Óscar Miranda Abogado
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Asesoría inicial desde $2,000 MXN · Lunes a viernes 9:00 – 21:00
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ÁREAS DE PRÁCTICA
Un abogado de pensiones IMSS en CDMX trabaja casi siempre sobre el mismo escenario: una persona que cotizó durante décadas llega a los sesenta o sesenta y cinco años, solicita su pensión y el Instituto responde con una negativa, con menos semanas de las que trabajó o con una mensualidad que no corresponde al salario que ganó. La causa rara vez está en el Instituto: está en los patrones que no dieron de alta, que registraron tarde o que cotizaron con un salario menor al que pagaban, y en un expediente que nadie revisó antes de solicitar. Lo mismo pasa con la viuda a la que niegan la pensión por no acreditar el concubinato, con el trabajador cuyo dictamen de invalidez queda abajo del porcentaje que necesita, con la familia que no sabe cómo cobrar la Afore de quien falleció o con el servidor público al que el ISSSTE calcula mal el sueldo regulador. En todos esos casos hay un acto definitivo, un plazo para impugnarlo y una vía: el recurso de inconformidad ante el propio Instituto o la demanda ante los Tribunales Federales en materia laboral, que son los que la Ley del Seguro Social señala para las controversias entre asegurados y el IMSS. Este despacho atiende pensiones del IMSS y del ISSSTE desde San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México, y a todo el país, porque la Ley del Seguro Social es federal y el expediente se trabaja a distancia. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN y termina con la lectura de tu constancia de semanas cotizadas y de la resolución, la determinación del régimen que te aplica —Ley 73 o Ley 97— y una opinión por escrito de si conviene impugnar, con qué pruebas y en qué plazo.
Información actualizada:
CASOS QUE ATENDEMOS

CÓMO TE AYUDAMOS
01
Se piden y se leen completos: constancia de semanas cotizadas con historial de salarios base de cotización, resolución o negativa del Instituto con su fecha de notificación, estado de cuenta de la Afore y, si el asegurado falleció, actas y documentos de los beneficiarios. Ahí aparece la diferencia entre lo que trabajaste y lo que los patrones reportaron, y se fija desde cuándo corre el plazo para impugnar. Esta revisión es la asesoría inicial, cuesta $2,000 MXN y termina con una opinión por escrito: régimen aplicable, semanas faltantes, errores de cálculo y si conviene o no impugnar.
02
Se determina si te rige la Ley de 1973 o la de 1997 según la fecha en que cotizaste por primera vez: los asegurados inscritos antes de la ley actual pueden optar por el régimen anterior (artículo Tercero Transitorio de la Ley del Seguro Social) y el Instituto debe calcularles estimativamente la pensión bajo cada régimen si lo solicitan (Cuarto Transitorio). Después se revisan los requisitos de edad y semanas del ramo que corresponde —cesantía, vejez, invalidez, viudez— y se compara la pensión que debería resultar con la que el Instituto resolvió. Si la diferencia no justifica el gasto, se dice con esa claridad.
03
Cuando el problema es un patrón que no te dio de alta o cotizó con salario menor, se reconstruye el periodo con recibos de nómina, contratos, estados de cuenta donde se depositaba el sueldo, constancias y testigos, y se promueve la corrección ante el Instituto o se exige en juicio el reconocimiento de esas semanas y de ese salario. También se revisan la conservación y el reconocimiento de derechos de los artículos 150 y 151 de la Ley del Seguro Social, que deciden si las cotizaciones antiguas cuentan después de una interrupción larga y cuántas semanas nuevas hacen falta para que vuelvan a contar.
04
Contra el acto definitivo del Instituto procede el recurso de inconformidad del artículo 294 de la Ley del Seguro Social, que se tramita dentro del propio IMSS y que, si no se interpone en la forma y términos del reglamento, deja la resolución consentida. El mismo artículo permite acudir directamente a la vía del artículo 295: las controversias entre asegurados o beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones de la ley se tramitan ante los Tribunales Federales en materia laboral. Se elige la vía según el tipo de error, las pruebas disponibles y el tiempo transcurrido, no por costumbre, y se ofrecen las pruebas en forma desde el primer escrito.
05
Ganar no es el final. La sentencia se ejecuta para que el Instituto emita la nueva resolución, ajuste la mensualidad y pague las diferencias generadas desde que la pensión debió otorgarse correctamente. Aquí importa el artículo 300 de la Ley del Seguro Social: el derecho a reclamar cada mensualidad de pensión prescribe en un año, así que la demora en impugnar se traduce en meses que ya no se recuperan, aunque el derecho al otorgamiento de la pensión en sí sea inextinguible (artículo 301). En pensiones mal calculadas el retroactivo suele ser la parte más grande del resultado, y se vigila hasta que se deposita.
