Abogado Civil en CDMX

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

Casi todo asunto civil empieza en un contrato. El artículo 1792 del Código Civil de la Ciudad de México define el convenio como el acuerdo para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, y el 1793 llama contratos a los que las producen o transfieren. Para que exista, el 1794 solo exige consentimiento y objeto; el 1796 dispone que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, salvo los que la ley sujeta a una forma, y que desde entonces obligan no solo a lo pactado sino a las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. El 1832 remata: en los contratos civiles cada quien se obliga en la manera y términos en que aparezca que quiso obligarse, sin formalidades fuera de los casos que la ley designa. Por eso un préstamo o un servicio acordados por mensajes son contratos exigibles. Cuando una parte no cumple, el artículo 1949 da al perjudicado la opción entre exigir el cumplimiento o la resolución, con daños y perjuicios en ambos casos; los artículos 2108 y 2109 definen el daño como la pérdida sufrida en el patrimonio y el perjuicio como la ganancia lícita que se dejó de obtener. Elegir la vía y probar el monto es el trabajo del abogado civil.

Fuera del contrato está la responsabilidad civil. El artículo 1910 del Código Civil obliga a quien, obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres, cause daño a otro, a repararlo, salvo que demuestre que el daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. El 1913 va más lejos: quien usa mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos automotores o sustancias peligrosas responde del daño que cause aunque no obre ilícitamente; es la responsabilidad objetiva que sostiene las reclamaciones por choques, obras y maquinaria. El 1916 define el daño moral como la afectación en sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada o aspectos físicos, ordena repararlo con una indemnización en dinero con independencia del daño material y deja al juez fijar el monto según los derechos lesionados, el grado de responsabilidad y la situación económica de ambas partes; el 1917 hace solidariamente responsables a quienes causan un daño en común. Conforme al artículo 1161, fracción V, la responsabilidad civil por actos ilícitos que no constituyen delito prescribe en dos años desde que se verificaron los actos; las rentas y demás prestaciones periódicas prescriben en cinco años desde cada vencimiento (artículo 1162), y la regla general para exigir el cumplimiento de una obligación es de diez años (artículo 1159). Saber qué plazo aplica es la diferencia entre cobrar y no cobrar.

El artículo 2398 define el arrendamiento como el contrato por el que una parte concede el uso o goce temporal de una cosa y la otra paga un precio cierto; el capítulo de vivienda es de orden público: según el 2448, sus reglas son irrenunciables y cualquier cláusula en contrario se tiene por no puesta. Entre ellas, la duración mínima de un año forzoso, prorrogable hasta por un año más a voluntad del inquilino al corriente, salvo convenio en contrario (2448 C); la renta en moneda nacional, aumentable solo una vez al año y nunca por encima de la inflación reportada por el Banco de México (2448 D); y el contrato por escrito, cuya falta se imputa al arrendador (2448 F). El arrendador puede exigir la rescisión por falta de pago, uso indebido, subarriendo no autorizado o daños graves (artículo 2489), y el arrendatario por vicios ocultos o pérdida de la cosa (2490). En posesión y propiedad, el artículo 1151 exige que la posesión para prescribir sea en concepto de propietario, pacífica, continua y pública, y el 1152 permite adquirir un inmueble en cinco años cuando además hay buena fe; la acción reivindicatoria —artículo 4 del Código de Procedimientos Civiles— corresponde al propietario que no posee, para que se declare su dominio y se le entregue la cosa con sus frutos.

El artículo 1281 define la herencia como la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte, y el 1282 distingue la testamentaria —por voluntad del testador— de la legítima, por disposición de la ley. El testamento es, según el 1295, un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes para después de su muerte; cuando no lo hay, es nulo o no dispuso de todos los bienes, se abre la herencia legítima (artículo 1599) y heredan descendientes, cónyuge, ascendientes, colaterales hasta el cuarto grado y la concubina o concubinario en los términos del artículo 1602. El despacho lleva testamentarías, intestados, planeación patrimonial y la escrituración de lo heredado, y atiende asuntos civiles de toda la Ciudad de México —Polanco, Santa Fe, Reforma, Roma-Condesa, Del Valle, Nápoles, Coyoacán e Interlomas— desde su oficina en San Miguel Chapultepec, además del Estado de México. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la lectura de los documentos, el diagnóstico por escrito y una propuesta con honorario cerrado antes de empezar. Los asuntos que requieren otra especialidad —penal, laboral, familiar o mercantil— se canalizan al área correspondiente del mismo despacho, y lo que no conviene litigar se dice desde el primer día.