Inspecciones de la STPS

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

La facultad inspectora está en la Ley Federal del Trabajo, artículos 540 a 550: la Inspección del Trabajo vigila el cumplimiento de las normas laborales, y sus inspectores pueden visitar empresas y establecimientos, deben identificarse con credencial autorizada, levantar acta de cada visita con participación del patrón y de los trabajadores, y entregar copia a los interesados. El detalle operativo está en el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones: las inspecciones ordinarias pueden ser iniciales, periódicas o de comprobación, y las extraordinarias proceden ante denuncias, accidentes o riesgos inminentes. De ese marco viene la primera defensa real de la empresa: la visita solo es válida dentro de los límites de la orden que la ampara, y todo lo que el inspector asiente — o deje de asentar — en el acta define el resto del procedimiento.

El momento decisivo llega después de la visita. En las inspecciones sobre condiciones generales de trabajo, el reglamento da al patrón cinco días para formular observaciones y ofrecer pruebas respecto de los hechos asentados en el acta; en el procedimiento sancionador posterior hay una nueva oportunidad de pruebas y alegatos antes de la resolución. Aquí es donde se decide casi todo, y donde aplica el patrón que vemos repetirse: la multa no castiga a la empresa que incumple, castiga a la que no puede demostrar que cumple. Los contratos existían pero no estaban en el centro de trabajo; el pago de utilidades se hizo pero nadie guardó las constancias; la capacitación se impartió sin listas de asistencia. Exhibir eso a tiempo, con un escrito técnico, apaga la mayoría de las actas antes de que se conviertan en sanción — y lo que no se apaga en esa etapa, se combate después mediante los medios de defensa administrativos y el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Dos frentes concentran hoy las sanciones fuertes. El primero es el REPSE: desde la reforma de 2021 en materia de subcontratación, el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo exige que quien preste servicios especializados u obras especializadas cuente con registro ante la Secretaría del Trabajo, y el artículo 1004-C sanciona prestar esos servicios sin registro — o beneficiarse de ellos — con multa de 2,000 a 50,000 veces la UMA, además de las consecuencias fiscales para el cliente, que no puede deducir lo pagado a un proveedor sin REPSE. El segundo es la NOM-035 sobre factores de riesgo psicosocial: sus obligaciones son esencialmente documentales — política de prevención, identificación de factores de riesgo, cuestionarios aplicados según el tamaño de la plantilla, medidas y evidencias — y su incumplimiento se sanciona conforme al artículo 994, fracción V, de la ley con multas de 250 a 5,000 veces la UMA, que pueden calcularse por cada trabajador afectado. En ambos frentes la constante es la misma: no se trata de trabajar distinto, se trata de poder probarlo.

Esta página cubre la relación de tu empresa con la autoridad inspectora. Es un frente distinto del juicio que te pone un trabajador — la defensa en demandas laborales y despidos vive en su propia página de defensa laboral para empresas — y distinto también de la audiencia prejudicial ante el Centro de Conciliación, que tiene la suya de conciliación laboral. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la revisión de tu orden de visita, acta o multa, el cálculo del riesgo real de sanción y la estrategia con presupuesto cerrado — atender el plazo, desvirtuar el acta o impugnar la resolución. Si el acta llegó hoy, no la dejes dormir: en esta materia el plazo barato es el primero, y cada etapa que pasa vuelve la defensa más cara que el papel que faltó.