Pensión para Adultos Mayores

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El punto de partida es constitucional. La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2024 estableció en el artículo 4o. que las personas adultas mayores de sesenta y cinco años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. Esa frase tiene consecuencias jurídicas reales: convierte la pensión en un derecho humano de contenido social exigible, no en una concesión discrecional; obliga al Estado a garantizar su ejercicio pleno; y abre la puerta a los medios de defensa que protegen derechos constitucionales, empezando por el juicio de amparo. Cuando un módulo niega un registro sin motivo legal o se suspende un pago sin audiencia previa, no está incumpliendo una política pública: está afectando un derecho reconocido en la Constitución.

Las condiciones concretas se fijan cada año en las Reglas de Operación del Programa, publicadas en el Diario Oficial. Las de 2026, publicadas el 12 de febrero de 2026, establecen un monto de $3,200.00 mensuales pagaderos de forma bimestral —$6,400.00 por bimestre— y definen como población objetivo a todas las personas adultas mayores de 65 años o más, mexicanas por nacimiento o naturalización, con domicilio en la República Mexicana; la edad se considera cumplida dentro del bimestre de incorporación. Los requisitos de acceso son acta de nacimiento, identificación vigente, CURP, comprobante de domicilio de máximo seis meses y el Formato Único de Bienestar. Como el monto se actualiza en los ejercicios siguientes conforme al Presupuesto de Egresos, conviene siempre confirmar la cifra vigente en gob.mx/bienestar antes de tomar cualquier decisión con base en ella.

Dos figuras que las familias suelen desconocer resuelven la mayoría de los problemas prácticos. La primera es la persona adulta auxiliar: se registra mediante el Formato Único de Bienestar y puede acudir en representación de la persona mayor a realizar cualquier trámite relacionado con la pensión, incluido el cobro cuando aquella no puede presentarse; es también quien podrá tramitar y recibir el apoyo de Pago de Marcha tras el fallecimiento. La segunda es el derecho de audiencia frente a la suspensión: las Reglas de Operación prevén causales concretas —inconsistencia en los datos, posible duplicidad, inconsistencia en el medio de pago, no localización, no presentarse a recoger el medio de pago— y obligan a informar el motivo y las acciones para revertirla, garantizando la audiencia conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Una suspensión atendida a tiempo casi siempre se reactiva sin litigio; una ignorada durante varios bimestres puede terminar en baja definitiva.

Conviene despejar dos confusiones frecuentes. La primera: esta pensión es no contributiva y universal por edad, de modo que las Reglas de Operación no exigen haber cotizado ni establecen como impedimento tener una pensión del IMSS o del ISSSTE; los criterios de elegibilidad son la edad, la nacionalidad y la residencia. Las pensiones contributivas se rigen por su propia ley y se defienden por su propia vía. La segunda: el trámite es personal, gratuito y sin intermediarios, y las Reglas reconocen expresamente el derecho a recibir atención y apoyo para cualquier gestión sin costo alguno ni condicionamiento. Nadie está autorizado a cobrar por inscribir a una persona mayor, a pedir una cuota para agilizar el pago ni a condicionar la pensión a una afiliación política; eso se denuncia ante el Órgano Interno de Control y, según el caso, constituye delito. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la revisión del caso, la estrategia de aclaración y la valoración honesta de si hace falta un amparo o basta con volver al módulo bien preparado.