Negativa de Pensión del IMSS

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

La ley separa con claridad dos momentos y conviene respetarlos. El artículo 294 de la Ley del Seguro Social establece que cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto, pueden recurrir en inconformidad. Es la vía administrativa: no cuesta, se resuelve dentro del propio IMSS y en errores evidentes de cómputo, de captura o de aplicación de régimen resuelve el problema sin llegar a tribunales. Presentarlo bien —con el expediente reconstruido y las pruebas ofrecidas desde el escrito— es lo que marca la diferencia entre una respuesta de forma y una corrección real.

Cuando el Instituto sostiene su criterio, el asunto cambia de naturaleza. El artículo 295 de la Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que la ley otorga deben tramitarse ante los tribunales laborales federales. Ahí ya no se pide una reconsideración: se demanda. Se ofrecen pruebas, se desahogan testimoniales para acreditar relaciones laborales no registradas y, cuando el desacuerdo es sobre el monto, se ofrece pericial en materia actuarial o contable para demostrar cómo debió calcularse la pensión.

El fondo del asunto casi nunca es jurídico, es probatorio. La constancia de semanas cotizadas refleja lo que los patrones reportaron, y por eso las omisiones patronales aparecen como si el trabajador no hubiera existido durante esos años. Acreditar una relación laboral no registrada exige material concreto: recibos de nómina, contratos, depósitos bancarios periódicos del mismo empleador, constancias, gafetes, y testigos que hayan trabajado contigo en ese periodo y puedan sostenerlo en audiencia. Cada año recuperado se traduce en semanas, y las semanas deciden si hay pensión y de cuánto. Por eso el trabajo pesado ocurre antes de presentar cualquier escrito.

La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la lectura de tu resolución y de tu constancia de semanas cotizadas, la identificación del régimen aplicable, el recálculo estimado de la pensión que debió corresponderte y la recomendación fundada sobre qué vía conviene y en qué plazo. No se promete un resultado: se compromete la estrategia, el armado probatorio y el cumplimiento de los plazos, que es lo que sí está en manos del despacho. Se atiende en Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, y de forma remota en el resto del país.