Abogado para Proveedores de Internet (ISP y WISP)

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

La regla de entrada está en el artículo 45 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión: se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión. El artículo 46 distingue la concesión según sus fines, y la de uso comercial confiere el derecho para prestar servicios públicos de telecomunicaciones con fines de lucro a través de una red pública de telecomunicaciones (fracción I). El artículo 3 define esa red como la red de telecomunicaciones a través de la cual se explotan comercialmente servicios de telecomunicaciones (fracción LXIX), y la red de telecomunicaciones como el sistema integrado por medios de transmisión —canales que utilicen bandas del espectro, enlaces satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio— con sus centrales, dispositivos de conmutación o equipo necesario (fracción LXVIII). Un WISP con torres y radios o un ISP con fibra encaja en esas definiciones: explota comercialmente un servicio a través de una red; por eso necesita concesión única de uso comercial, que se otorga por hasta treinta años prorrogables (artículo 51), sólo a personas de nacionalidad mexicana (artículo 50). La concesión de uso privado existe para servicios con propósitos de comunicación privada (artículo 46, fracción III) y sólo se requiere cuando se usan bandas que no sean de uso libre o recursos orbitales (artículo 48); no sirve para cobrar a clientes.

El espectro es el punto que más confunde a los proveedores inalámbricos. El artículo 33 clasifica las bandas en espectro determinado, espectro libre y espectro protegido, y define el espectro libre como aquellas bandas de frecuencias de acceso libre, que pueden ser utilizadas por el público en general, bajo los lineamientos o especificaciones que establezca la Comisión, sin necesidad de concesión o autorización (fracción II). De ahí nace la creencia de que un WISP en bandas libres no necesita nada. La ley dice otra cosa: la concesión única se otorga sin perjuicio de que, si la persona pretende explotar bandas de frecuencias o recursos orbitales, obtenga además una concesión para ese propósito (artículo 52, último párrafo), y el título de concesión única autoriza a prestar todos los servicios técnicamente factibles, con la precisión de que las bandas de espectro se obtienen conforme a la ley (artículo 53, fracción III). Es decir, el espectro libre ahorra el segundo título, el de bandas; el primero, el de la concesión única para prestar el servicio con fines de lucro, se sigue necesitando. Operar en bandas libres tampoco exime de los lineamientos técnicos de la Comisión para esas bandas.

La otra vía es la comercializadora. El artículo 3, fracción XV, la define como toda persona que proporciona servicios de telecomunicaciones a usuarios finales mediante el uso de capacidad de una o varias redes públicas de telecomunicaciones sin tener el carácter de concesionario, y el artículo 159, fracción I, exige autorización de la Comisión para establecer y operar o explotar una comercializadora. Es la figura del proveedor que no tiende red: compra capacidad o servicio mayorista a un concesionario y lo revende con su marca, como ocurre con muchos revendedores de internet en fraccionamientos, edificios y poblaciones pequeñas. La comercializadora puede acceder a los servicios mayoristas de los concesionarios y revender los servicios y capacidad que haya contratado (artículo 163), pero responde ante el usuario final por los servicios que oferte (artículo 164, fracción II). La autorización dura hasta diez años prorrogables (artículo 160, fracción I), no está sujeta a contraprestación (artículo 161) y la Comisión la resuelve en un plazo no mayor a sesenta días hábiles; si no resuelve, se entiende por no otorgada (artículo 165). Muchos proveedores que creen necesitar concesión en realidad son comercializadoras, y al revés: el diagnóstico evita tramitar el título equivocado.

Obtenido el título empieza el cumplimiento. El Registro Público de Telecomunicaciones que lleva la Comisión se integra por el Registro Público de Concesiones y el Sistema Nacional de Información de Infraestructura (artículo 169). En el primero se inscriben los títulos, autorizaciones y sus modificaciones, las tarifas al público de concesionarios y autorizados, incluidos descuentos y bonificaciones, y los contratos de adhesión (artículo 170, fracciones I, IX y X); la inscripción es gratuita (artículo 171) y las modificaciones se notifican en no más de treinta días hábiles (artículo 172). Al segundo, los concesionarios y los autorizados que disponga la Comisión entregan la información de infraestructura activa y medios de transmisión (artículo 176) y la de infraestructura pasiva y derechos de vía —postes, ductos, torres, sitios, canalizaciones y demás elementos que la ley enumera en el artículo 3, fracción XXXV— con datos que permitan geolocalizarla, incluida la de terceros, para lo cual los contratos con esos terceros deben prever mecanismos que aseguren la entrega de la información (artículos 177 y 178). A esto se suman la neutralidad de la red (artículos 131 y 132), el registro de contratos de adhesión ante PROFECO (artículo 187) y los derechos de los usuarios (artículos 185, 186 y 189). La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye el diagnóstico de qué título necesita tu operación, la lista de lo que la Comisión pedirá y la revisión de tu contrato actual con usuarios; el trámite se cotiza cerrado y por escrito. La ley es federal y el trámite se sigue ante la CRT, así que la misma estrategia sirve en Polanco, Santa Fe, Reforma, Roma-Condesa, Del Valle, Nápoles e Interlomas que en un municipio rural de cualquier estado: el despacho está en San Miguel Chapultepec, CDMX, y atiende por videollamada a proveedores de toda la República.