Abuso de Confianza

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El artículo 227 del Código Penal para el Distrito Federal —vigente en la Ciudad de México— tipifica el abuso de confianza: se sanciona al que, con perjuicio de alguien, disponga para sí o para otro de una cosa mueble ajena de la cual se le haya transmitido la tenencia pero no el dominio. La frase clave es la última: quien recibe un bien en préstamo, depósito, consignación, comodato o administración recibe la tenencia, no la propiedad, y disponer de él como dueño —venderlo, gastarlo, negarse a devolverlo apropiándoselo— consuma el delito. No se necesita violencia ni engaño: la entrega fue voluntaria y la traición vino después.

La pena depende del valor de lo dispuesto, medido en veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. Conforme al propio artículo 227: multa de treinta a noventa días cuando el valor no excede de cincuenta veces la Unidad de Cuenta o no es posible determinarlo; prisión de cuatro meses a tres años cuando excede de cincuenta pero no de quinientas veces; de tres a cuatro años cuando excede de quinientas pero no de cinco mil; de cuatro a seis años cuando excede de cinco mil pero no de diez mil; y de seis a doce años cuando supera las diez mil veces la Unidad de Cuenta, en cada rango además de días multa. La cuantía se mide con la Unidad de Cuenta vigente al momento de cometerse el delito (artículo 247). Por eso la cuantificación del perjuicio no es un trámite: define si el asunto amerita prisión y de qué rango.

El Código Penal CDMX castiga con las mismas penas conductas equiparadas que en la práctica generan muchos asuntos. El artículo 228 alcanza, entre otros, al dueño o poseedor que dispone de un bien mueble propio sobre el que no tiene la libre disposición por un título legítimo a favor de un tercero, y a los gerentes, administradores, mandatarios, constructores o vendedores que reciben dinero por el precio de una compraventa de inmuebles —o para constituir un gravamen sobre ellos— y no lo destinan a la operación, sino que disponen de él en provecho propio o de otro. Y el artículo 229 equipara al abuso de confianza la retención ilegítima: quien tiene la cosa y no la devuelve a pesar de ser requerido formalmente por quien tiene derecho, ni la entrega a la autoridad. Ese requerimiento formal, bien hecho y documentado, puede ser una pieza clave de la querella.

El abuso de confianza es, por regla general, un delito que se persigue por querella: el artículo 246 del mismo código lo incluye entre los delitos que se investigan a petición de la parte ofendida, con una excepción importante: se investiga de oficio cuando se comete en perjuicio de dos o más víctimas. En el caso típico de querella, esto tiene tres consecuencias prácticas. Primera: sin querella no hay carpeta, y una querella sin datos que orienten la investigación difícilmente prospera. Segunda: el perdón del ofendido extingue la acción penal, lo que convierte la reparación del daño en el eje real de la negociación. Tercera: los acuerdos reparatorios proceden con normalidad, de modo que un caso bien llevado puede resolverse en meses y no en años, con la víctima recuperando su patrimonio.

Qué pasa si me demandan por abuso de confianza: en materia penal no existe propiamente una demanda, sino una querella ante la Fiscalía, y lo normal es que te enteres por un citatorio del Ministerio Público. Desde ese momento tienes derecho a acceder a la carpeta de investigación con tu defensor (artículo 218 del CNPP) y a guardar silencio sin que se use en tu contra (artículo 20, apartado B, de la Constitución). La defensa depende de qué falla en la acusación: que no se transmitió solo la tenencia sino el dominio, que la disposición estaba autorizada, que el bien era propio y libre de restricciones a favor de terceros (ser dueño no basta si existía un título que limitaba su disposición, artículo 228), que no hay perjuicio acreditado o que la querella se presentó fuera de plazo. Y si conviene cerrar el asunto, el acuerdo reparatorio procede en delitos de querella y patrimoniales sin violencia (artículo 187 del CNPP).

