Abogados de Seguros en CDMX

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

La regla central de todo el asunto está en el artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro: el crédito que resulta del contrato vence treinta días después de que la empresa recibió los documentos e informaciones que le permiten conocer el fundamento de la reclamación. La propia ley declara nula la cláusula que pacte que el crédito solo podrá exigirse después de haber sido reconocido por la empresa o comprobado en juicio. En la práctica esto significa dos cosas: que el expediente de reclamación debe integrarse completo y entregarse con acuse —porque desde ese momento corre el plazo—, y que la aseguradora que 'sigue analizando' el caso durante meses no está ejerciendo un derecho: está incumpliendo una obligación que ya venció.

El tiempo también juega en contra si no se actúa. Conforme al artículo 81 de la misma ley, las acciones derivadas del contrato de seguro prescriben en dos años en la generalidad de los casos, y en cinco años tratándose de la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida, contados desde el acontecimiento que les dio origen. Dos años se van rápido entre llamadas al ajustador, correos sin respuesta y promesas de reconsideración. Por eso la reclamación formal —ante la propia aseguradora o ante la CONDUSEF, que interrumpe la prescripción— debe presentarse pronto y bien documentada, no cuando se agote la paciencia. Un caso sólido que prescribió es exactamente igual a un caso que nunca existió.

El incumplimiento tiene precio. El artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas obliga a la aseguradora que no paga en los plazos legales a cubrir una indemnización por mora: la obligación en pesos se convierte a Unidades de Inversión y genera un interés moratorio que se capitaliza mensualmente, calculado con una tasa equivalente a 1.25 veces el costo de captación de los pasivos en UDIs de la banca múltiple. Traducido: el retraso no sale gratis, y en reclamaciones grandes los intereses moratorios pueden representar una parte sustancial de la condena. Ese es también el argumento que hace que muchas aseguradoras prefieran conciliar cuando enfrentan una reclamación técnicamente bien armada.

En seguro de auto y en seguro de daños —casa, negocio, mercancías— la discusión casi nunca es si hubo siniestro, sino cuánto vale, y la Ley sobre el Contrato de Seguro trae las reglas. Conforme al artículo 86, la aseguradora responde por el daño causado hasta el límite de la suma y del valor real asegurados. El artículo 91 manda fijar la indemnización con el valor del interés asegurado en el momento de realización del siniestro, no con el valor de hace un año ni con una tabla interna. El artículo 92 permite a la aseguradora responder solo de manera proporcional cuando la suma asegurada es inferior al interés asegurado —el infraseguro—, una regla que se usa con frecuencia para pagar de menos y que hay que confrontar con la póliza y con el valor real del bien. El artículo 93 permite pactar expresamente en el contrato un valor convenido para la pérdida o el robo totales: si tu póliza lo fijó, ese es el valor que se paga, no el que el ajustador estime. Y si la suma asegurada excedía el valor real sin dolo ni mala fe, el artículo 95 mantiene válido el contrato hasta el valor real de la cosa, con derecho a reducir la suma y sin que la aseguradora cobre primas por el excedente. En el extremo contrario, los rechazos por 'uso indebido', conductor no autorizado o alcoholemia se apoyan en la agravación esencial del riesgo de los artículos 52 y 53 —el asegurado debe comunicar las agravaciones esenciales dentro de las veinticuatro horas siguientes a conocerlas, y si omite el aviso o provoca la agravación cesan las obligaciones de la empresa en lo sucesivo— y en el artículo 70, que extingue las obligaciones de la aseguradora solo si ella demuestra que el asegurado o el beneficiario disimularon o declararon inexactamente hechos con el fin de hacerla incurrir en error. De tu lado quedan cargas concretas: avisar del siniestro en un plazo máximo de cinco días y por escrito (artículo 66), porque el aviso tardío permite reducir la prestación (artículo 67), y entregar las informaciones sobre los hechos que la aseguradora tiene derecho a exigir (artículo 69). Cuando el choque lo causó otro conductor, el artículo 111 subroga a la aseguradora que paga, hasta la cantidad pagada, en tus derechos contra ese tercero; y cuando el responsable eres tú, el artículo 145 obliga a la empresa a pagar, hasta la suma asegurada, la indemnización que debas al tercero, quien conforme al artículo 147 tiene derecho a reclamarla directamente a la aseguradora como beneficiario desde el momento del siniestro.

Antes del juicio existe una vía intermedia que conviene usar con estrategia. La CONDUSEF, el organismo público federal de protección al usuario de servicios financieros, concilia gratuitamente entre asegurado y aseguradora y puede emitir un dictamen técnico que, en ciertos montos, constituye título ejecutivo para demandar por una vía privilegiada. No es obligatorio agotarla y no cierra la puerta al juicio mercantil. Una precisión de alcance: esta página trata de reclamaciones contra aseguradoras por siniestros no pagados; si tu problema es un fraude o vaciado de tu cuenta bancaria, esa materia se atiende en la página de fraude bancario, y si el seguro que no paga es de vida o de gastos médicos mayores, cada uno tiene su página específica enlazada abajo. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la lectura de tu póliza y de la carta de rechazo, la valoración de si el rechazo es jurídicamente sostenible y la recomendación de vía. Si el rechazo está bien fundado —a veces lo está—, se te dice con esa franqueza antes de que gastes en un litigio que no conviene.