Régimen de Convivencias

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El punto de partida es constitucional: el artículo 4o. de la Constitución ordena que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se vele y cumpla con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena los derechos de niñas y niños. En materia de convivencias esto invierte la pregunta habitual: el tema no es qué merece cada adulto, sino qué necesita el menor. Y salvo casos excepcionales de riesgo, lo que el menor necesita —y lo que la evidencia psicológica respalda— es mantener una relación estable con ambos progenitores aunque la pareja haya terminado.

El Código Civil para el Distrito Federal lo desarrolla con precisión. El artículo 416 establece que, en caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, el progenitor que no conserve los cuidados del menor mantiene el derecho de convivencia conforme a las modalidades del convenio o de la resolución judicial. El artículo 416 Bis reconoce el derecho de los hijos a convivir con ambos progenitores aunque no vivan bajo el mismo techo, y dispone que no podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales entre el menor y sus ascendientes —lo que alcanza también a los abuelos—. El artículo 416 Ter define el interés superior del menor como la prioridad de sus derechos frente a los de cualquier otra persona, y el artículo 417 ordena que en los desacuerdos sobre convivencias o cambio de guarda y custodia los menores sean oídos en la controversia.

Para los casos donde la convivencia libre no puede darse de inmediato, el Poder Judicial de la Ciudad de México cuenta desde el año 2000 con el Centro de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM): un espacio neutral, con personal especializado, donde se desarrollan las convivencias que los jueces de lo familiar ordenan en modalidad supervisada y las entregas-recepciones de menores cuando el conflicto entre los padres lo amerita. Su existencia tiene un mensaje práctico importante: ni el conflicto más agrio entre adultos, ni un periodo largo de distancia, justifican que el vínculo se dé por perdido. Hay un mecanismo institucional para reconstruirlo, y se usa.

Dos advertencias que forman parte de la asesoría honesta. Primera: no dejes de pagar la pensión alimenticia como represalia porque no te dejan ver a tu hijo; son obligaciones independientes, el impago te convierte en incumplido frente al juez que decidirá tus convivencias y puede incluso generarte consecuencias penales. Segunda: no te lleves al menor por tu cuenta 'porque también es tu hijo'; la retención o sustracción fuera de los cauces legales destruye tu posición procesal y puede constituir delito. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la revisión de tu caso —haya convenio, sentencia o nada por escrito—, la estrategia para restablecer el contacto cuanto antes y el plan de régimen que se pedirá al juez. Los tiempos de la justicia familiar no son inmediatos y no se te va a prometer lo contrario; lo que sí se hace es pedir convivencias provisionales desde el inicio para que el vínculo no espere a la sentencia.