Cómo Denunciar una Extorsión

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

En la Ciudad de México la extorsión está prevista en el artículo 236 del Código Penal para la Ciudad de México: comete el delito quien obliga a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro y causando un perjuicio patrimonial. La pena base es de dos a ocho años de prisión y de cien a ochocientos días multa. El propio artículo agrava el delito según cómo se cometa: las penas se incrementan en una mitad cuando se utiliza la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica — el supuesto exacto de las llamadas de reclusorio, los montadeudas y la sextorsión —; se suman de dos a seis años cuando intervienen personas armadas; y aumentan en dos terceras partes cuando el autor es servidor público o miembro o exmiembro de una corporación de seguridad.

El marco cambió a nivel nacional. El 28 de noviembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, en vigor desde el 29 de noviembre de 2025. Esta ley homologa el delito en todo el país con una pena base de quince a veinticinco años de prisión, ordena que la extorsión se persiga de oficio — la víctima ya no carga sola con el impulso del caso y puede incluso denunciar de forma anónima — y prevé un catálogo amplio de agravantes que pueden llevar la pena hasta cuarenta y dos años, incluyendo supuestos como la comisión desde centros penitenciarios y la participación de servidores públicos.

En la práctica, los casos se ganan o se pierden en las primeras horas. Quien recibe la llamada o el mensaje suele hacer exactamente lo que el extorsionador espera: pagar por miedo y borrar todo por vergüenza. El orden correcto es el inverso: preservar la evidencia, no pagar y denunciar. El 089 recibe denuncias anónimas; la Fiscalía capitalina cuenta con área especializada en extorsión y la Policía Cibernética atiende los casos cometidos por medios digitales. Conviene además distinguir figuras vecinas: si un despacho de cobranza real te hostiga por una deuda que sí existe, eso es acoso de cobranza y tiene su propia vía; si difundieron tu contenido íntimo sin exigirte dinero, eso es Ley Olimpia; si te intimidan sin pedirte nada, es delito de amenazas. La extorsión aparece cuando hay exigencia de dinero o de una conducta bajo amenaza.

El despacho también defiende a personas acusadas de extorsión. Con penas tan altas, la acusación se ha vuelto un arma: hay carpetas iniciadas contra acreedores legítimos, arrendadores, exsocios o exparejas donde el supuesto extorsionado es en realidad un deudor que encontró la forma de presionar. La defensa consiste en demostrar que la exigencia tenía sustento jurídico o que jamás existió la amenaza que se relata, y en no declarar sin defensor desde la primera citación. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la revisión de tu evidencia, la evaluación honesta del caso — seas víctima o acusado —, los pasos urgentes para no perder pruebas y el presupuesto cerrado por escrito. Si estás recibiendo amenazas en este momento, la sección de urgencias del sitio da atención inmediata las 24 horas.