Clausura de Negocios en CDMX

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

En la Ciudad de México los establecimientos mercantiles se verifican conforme a la Ley del Instituto de Verificación Administrativa: el INVEA y las alcaldías practican visitas — muchas veces sin aviso previo, a partir de una denuncia ciudadana o de un programa de verificación — levantan un acta circunstanciada y pueden imponer la clausura como medida de seguridad o como sanción. El visitado tiene diez días hábiles a partir de la visita para formular observaciones y ofrecer pruebas contra el acta, la autoridad debe desahogar una audiencia y después dictar la resolución que califica el acta e impone sanciones. Cada una de esas etapas tiene requisitos formales que la autoridad incumple con frecuencia: órdenes genéricas, verificadores mal identificados, actas sin circunstanciar, notificaciones defectuosas. Esos vicios son defensa real, pero solo sirven si se hacen valer a tiempo.

Lo que nunca debe hacerse es romper, alterar o retirar los sellos, ni seguir operando el negocio clausurado. El artículo 286 del Código Penal de la Ciudad de México sanciona el quebrantamiento de sellos colocados por orden de autoridad con dos a siete años de prisión, además de multa, y equipara al mismo delito el que el titular, propietario o responsable de un establecimiento en estado de clausura realice o permita actos de comercio o prestación de servicios, aunque los sellos permanezcan intactos. Es decir: abrir 'por la puerta de atrás' también es delito. Una clausura se pelea con derecho y se gana; unos sellos rotos convierten al dueño del negocio en imputado y contaminan toda la defensa administrativa.

La clausura se levanta por dos vías legales. La primera es subsanar: cuando la causa es una irregularidad corregible — el aviso de funcionamiento que no se presentó, el dictamen de protección civil vencido, el permiso que faltaba — se corrige, se acredita ante la autoridad y se solicita el levantamiento de la clausura y el retiro de sellos. La segunda es impugnar: cuando la clausura es ilegal, desproporcionada o el procedimiento está viciado, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y, en su caso, el amparo indirecto con solicitud de suspensión. La suspensión no procede en automático ni en todos los supuestos, pero cuando se obtiene puede permitir reabrir mientras el juicio se resuelve — y con un negocio que pierde dinero cada día, obtenerla o no obtenerla es el caso entero. Las multas asociadas se combaten en los mismos medios de defensa.

La mejor clausura es la que nunca ocurre. Un establecimiento con su documentación en orden — aviso o permiso de funcionamiento vigente, programa interno de protección civil, certificado de uso de suelo compatible con el giro, permisos de venta de alcohol cuando aplican — le quita a cualquier verificación su resultado más caro. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la revisión de tu orden y acta de verificación, el diagnóstico de si tu caso se subsana o se impugna, los plazos exactos que te están corriendo y el presupuesto cerrado de la estrategia completa. Si los sellos se colocaron hace días y el plazo de pruebas sigue abierto, la atención es prioritaria: esa ventana no se recupera. Esta página trata la clausura de establecimientos mercantiles; si lo que tienes es una obra suspendida, la defensa vive en la página de construcción sin licencia.