Defensa Migratoria

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

La detención migratoria tiene reglas y límites. La Ley de Migración llama presentación al alojamiento de una persona extranjera en una estación migratoria, y su artículo 111 ordena al INM resolver la situación migratoria en un plazo máximo de quince días hábiles, que solo puede extenderse — hasta sesenta días — en supuestos tasados como la falta de documentos de identidad o la demora del consulado del país de origen. Pero hay algo más importante: la Primera Sala de la Suprema Corte, al resolver el amparo en revisión 388/2022, declaró inconstitucionales esas porciones de quince y sesenta días por contravenir el límite constitucional de treinta y seis horas para las detenciones administrativas, y sostuvo que la revisión migratoria regulada con esa amplitud también es inconstitucional. Ese criterio es hoy una de las herramientas centrales de la defensa: una detención prolongada no es normal, es impugnable.

La persona alojada no pierde sus derechos al cruzar la puerta de la estación. El artículo 109 de la Ley de Migración le garantiza, entre otros: conocer el motivo de su presentación y el procedimiento que enfrenta, ser informada de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, recibir asesoría legal y acceso a su expediente por medio de su abogado, contar con traductor o intérprete, comunicarse por teléfono, recibir atención médica y visitas de sus familiares, y un trato digno durante toda la estancia. En la práctica estos derechos se incumplen con frecuencia — la incomunicación de los primeros días es el reclamo más común de las familias — y documentar cada incumplimiento fortalece la defensa. La misma ley distingue la deportación, que es una sanción prevista en el artículo 144, del retorno asistido del artículo 118, que es un beneficio solicitable: confundirlos, o firmar uno creyendo que es el otro, tiene consecuencias que duran años.

Contra la deportación inminente, la herramienta más rápida del sistema jurídico mexicano es el juicio de amparo. El artículo 126 de la Ley de Amparo ordena conceder la suspensión de oficio y de plano cuando el acto reclamado importe deportación o expulsión: el juez la decreta en el propio auto de admisión de la demanda y la comunica sin demora a la autoridad para su inmediato cumplimiento, lo que en los hechos detiene la salida del país mientras el juicio se resuelve. Además, tratándose de estos actos la demanda puede presentarse en cualquier tiempo, sin el plazo ordinario de quince días. El amparo también sirve para combatir la detención prolongada, la incomunicación y los vicios del procedimiento administrativo. No es un trámite masivo ni automático: es una demanda que se redacta con los hechos del caso, y su eficacia depende de la velocidad y la precisión con que se presente.

Muchas veces la mejor defensa no es pelear la expulsión sino resolver la causa: la situación migratoria irregular. La regularización por vínculo familiar del artículo 133 de la Ley de Migración protege a quien tiene cónyuge, concubino, padres o hijos mexicanos o residentes, y la condición de visitante por razones humanitarias del artículo 52, fracción V, protege a quien fue ofendido, víctima o testigo de un delito en México, con derecho a permanecer y trabajar mientras concluye el proceso. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la revisión del caso, la verificación de la situación ante el INM y la estrategia concreta: amparo, comparecencia, retorno asistido o regularización. Una precisión honesta: esta página es para cuando ya hay detención o procedimiento; los trámites regulares — residencia temporal, permanente o naturalización — tienen sus propias páginas y sus propios tiempos. Y si la detención está ocurriendo en este momento, entra a la sección de urgencias: este tipo de casos no espera a la cita de la próxima semana.