Abogado para Delitos Sexuales

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El Código Penal para la Ciudad de México dedica un título completo a los delitos contra la libertad y la seguridad sexuales. La violación está prevista en el artículo 174: a quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo se le imponen de seis a diecisiete años de prisión, y el propio artículo aclara algo que muchas víctimas ignoran — la violación cometida por el cónyuge, concubino o pareja también es delito, perseguible por querella. El abuso sexual, artículo 176, sanciona con uno a seis años de prisión a quien sin consentimiento de la víctima y sin propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o a ejecutarlo, entendiendo por acto sexual los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas.

El acoso sexual, artículo 179, castiga con uno a tres años de prisión a quien solicite o proponga actos de naturaleza sexual sin consentimiento de la víctima, lesionando su integridad psicoemocional o generándole un entorno humillante, intimidante u ofensivo; se persigue por querella, y la ley es clara en que el silencio, la pasividad o la falta de oposición no son consentimiento. El estupro, artículo 180, sanciona con uno a cinco años de prisión la cópula con persona mayor de quince y menor de dieciocho años obtenida mediante engaño. Sobre esta base, el código prevé agravantes que elevan sustancialmente las penas — entre otras, cuando la víctima es menor de edad o no puede resistir, y cuando el agresor tiene una relación de autoridad, parentesco o confianza —, de modo que la pena real de cada caso se determina con el expediente, no con una tabla.

Las víctimas de estos delitos tienen derechos que no dependen de la buena voluntad de nadie: están en el artículo 20, apartado C, de la Constitución. Entre ellos, recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el Ministerio Público — aportar pruebas e intervenir en el proceso —, recibir atención médica y psicológica de urgencia, obtener la reparación del daño, y el resguardo de su identidad en los delitos de violación y cuando son menores de edad. A eso se suma la obligación de las fiscalías especializadas de atender con personal capacitado y de evitar la revictimización: la víctima no tiene por qué narrar los hechos una y otra vez ante personas distintas, ni ser careada con su agresor cuando es menor. El papel del abogado de víctimas es exactamente ese: que el proceso repare en lugar de volver a lastimar.

Del otro lado, una acusación por delitos sexuales es de las situaciones más graves que una persona puede enfrentar: el señalamiento solo ya tiene costos familiares, laborales y sociales enormes, antes de cualquier sentencia. Hay acusaciones fundadas — la mayoría lo son — y hay acusaciones que nacen en medio de divorcios, disputas de custodia o conflictos laborales; distinguirlas es función de la investigación y del juez, y la defensa técnica existe para que esa distinción se haga con pruebas y no con presunciones. La regla inicial es una sola: no declarar sin defensor. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la revisión confidencial del caso, la evaluación honesta de su viabilidad — se represente a víctima o a persona acusada, nunca a ambas — y el presupuesto cerrado por escrito. Si el asunto no admite espera, la sección de urgencias del sitio atiende las 24 horas.