POR QUÉ CON ÓSCAR
Los requisitos de la pensión están escritos y el Instituto no puede inventar otros. Conforme al artículo 154 de la Ley del Seguro Social existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado queda privado de trabajo remunerado a partir de los sesenta años, y el artículo 162 fija la vejez a los sesenta y cinco; ambos exigen un mínimo de mil semanas reconocidas, pero el artículo Cuarto Transitorio de la reforma publicada en diciembre de 2020 arrancó ese requisito en setecientas cincuenta semanas y lo sube veinticinco cada año hasta llegar a mil en 2031, de modo que el número que te aplica depende del año en que te pensiones: en 2026 son 875. Quien no alcanza las semanas puede retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando, y con setecientas cincuenta conserva las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad. Para los asegurados inscritos antes del 1 de julio de 1997, el artículo Tercero Transitorio permite optar por la ley anterior. Un abogado de pensiones revisa primero esto —fecha de primera alta, semanas reconocidas, régimen y año— porque ahí se decide si la negativa es legal o no.
Las pensiones derivadas tienen sus propias reglas y un porcentaje mal dictaminado cambia el resultado. Para la invalidez, el artículo 119 la define como la imposibilidad de obtener, con un trabajo igual, más del cincuenta por ciento de la remuneración habitual del último año por enfermedad o accidente no profesionales, y el artículo 122 exige doscientas cincuenta semanas cotizadas, o solo ciento cincuenta si el dictamen determina un setenta y cinco por ciento o más de invalidez: por eso un dictamen subvaluado puede dejar a alguien sin pensión. Para la viudez, orfandad y ascendientes, el artículo 128 pide que el asegurado fallecido tuviera reconocidas al menos ciento cincuenta semanas o estuviera pensionado por invalidez, y el artículo 130 reconoce a la concubina o concubinario que vivió con el asegurado los cinco años previos a la muerte o tuvo hijos con él, siempre que ambos hayan estado libres de matrimonio. En riesgos de trabajo, el artículo 58 fija la incapacidad permanente total en el setenta por ciento del salario de cotización y el artículo 61 otorga la pensión con carácter provisional durante dos años de adaptación, periodo en el que el trabajador tiene derecho a pedir la revisión de la incapacidad para modificar su cuantía: ese es el momento de pelear la valuación.
La impugnación tiene vía, plazo y consecuencias. El artículo 294 de la Ley del Seguro Social permite a los asegurados y sus beneficiarios recurrir en inconformidad cualquier acto definitivo del Instituto, en la forma y términos del reglamento, o proceder directamente por la vía del artículo siguiente; y advierte que las resoluciones no impugnadas en esos términos se entienden consentidas. El artículo 295 asigna las controversias entre asegurados o beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones de la ley a los Tribunales Federales en materia laboral, mientras que las de los patrones van al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La queja administrativa del artículo 296 sirve para insatisfacciones con los servicios médicos y no sustituye la inconformidad. En cuanto a tiempos, el artículo 300 señala que el derecho a reclamar cada mensualidad de pensión, asignación familiar o ayuda asistencial prescribe en un año; el 301 declara inextinguible el derecho al otorgamiento de la pensión cuando se reúnen los requisitos; y el 302 hace imprescriptible el derecho a los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Esa combinación explica por qué se puede reclamar una pensión años después, pero no las mensualidades viejas.
La Modalidad 40 es la continuación voluntaria en el régimen obligatorio que regula el artículo 218 de la Ley del Seguro Social: el asegurado dado de baja con al menos cincuenta y dos semanas cotizadas en los últimos cinco años puede seguir cotizando en los seguros de invalidez y vida y de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, inscrito con su último salario o uno superior, pagando las cuotas por mensualidad adelantada. Decidirla sin números es un error frecuente en los dos sentidos. Antes de llegar ahí están los artículos 150 y 151: al causar baja se conservan los derechos adquiridos a pensión de invalidez y vida por una cuarta parte del tiempo cotizado, nunca menos de doce meses, y al reingresar las cotizaciones anteriores se reconocen de inmediato si la interrupción no pasó de tres años, con veintiséis semanas nuevas si fue de tres a seis, y con cincuenta y dos si fue mayor. El despacho está en San Miguel Chapultepec, Ciudad de México, y atiende asegurados y beneficiarios de Polanco, Del Valle, Nápoles, Roma-Condesa, Coyoacán, Santa Fe e Interlomas, y de todo el país, porque la Ley del Seguro Social es federal. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN; el honorario del asunto se cotiza cerrado y por escrito, y en pensiones puede incluir una parte a resultado.
La asesoría inicial es tu primer paso. Asesoría desde $2,000 MXN.
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