Abuso de Confianza

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El artículo 227 del Código Penal para el Distrito Federal —vigente en la Ciudad de México— tipifica el abuso de confianza: se sanciona al que, con perjuicio de alguien, disponga para sí o para otro de una cosa mueble ajena de la cual se le haya transmitido la tenencia pero no el dominio. La frase clave es la última: quien recibe un bien en préstamo, depósito, consignación, comodato o administración recibe la tenencia, no la propiedad, y disponer de él como dueño —venderlo, gastarlo, negarse a devolverlo apropiándoselo— consuma el delito. No se necesita violencia ni engaño: la entrega fue voluntaria y la traición vino después.

La pena depende del valor de lo dispuesto, medido en veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. Conforme al propio artículo 227: multa de treinta a noventa días cuando el valor no excede de cincuenta veces la Unidad de Cuenta o no es posible determinarlo; prisión de cuatro meses a tres años cuando excede de cincuenta pero no de quinientas veces; de tres a cuatro años cuando excede de quinientas pero no de cinco mil; de cuatro a seis años cuando excede de cinco mil pero no de diez mil; y de seis a doce años cuando supera las diez mil veces la Unidad de Cuenta. Por eso la cuantificación del perjuicio no es un trámite: define si el asunto amerita prisión y de qué rango.

El abuso de confianza es un delito que se persigue por querella: el artículo 246 del mismo código lo incluye entre los delitos que solo se investigan a petición de la parte ofendida. Esto tiene tres consecuencias prácticas. Primera: sin querella no hay carpeta, y una querella deficiente equivale a no tenerla. Segunda: el perdón del ofendido extingue la acción penal, lo que convierte la reparación del daño en el eje real de la negociación. Tercera: los acuerdos reparatorios proceden con normalidad, de modo que un caso bien llevado puede resolverse en meses y no en años, con la víctima recuperando su patrimonio.

Este despacho atiende el delito desde los dos lados, y en ambos la asesoría inicial cuesta $2,000 MXN. Para la víctima incluye la revisión de los documentos de la entrega, la valoración de si el hecho encuadra en el tipo penal y el plan de la querella. Para el acusado incluye la revisión de la citación o carpeta, la estrategia de la primera comparecencia y la evaluación honesta del riesgo real. Lo que no se ofrece, en ningún caso, es una promesa de resultado: se ofrece trabajo técnico, plazos vigilados y la franqueza de decirte cuando tu caso no es penal sino civil — porque perseguir una deuda con una querella destinada al archivo también es perder tiempo y dinero.