Antenas, Torres y Renta de Azoteas: Contratos e Infraestructura

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, define en su artículo 3, fracción XXXV, la infraestructura pasiva como los elementos accesorios que proporcionan soporte a la infraestructura activa, entre otros, bastidores, cableado, canalizaciones, construcciones, ductos, postes, sistemas de energía y climatización, sitios, torres y demás aditamentos, incluyendo derechos de vía; y en la fracción LXI reconoce a los proveedores de infraestructura pasiva como proveedores independientes que ofrecen o comercializan espacio en torre, espacio en piso y elementos auxiliares. Conforme al artículo 8, la CRT regula, promueve y supervisa los servicios de infraestructura pasiva y el despliegue y acceso a la infraestructura activa y pasiva.

El artículo 5 fija la regla que más pesa en una negociación con una alcaldía o municipio: las vías generales de comunicación, la obra civil y los derechos de paso, uso o vía asociados a las redes públicas son de jurisdicción federal; la instalación, despliegue, operación, mantenimiento, desmantelamiento y retiro de infraestructura son de interés general y utilidad pública, sujetos exclusivamente a los poderes federales, debiendo respetarse las disposiciones estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que resulten aplicables en materia de desarrollo urbano. El mismo artículo prohíbe imponer contribuciones u otras contraprestaciones económicas adicionales a las que el concesionario haya pactado cubrir con el propietario de un inmueble, ordena a los tres órdenes de gobierno colaborar y otorgar facilidades, dispone que en ningún caso se podrá restringir la instalación de infraestructura, y envía las controversias con la Federación, los estados, los municipios y las alcaldías a los tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. El artículo 9, fracción XIII, encarga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones los lineamientos para homologar y simplificar los trámites de instalación, despliegue, mantenimiento, desmantelamiento y retiro, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

La compartición no es opcional cuando la CRT la considera necesaria. El artículo 125 ordena a la Comisión emitir lineamientos para impulsar la coubicación y el uso compartido de infraestructura pasiva y activa, derechos de vía y demás recursos físicos; los convenios entre concesionarios son la vía preferente, pero cuando no exista acuerdo y la compartición resulte necesaria para garantizar el acceso efectivo, evitar la duplicación ineficiente o facilitar el ingreso de nuevos competidores, la Comisión podrá establecer las condiciones técnicas, tarifarias y operativas; los desacuerdos se resuelven con un plazo máximo de treinta días hábiles y los convenios deben inscribirse en el Registro Público de Telecomunicaciones. En la misma línea, el artículo 102, fracción IX, obliga a los concesionarios de redes públicas a abstenerse de establecer barreras contractuales o de cualquier otra naturaleza que impidan que otros concesionarios instalen o accedan a infraestructura en edificios, centros comerciales, fraccionamientos, hoteles o cualquier otro inmueble para uso compartido, y el artículo 282, inciso C, fracción II, sanciona con multa de 1% hasta 3% de los ingresos contratar en exclusiva propiedades para la instalación de infraestructura en contravención a las disposiciones aplicables u órdenes de la autoridad.

La inscripción es obligación legal, no trámite opcional. El artículo 174 crea una base de datos nacional geo-referenciada con los registros de infraestructura activa, de infraestructura pasiva y derechos de vía y de sitios públicos —el Sistema Nacional de Información de Infraestructura—; el artículo 176 obliga a concesionarios y autorizados a entregar la información de infraestructura activa; el artículo 177 precisa que la de infraestructura pasiva y derechos de vía debe permitir determinar y geolocalizar tipo, ubicación, capacidad y rutas, e identificar a los concesionarios que la utilizan; y el artículo 178 dispone que, cuando se utilice infraestructura pasiva o derechos de vía de terceros, en los contratos correspondientes deberán establecerse mecanismos que aseguren la entrega a la Comisión de esa información. El artículo 181 permite a los particulares que deseen poner inmuebles a disposición de los concesionarios solicitar su inscripción en el Sistema, y la Comisión publica esos inmuebles en una lista o mapa de consulta pública. Incumplir las obligaciones de registro se sanciona conforme al artículo 282, inciso A, fracción III, con multa de 0.01% hasta 0.75% de los ingresos, con amonestación en la primera infracción. En lo civil, el Código Civil de la Ciudad de México define el arrendamiento en su artículo 2398 —que limita a veinte años el de inmuebles destinados al comercio o a la industria—, exige en el 2406 que el contrato conste por escrito, impone al arrendatario en el 2425 pagar la renta en la forma y tiempo convenidos, responder de los perjuicios que la cosa sufra por su culpa y servirse de ella solo para el uso convenido, y permite al arrendador exigir la rescisión en el 2489 por falta de pago, uso contrario al convenido, subarriendo indebido o daños graves imputables al arrendatario.