Comercio Exterior y Aduanas

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El PAMA está regulado en los artículos 150 a 153 de la Ley Aduanera. Cuando la autoridad embarga precautoriamente mercancías, levanta el acta de inicio del procedimiento, que debe hacer constar los hechos que lo motivan, la identificación de las mercancías y el derecho del interesado a defenderse. A partir de la notificación de esa acta, el interesado cuenta con diez días hábiles para ofrecer pruebas y formular alegatos, plazo improrrogable. Si las pruebas presentadas no desvirtúan los hechos, la autoridad debe dictar resolución en un plazo que no excederá de cuatro meses contados a partir del día siguiente a aquel en que el expediente quede debidamente integrado. Ese diseño legal tiene una consecuencia práctica: el caso se arma o se pierde en los primeros diez días.

Las causales de embargo precautorio están en el artículo 151 de la Ley Aduanera. Entre las más frecuentes: introducción de mercancía por lugar no autorizado o desvío de rutas fiscales; mercancía de importación o exportación prohibida, o sujeta a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento no se acredite, o con cuotas compensatorias omitidas; falta de documentación que acredite que la mercancía se sometió a los trámites aduaneros o su legal estancia o tenencia; mercancía no declarada o excedente en más de un 10% del valor total declarado detectada en el reconocimiento aduanero o en la verificación de mercancías en transporte; y valor declarado inferior en un 50% o más al valor de transacción de mercancías idénticas o similares. Identificar la causal exacta importa porque cada una se desvirtúa con pruebas distintas.

La autoridad aduanera del país es hoy la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), creada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2021 como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con carácter de autoridad fiscal y aduanera y en operación desde 2022. La ANAM dirige las aduanas y emite resoluciones en su ámbito de competencia, mientras que el SAT conserva atribuciones relevantes para el importador, entre ellas la administración del padrón de importadores y de los padrones sectoriales, cuya suspensión —prevista en las Reglas Generales de Comercio Exterior, regla 1.3.3— es una medida que detiene la operación de la empresa aunque formalmente no cancele el registro. Saber ante quién se litiga cada frente forma parte de la defensa.

Contra la resolución que determina créditos fiscales, impone multas o declara que la mercancía pasa a propiedad del fisco existen dos vías sucesivas o alternativas: el recurso de revocación, que se presenta dentro de los treinta días siguientes a que surta efectos la notificación (artículo 121 del Código Fiscal de la Federación) y es optativo, y el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con un plazo de treinta días conforme al artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la revisión del acta o resolución, el cálculo de los plazos que corren y la recomendación de estrategia. Ningún despacho serio garantiza resultados en materia aduanera: lo que se garantiza es defensa técnica dentro de plazo y con la documentación completa de la operación.