Cuánto tarda una demanda por abuso de confianza: no hay un plazo único, pero sí plazos que condicionan todo. La víctima tiene un año para querellarse desde que conoce el hecho y a su autor, y tres años fuera de esa circunstancia (artículo 110 del Código Penal CDMX); pasado ese tiempo, la acción prescribe; presentada a tiempo, la prescripción sigue corriendo conforme a las reglas de los delitos de oficio. La investigación inicial en la Fiscalía no tiene plazo fijo y su ritmo depende en buena medida de la calidad de la querella y del impulso de las partes. Si el Ministerio Público judicializa, la audiencia inicial debe celebrarse dentro de los quince días siguientes a la solicitud cuando el imputado está libre (artículo 310 del CNPP), la investigación complementaria no puede exceder de seis meses en los rangos con prisión mayor a dos años (artículo 321) y, por mandato constitucional, el juicio debe resolverse antes de un año si la pena máxima excede de dos años, salvo que la defensa pida más tiempo (artículo 20, apartado B, fracción VII). Un acuerdo reparatorio puede cerrar el caso mucho antes: procede desde la querella hasta antes del auto de apertura a juicio (artículo 188 del CNPP).

Por abuso de confianza se puede ir a la cárcel: a partir de que el valor supera cincuenta veces la Unidad de Cuenta, el artículo 227 prevé prisión. Pero no es delito de prisión preventiva oficiosa —no está en el catálogo del artículo 19 constitucional—, de modo que la prisión preventiva solo procede a solicitud del Ministerio Público, por ejemplo cuando justifica ante el juez que otras medidas cautelares no bastan. En los rangos de las fracciones II a IV, la media aritmética de la pena no excede de cinco años, uno de los requisitos de la suspensión condicional del proceso (artículo 192 del CNPP). Y aun con sentencia firme, el artículo 246 permite al sentenciado por abuso de confianza obtener su libertad inmediata cuando cubre la totalidad de la reparación del daño y la autoridad judicial decreta la extinción de la potestad de ejecutar la pena.

Demanda por abuso de confianza por préstamo de dinero: aquí está el error más frecuente. El préstamo de dinero es un mutuo, y en el mutuo se transfiere la propiedad de la suma prestada (artículo 2384 del Código Civil para el Distrito Federal): quien recibió el préstamo se volvió dueño del dinero y queda obligado a devolver otro tanto. Si no paga, hay una deuda que se cobra por la vía civil o mercantil, no un abuso de confianza, porque falta el elemento central del tipo: que se haya transmitido la tenencia y no el dominio. Distinto es el dinero entregado para un fin específico —para administrarlo, invertirlo por tu cuenta, pagar a un tercero o comprar algo a tu nombre—: ahí la persona solo lo tiene en su poder, y disponer de él para sí puede configurar el delito.

Abuso de confianza en el Estado de México: si los hechos ocurrieron allá, se aplica el Código Penal del Estado de México. Sus artículos 302 y 303 describen el delito en términos muy similares —disponer de un bien mueble ajeno del que se transmitió la tenencia y no el dominio— y lo equiparan, entre otros supuestos, a la retención del bien tras un requerimiento formal. El artículo 304 gradúa la pena por el valor en Unidades de Medida y Actualización: desde seis meses a dos años de prisión o multa cuando no excede de treinta veces el valor diario, hasta seis a doce años de prisión y de ciento cincuenta a trescientos días multa cuando excede de dos mil veces, y dispone que el abuso de confianza solo se persigue por querella de la parte ofendida. Por regla general, la competencia de los jueces la define el lugar donde se cometieron los hechos (artículo 20 del CNPP), no el domicilio de las partes, y presentar la querella en la entidad equivocada retrasa el asunto.

Este despacho atiende el delito desde los dos lados, y en ambos la asesoría inicial cuesta $2,000 MXN. Para la víctima incluye la revisión de los documentos de la entrega, la valoración de si el hecho encuadra en el tipo penal y el plan de la querella. Para el acusado incluye la revisión de la citación o carpeta, la estrategia de la primera comparecencia y la evaluación honesta del riesgo real. Lo que no se ofrece, en ningún caso, es una promesa de resultado: se ofrece trabajo técnico, plazos vigilados y la franqueza de decirte cuando tu caso no es penal sino civil — porque perseguir una deuda con una querella destinada al archivo también es perder tiempo y dinero.