Inspección de PROFEPA

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El marco está en el Capítulo correspondiente a inspección y vigilancia de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuyo texto vigente incorpora la reforma publicada el 19 de enero de 2026. El artículo 161 establece que la Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de la ley. El artículo 162 precisa cómo: las autoridades competentes podrán realizar, por conducto de personal debidamente autorizado, visitas de inspección, sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes. Y añade los requisitos que la empresa puede y debe verificar: dicho personal, al realizar las visitas, deberá contar con el documento oficial que lo acredite o autorice a practicar la inspección o verificación, así como la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente, en la que se precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse y el objeto de la diligencia.

El artículo 163 detalla el inicio de la visita: el personal autorizado, al iniciar la inspección, se identificará debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibiéndole credencial vigente con fotografía expedida por autoridad competente que lo acredite para realizar visitas de inspección en la materia, y le mostrará la orden respectiva, entregándole copia de la misma con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos. El mismo artículo cierra dos puertas que suelen intentarse como defensa: en caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el personal autorizado podrá designarlos haciendo constar esa situación en el acta, sin que la circunstancia invalide los efectos de la inspección; y cuando no sea posible encontrar en el lugar persona que pueda ser designada como testigo, el personal deberá asentarlo en el acta, sin que ello afecte su validez. Negarse a designar testigos no detiene nada.

El artículo 164 es el que decide el resto del expediente. Dispone que en toda visita de inspección se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia, así como lo previsto en el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y enseguida fija la oportunidad clave: concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para que en el mismo acto formule observaciones en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva, y para que ofrezca las pruebas que considere convenientes o haga uso de ese derecho en el término de cinco días siguientes a la fecha en que la diligencia se hubiere practicado. En la práctica, casi nadie formula observaciones en el acto y casi nadie usa esos cinco días. El resultado es un acta sin contradicción que después hay que desvirtuar en condiciones mucho más difíciles.

El artículo 167 fija el calendario posterior. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, cuando proceda, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación que resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas, señalando el plazo que corresponda para su cumplimiento y fundando y motivando el requerimiento. El mismo artículo añade que deberá señalarse al interesado que cuenta con un término de quince días para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes. Admitidas y desahogadas las pruebas, o transcurrido el plazo sin que se haya hecho uso de ese derecho, se ponen las actuaciones a disposición del interesado para que en un plazo de tres días hábiles presente por escrito sus alegatos. Y contra la resolución definitiva procede, conforme al artículo 176, el recurso de revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación. La primera consulta es de valoración: se lee el acta, se identifican los plazos que ya están corriendo y se define la estrategia antes de que venzan.