Infracción de Marca

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

La columna vertebral de la defensa de una marca es el artículo 386 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que contiene el catálogo de infracciones administrativas. Ahí están los supuestos que se ven todos los días en el mercado: usar una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra registrada, para los mismos o similares productos o servicios, sin consentimiento del titular; usar una marca registrada como parte de un nombre comercial o una denominación social; y realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria y el comercio que impliquen competencia desleal. El trabajo técnico del caso consiste en encuadrar la conducta concreta del infractor en la fracción exacta, porque una solicitud mal encuadrada se pierde aunque la copia sea evidente.

El tiempo juega contra el titular: cada semana de uso infractor es mercado, clientela y prestigio que se van. Por eso el artículo 344 de la misma ley faculta al IMPI a adoptar medidas provisionales, incluso de oficio: ordenar el retiro de la circulación de las mercancías infractoras o impedir su circulación, prohibir de inmediato su comercialización o uso, asegurar los productos, ordenar la suspensión o el bloqueo de contenidos por medios virtuales o digitales, y ordenar la clausura del establecimiento cuando las demás medidas resulten insuficientes. Quien comercializa la mercancía debe abstenerse de venderla desde que se le notifica, y el incumplimiento de la medida se sanciona en los términos del artículo 388. Estas medidas convierten un procedimiento que tomaría meses en un freno que se siente en días.

Las consecuencias para el infractor son de dos tipos. Primero, las sanciones administrativas del artículo 388: multa de hasta 250,000 UMA por cada conducta —el valor de la UMA se actualiza cada año, de modo que el tope supera decenas de millones de pesos—, multa adicional de hasta 1,000 UMA por cada día en que persista la infracción, clausura temporal de hasta noventa días y clausura definitiva. Segundo, la indemnización al titular: el artículo 396 dispone que la indemnización por la violación de derechos de propiedad industrial en ningún caso podrá ser inferior al cuarenta por ciento del indicador de valor legítimo, que se determina con criterios como el precio de venta al público de los productos infractores, las ganancias que el titular dejó de percibir, las utilidades que el infractor obtuvo o la regalía que habría tenido que pagar por una licencia. La propia ley permite reclamar esos daños por la vía incidental ante el IMPI o mediante acción ante los tribunales.

Conviene distinguir dos herramientas que la gente confunde. La oposición procede cuando un tercero apenas solicita ante el IMPI el registro de una marca confundible con la tuya: se presenta dentro del plazo de publicación de la solicitud y busca que ese registro no nazca. La infracción procede cuando el uso ya ocurre en el mercado, con o sin solicitud de por medio. Un caso puede requerir las dos a la vez. Y existe el otro lado del mostrador: si te notificaron a ti una solicitud de infracción o un requerimiento de cese, hay defensas reales —prescripción, falta de confundibilidad, uso anterior de buena fe, nulidad o caducidad del registro que te oponen— y contestar a tiempo y con estrategia cambia el resultado. Esta página es para defender una marca ya registrada; si lo que necesitas es registrarla, ese servicio está en la página de registro de marca ante el IMPI. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la revisión de tu título, el análisis de confundibilidad y la recomendación de estrategia con presupuesto cerrado.