Concursos y Quiebras

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El fundamento del procedimiento está en la Ley de Concursos Mercantiles, vigente desde el año 2000 y de aplicación federal. Su artículo 9 ordena que el comerciante que incumpla generalizadamente el pago de sus obligaciones sea declarado en concurso mercantil, y los artículos 10 y 11 definen cuándo existe ese incumplimiento generalizado: falta de pago a dos o más acreedores distintos, cuando las obligaciones vencidas con al menos treinta días de antigüedad representan el treinta y cinco por ciento o más de todas las obligaciones, o cuando la empresa carece de activos líquidos —efectivo, depósitos, inversiones e instrumentos realizables en plazos cortos— para cubrir al menos el ochenta por ciento de sus obligaciones vencidas. La propia empresa puede solicitar su concurso ubicándose en cualquiera de los dos supuestos; cuando lo demanda un acreedor o el Ministerio Público, deben actualizarse ambos.

La etapa de conciliación es la apuesta central de la ley y tiene reloj: conforme al artículo 145, dura 185 días naturales contados desde la última publicación de la sentencia de concurso en el Diario Oficial de la Federación, con posibilidad de dos prórrogas de hasta noventa días cada una —la primera a petición del conciliador o de acreedores que representen más de la mitad de los créditos reconocidos, la segunda con la empresa y al menos el setenta y cinco por ciento de los acreedores— sin que el total pueda exceder de 365 días naturales. Si ese plazo vence sin convenio aprobado, la ley no da más oportunidades: la empresa es declarada en quiebra. Por eso el concurso que se solicita temprano, con números ordenados y una propuesta de reestructura seria, tiene probabilidades reales de convenio; el que se presenta cuando ya no hay flujo ni activos solo administra la liquidación.

El concurso no borra deudas: ordena su pago. La ley clasifica a los acreedores en grados —singularmente privilegiados, con garantía real, con privilegio especial, comunes y subordinados, conforme al artículo 217— y prohíbe pagar a un grado sin cubrir antes al anterior. Los créditos de los trabajadores tienen la protección constitucional más alta, los garantizados con hipoteca o prenda cobran con el producto de su garantía, el fisco ocupa su propio lugar y los acreedores comunes cobran al final, a prorrata. De esa arquitectura salen las dos lecciones prácticas del área. Para el acreedor: quedarse fuera del procedimiento no conserva su derecho, lo entierra, porque mientras espera, los acreedores reconocidos se distribuyen el patrimonio conforme a la prelación. Para la empresa: la ley también alcanza a las personas, no solo a la sociedad — el artículo 270 Bis hace responsables a los miembros del consejo de administración y a los empleados relevantes por los daños y perjuicios que causen con conductas indebidas en torno a la insolvencia, como alterar registros, simular operaciones o favorecer intereses propios. Agravar el hoyo tiene nombre, artículo y consecuencias personales.

La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye el diagnóstico honesto de los dos escenarios. Si tu empresa no puede pagar sus deudas, se revisan los números contra los supuestos de la ley y se te dice con franqueza si conviene una reestructura privada con los acreedores principales, un concurso voluntario con propuesta de convenio, o si el negocio ya no es rescatable y lo responsable es una liquidación ordenada que proteja a los administradores. Si eres acreedor de una empresa concursada, se evalúa tu documentación, el grado que puede reconocerse a tu crédito y lo que realistamente puedes recuperar, para que no gastes en perseguir un peso que no existe. En esta materia el optimismo sin números es el error más caro: cada mes de retraso destruye valor que ningún juez puede devolver. Una precisión de alcance: esta página trata la insolvencia de empresas; si el deudor eres tú como persona física frente a bancos o despachos de cobranza, ese escenario se atiende en el servicio de defensa del deudor, y la cobranza ordinaria contra un deudor que no está en concurso, en el de recuperación de cartera.