y los que se seguirán necesitando, pérdida o disminución de la capacidad para trabajar, y el daño moral por la afectación a la integridad física, al proyecto de vida y al sufrimiento padecido por la víctima y, en su caso, por su familia.

El expediente clínico no es del hospital: es la prueba del paciente, y su formación está regulada. La Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico fija qué debe contener y cómo debe integrarse, y obliga a los profesionales de la salud a informar al paciente o a quien ejerza la patria potestad, la tutela o la representación legal. Dos consecuencias prácticas se derivan de ahí. La primera es que un expediente incompleto, alterado o con notas ausentes es en sí mismo un indicio que pesa contra el prestador. La segunda es que la falta de consentimiento informado válido —donde consten los riesgos reales explicados en términos comprensibles— es una fuente autónoma de responsabilidad, aunque el procedimiento se haya ejecutado técnicamente bien.

Existe además una vía no jurisdiccional que conviene conocer. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, creada por decreto en 1996 como organismo desconcentrado del sector salud, atiende quejas entre usuarios y prestadores de servicios médicos mediante conciliación y arbitraje, de forma gratuita y sin necesidad de acudir a tribunales. No es obligatorio agotarla ni impide demandar después. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la revisión de los documentos que tengas, la estrategia para obtener el expediente clínico completo, la valoración preliminar de si hay desviación de la lex artis y la recomendación de vía. Cuando el análisis indica que lo ocurrido fue una complicación correctamente manejada, se dice con esa franqueza: es la única forma de no vender una expectativa falsa a una familia que ya está pasando por algo difícil.