Clausura de Negocios en CDMX

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

En la Ciudad de México los establecimientos mercantiles se verifican conforme a la Ley del Instituto de Verificación Administrativa: el INVEA y las alcaldías practican visitas — muchas veces sin aviso previo, a partir de una denuncia ciudadana o de un programa de verificación — levantan un acta circunstanciada y pueden imponer la clausura como medida de seguridad o como sanción. El visitado tiene diez días hábiles siguientes a la conclusión de la visita para formular observaciones y ofrecer pruebas contra el acta (artículo 7); si lo hace, la autoridad debe fijar una audiencia de pruebas y alegatos, y si no lo hace, califica el acta y resuelve sin escucharlo. En la resolución que califica el acta se imponen las sanciones. Cada una de esas etapas tiene requisitos formales que la autoridad incumple con frecuencia: órdenes genéricas, verificadores mal identificados, actas sin circunstanciar, notificaciones defectuosas. Esos vicios son defensa real, pero solo sirven si se hacen valer a tiempo.

Lo que nunca debe hacerse es romper, alterar o retirar los sellos, ni seguir operando el negocio clausurado. El artículo 286 del Código Penal para el Distrito Federal, vigente en la Ciudad de México, sanciona a quien altere, destruya o desaparezca los sellos puestos por orden de autoridad con dos a siete años de prisión y de cien a quinientos días multa. Y castiga todavía más fuerte — seis a doce años de prisión y de mil a cinco mil días multa — al titular, propietario, poseedor o responsable de un establecimiento mercantil, construcción u obra en estado de clausura o suspensión de actividades que permita o realice actos de comercio, construcción o prestación de servicios, aun cuando los sellos permanezcan intactos. Es decir: abrir 'por la puerta de atrás' no solo es delito, sino el supuesto más castigado. Una clausura se combate por las vías legales; unos sellos rotos exponen al dueño del negocio a una investigación penal adicional y debilitan su posición en la defensa administrativa.

La clausura se levanta por dos vías legales. La primera es subsanar: cuando la causa es una irregularidad corregible — el aviso de funcionamiento que no se presentó, el dictamen de protección civil vencido, el permiso que faltaba — se corrige, se acredita ante la autoridad y se solicita el levantamiento de la clausura y el retiro de sellos. La segunda es impugnar: cuando la clausura es ilegal, desproporcionada o el procedimiento está viciado, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y, en su caso, el amparo indirecto con solicitud de suspensión. La suspensión no procede en automático ni en todos los supuestos, pero cuando se obtiene puede permitir reabrir mientras el juicio se resuelve — y con un negocio que pierde dinero cada día, obtenerla o no obtenerla es el caso entero. Las multas asociadas se combaten en los mismos medios de defensa.

¿Cuánto cuesta quitar los sellos de clausura en la CDMX por la vía legal? La Ley de Establecimientos Mercantiles no cobra un derecho por el retiro en sí: el artículo 74 dispone que los sellos se retiran previo pago de la sanción que se haya impuesto y siempre que se acredite alguno de estos supuestos — exhibir los documentos que prueban que se subsanó la irregularidad, exhibir carta compromiso de cierre definitivo, o haber concluido el plazo de clausura temporal impuesto. El costo real, entonces, es la multa más lo que cueste regularizar. Las multas de esa ley se fijan en veces la unidad de referencia vigente según la infracción: de 25 a 125, de 126 a 350 o de 351 a 2,500 (artículos 64 a 66), con reducción del 50% en mínimos y máximos para giros de bajo impacto que no venden alcohol (aplicable a los artículos 64, 65, 66 y 66 bis), y montos mucho mayores en supuestos como ciertas infracciones de seguridad o información falsa en el aviso o permiso (artículos 66 Ter, 67 y 68). La multa se individualiza en la resolución y se puede impugnar por vicios propios, aunque se pague para retirar los sellos.

La solicitud de retiro se presenta por escrito ante la autoridad que ordenó la clausura, que tiene 48 horas para emitir su acuerdo — que se ejecuta de inmediato — o para negar el retiro con un acuerdo fundado y motivado (artículo 75 de la Ley de Establecimientos Mercantiles). Al retirarlos deben entregarte copia de la orden de levantamiento y del acta circunstanciada levantada ante dos testigos (artículo 76). Si en vez de clausura te impusieron suspensión temporal de actividades, esta dura hasta que subsanes: das aviso a la alcaldía, que en dos días hábiles ordena verificar y el levantamiento debe hacerse dentro del día hábil siguiente; además, no pueden negarte el levantamiento por irregularidades que no consten en el acta de verificación (artículo 73).

¿Cuánto tiempo dura una clausura de un negocio? Depende de su tipo. La clausura temporal dura en tanto se subsanan las irregularidades que la originaron (artículo 2 de la Ley de Establecimientos Mercantiles); hay supuestos en que la ley fija un plazo — por ejemplo, de quince a treinta días naturales para ciertas infracciones del artículo 66 Ter —; y la clausura permanente, reservada a conductas graves como vender alcohol sin permiso o a menores de edad, prestar servicios en horarios no permitidos o exceder el aforo declarado (artículo 71), va ligada a la revocación del aviso o permiso. Por eso la pregunta útil no es cuánto dura, sino qué hay que acreditar para que se levante, y eso sale del acta. Quién clausura también importa: en establecimientos mercantiles la alcaldía ordena la verificación y califica el acta, y el personal del INVEA practica la visita y ejecuta la clausura (artículo 14, apartado B, de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa).

Si clausuran un negocio, ¿qué pasa con los trabajadores? La clausura no termina por sí sola los contratos de trabajo. La Ley Federal del Trabajo enumera en su artículo 427 las causas de suspensión colectiva de las relaciones laborales — fuerza mayor no imputable al patrón, falta de materia prima, incosteabilidad, entre otras — y el artículo 429 exige, según la causa, dar aviso al Tribunal laboral o contar con su autorización previa (la única excepción es la suspensión por contingencia sanitaria declarada por la autoridad sanitaria). Una clausura motivada por un incumplimiento del propio negocio no aparece en esa lista. Mandar a todos a casa sin pago o despedir 'porque nos clausuraron' abre un segundo frente, el laboral, que puede salir más caro que la propia clausura. Es una razón más para levantar los sellos rápido.

La mejor clausura es la que nunca ocurre. Un establecimiento con su documentación en orden — aviso o permiso de funcionamiento vigente, programa interno de protección civil, certificado de uso de suelo compatible con el giro, permisos de venta de alcohol cuando aplican — le quita a cualquier verificación su resultado más caro. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la revisión de tu orden y acta de verificación, el diagnóstico de si tu caso se subsana o se impugna, los plazos exactos que te están corriendo y el presupuesto cerrado de la estrategia completa. Si los sellos se colocaron hace días y el plazo de pruebas sigue abierto, la atención es prioritaria: esa ventana no se recupera. Esta página trata la clausura de establecimientos mercantiles; si lo que tienes es una obra suspendida, la defensa vive en la página de construcción sin licencia.