Divorcio con Cónyuge Extranjero

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El punto de partida es que en México el divorcio ya no requiere causa ni acuerdo: basta con que uno de los cónyuges lo solicite y manifieste su voluntad de no continuar el matrimonio, acompañando la propuesta de convenio sobre alimentos, custodia, convivencias y liquidación del régimen patrimonial. Esa regla es la que hace viable el divorcio internacional desde México. Da igual que el otro cónyuge sea extranjero, que viva en otro continente o que se niegue a participar: no existe una defensa que consista en oponerse al divorcio. Lo que sí se discute, y a veces con intensidad, es el contenido del convenio — quién paga qué, dónde viven los hijos y cómo se reparte lo que se construyó. Por eso los divorcios internacionales rara vez se atoran en la disolución del vínculo y casi siempre en los efectos.

La competencia es la otra pieza estructural. En la Ciudad de México, el artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles fija la competencia en los juicios de divorcio en el tribunal del domicilio conyugal y, tratándose de abandono de hogar, en el del domicilio del cónyuge abandonado; para alimentos permite al actor elegir entre el domicilio del deudor y el propio, y en asuntos que involucran menores privilegia el lugar donde éstos residen. Traducido a la práctica: si vivieron juntos en la Ciudad de México, aquí se demanda aunque tu cónyuge se haya ido del país, y aquí se resolverán también los alimentos y la custodia. Conviene además tener presente que la Ciudad de México está migrando por etapas al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de modo que en cada asunto debe confirmarse qué ordenamiento rige el procedimiento concreto antes de presentar.

La notificación en el extranjero es donde se va el tiempo y donde más expectativas falsas se venden. México se adhirió al Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, que está en vigor para nuestro país desde el 1 de junio de 2000, y designó como autoridad central a la Secretaría de Relaciones Exteriores; entre los Estados americanos también opera la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y su Protocolo Adicional, de los que México es parte. Además, México declaró que los documentos en idioma distinto del español deben acompañarse de traducción. Lo que ninguno de estos instrumentos hace es garantizar una fecha: el exhorto sale del juzgado, pasa por la autoridad central mexicana, llega a la autoridad central extranjera, se diligencia allá y regresa con la constancia. Ese circuito se mide en meses, y en algunos países en más de un año. Cualquiera que te prometa un divorcio internacional en semanas no está contando esa parte.

Quedan tres efectos que conviene resolver desde el inicio. El primero, la circulación de la sentencia: México es parte del Convenio de la Apostilla de 1961, en vigor para el país desde el 14 de agosto de 1995, de modo que una sentencia mexicana apostillada es admisible en los demás Estados parte, y a la inversa, un divorcio dictado en el extranjero debe apostillarse y traducirse para reconocerse aquí mediante el procedimiento de homologación. El segundo, los bienes: los inmuebles se rigen por la ley del país donde están y su liquidación se ejecuta ante las autoridades de ese lugar, aunque el divorcio se decrete en México. El tercero, los hijos: los alimentos y las convivencias fijados aquí requieren una estrategia de ejecución transfronteriza, y si el otro progenitor traslada o retiene al menor fuera del país, el instrumento aplicable es el Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, en vigor para México desde el 1 de septiembre de 1991. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la revisión de tus documentos, la determinación del juez competente y un calendario realista de notificación — con los meses que de verdad va a tardar.