Planeación Patrimonial

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

La planeación patrimonial no se apoya en una sola ley sino en el uso correcto de varias figuras que el derecho mexicano reconoce, y su límite común está en el fraude de acreedores. El Código Civil Federal y los de las entidades regulan la acción pauliana, que permite al acreedor demandar la nulidad de los actos celebrados por el deudor en perjuicio de su crédito cuando resultan en insolvencia. Esa acción existe precisamente para desbaratar transmisiones hechas cuando ya había deuda. En materia de fideicomiso, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito lo dice de forma aún más directa en su artículo 386: los bienes que se den en fideicomiso quedan afectos al fin a que se destinan, pero se salvan los derechos adquiridos legalmente sobre esos bienes con anterioridad a la constitución del fideicomiso, y el fideicomiso constituido en fraude de terceros podrá en todo tiempo ser atacado de nulidad por los interesados. En materia fiscal, el Código Fiscal de la Federación contempla supuestos de responsabilidad solidaria y facultades para actuar frente a operaciones realizadas para eludir el pago. La conclusión es la misma por todos los caminos: la protección patrimonial se construye antes del problema o no se construye.

Sobre el régimen matrimonial se toman más decisiones patrimoniales de las que la gente cree, y casi siempre sin asesoría. La sociedad conyugal hace comunes los bienes conforme a lo pactado en las capitulaciones, y la separación de bienes mantiene la titularidad individual. Para quien tiene un negocio con riesgo, esa elección determina si el patrimonio del cónyuge queda o no expuesto a las obligaciones contraídas. Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes del matrimonio o durante él, y modificarse cumpliendo los requisitos legales, lo que abre una vía de planeación que muchas parejas ignoran. Conviene además revisar cómo están tituladas las adquisiciones hechas durante el matrimonio, porque esa es la fuente número uno de litigios años después, tanto en divorcios como en sucesiones y también cuando un acreedor intenta embargar.

Existe además una figura pensada específicamente para proteger la vivienda: el patrimonio de familia, regulado en los códigos civiles. Constituido conforme a la ley, los bienes afectos quedan sujetos a un régimen especial que los hace inalienables e inembargables mientras subsista, precisamente para asegurar la casa y el sustento de la familia. Su alcance no es ilimitado: la ley fija un valor máximo de los bienes que pueden afectarse y requisitos de constitución que incluyen intervención judicial o notarial según la entidad, y la afectación no perjudica derechos de acreedores anteriores. Por eso es una herramienta útil para patrimonios modestos y para la vivienda familiar, pero no es la respuesta cuando lo que se busca es proteger un patrimonio grande o diversificado. Conocer ese tope desde el inicio evita expectativas equivocadas.

Para patrimonios mayores, las herramientas centrales son la estructura societaria y el fideicomiso, y cada una resuelve cosas distintas. Separar la operación del negocio en una sociedad y mantener los inmuebles en otra entidad o en un fideicomiso permite que un problema operativo no arrastre los activos, siempre que la separación sea real: contabilidades distintas, contratos de arrendamiento efectivamente celebrados y pagados, y decisiones documentadas. Una separación puramente formal, donde todo se maneja como una sola bolsa, es justamente lo que permite a un acreedor pedir que se desconozca. Y hay riesgos que ninguna estructura elimina: quien firmó como obligado solidario o aval responde con su patrimonio sin importar cómo esté organizado, y quien administra una sociedad responde frente a ella por el daño que le cause. Esos dos frentes se atienden revisando las firmas existentes y contratando seguros donde corresponda, no moviendo bienes. La primera consulta es de valoración: se mapea el patrimonio y la exposición real, se confirma que se está a tiempo y se dice qué estructura aporta y cuánto cuesta, incluido el costo fiscal de llegar a ella.