Arbitraje Comercial

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El arbitraje comercial en México está regulado en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio, artículos 1415 a 1463, cuyo texto vigente proviene de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 1993 y sigue de cerca la Ley Modelo de la CNUDMI. El artículo 1415 delimita el ámbito: las disposiciones del título se aplicarán al arbitraje comercial nacional, y al internacional cuando el lugar del arbitraje se encuentre en territorio nacional, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales de que México sea parte o en otras leyes que establezcan un procedimiento distinto o dispongan que determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje. El mismo artículo aclara que ciertas disposiciones —entre ellas las relativas al reconocimiento y ejecución de laudos— se aplican aun cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional. Esa última regla es la que hace del arbitraje la vía preferida en contratos internacionales.

Lo que hay que entender antes de firmar una cláusula arbitral es el régimen de impugnación. El artículo 1457 establece que los laudos arbitrales solo podrán ser anulados por el juez competente en supuestos concretos: cuando la parte que intenta la acción prueba que una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido conforme a la ley a que lo sometieron o, a falta de indicación, conforme a la legislación mexicana; que no fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o que no pudo por cualquier otra razón hacer valer sus derechos; que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden sus términos —con la precisión de que si las disposiciones sobre cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, solo se anulan estas últimas—; o que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento no se ajustaron al acuerdo de las partes o, a falta de acuerdo, al propio título. A esas se suman las dos que el juez puede comprobar de oficio: que según la legislación mexicana el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, o que el laudo es contrario al orden público.

Conviene leer esa lista al revés, porque lo importante es lo que no está: ninguna causal permite revisar si el árbitro apreció bien las pruebas, interpretó correctamente el contrato o aplicó el derecho de forma acertada. La nulidad del laudo es un control de forma y de orden público, no una segunda instancia. Un laudo que a una parte le parece equivocado en el fondo, pero que se dictó dentro del acuerdo arbitral, con debida notificación y con un tribunal correctamente integrado, normalmente sobrevive. Esa es la diferencia estructural con el litigio judicial, donde existe apelación y amparo. El artículo 1458 refuerza el carácter excepcional del control: la petición de nulidad debe formularse dentro de un plazo de tres meses contado a partir de la fecha de notificación del laudo o, cuando se pidió corrección o interpretación al propio tribunal arbitral, desde que esa petición se resolvió.

Del lado de la ejecución, el artículo 1461 dispone que un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que haya sido dictado, será reconocido como vinculante, y el artículo 1462 establece que solo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución en los supuestos que enumera, que corren en paralelo a las causales de nulidad. Esa es la gran ventaja práctica del arbitraje en operaciones internacionales: mover un laudo entre países es considerablemente más sencillo que homologar una sentencia extranjera. Ahora la parte que se dice menos: el arbitraje no es barato. Las partes pagan honorarios de árbitros, gastos de la institución administradora, peritos y sede, y esos costos existen desde el arranque, con independencia de quién tenga la razón. En disputas de cuantía menor la cláusula arbitral puede convertirse en una barrera para reclamar. Por eso el consejo más valioso suele darse antes del conflicto, al negociar el contrato: definir si conviene arbitraje o tribunales según el monto típico de las disputas, la contraparte y dónde están los bienes. La primera consulta es de valoración: se lee la cláusula, se dice si es exigible, qué vía procede y qué costo realista tiene cada camino.