Abogado Fiscalista en CDMX

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

Las facultades de comprobación del SAT están en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación: revisar declaraciones y contabilidad, practicar visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones electrónicas, entre otras. Pero esas facultades tienen plazos y límites. Conforme al artículo 46-A, la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad en las oficinas de la autoridad debe concluir dentro de un plazo máximo de doce meses contados desde que se notifica el inicio, salvo los casos de excepción que el propio artículo enumera; y conforme al artículo 67, las facultades para determinar contribuciones omitidas e imponer sanciones se extinguen en cinco años. Una auditoría que excede el plazo o un crédito determinado sobre ejercicios caducos son nulos con independencia de si el contribuyente debía o no. Por eso el primer trabajo del abogado fiscalista es la cronología del expediente: fechas de notificación, inicio, actas, prórrogas y resolución.

Contra una resolución del SAT hay dos caminos ordinarios y el contribuyente elige: el recurso de revocación, que procede contra los actos administrativos en materia fiscal federal (artículo 116) y se presenta por buzón tributario dentro de los treinta días siguientes a aquel en que surtió efectos la notificación (artículo 121); o el juicio contencioso administrativo —el juicio de nulidad— ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya demanda se presenta igualmente dentro de los treinta días siguientes a que surte efectos la notificación de la resolución (artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), en la vía tradicional o en línea. El amparo tiene su propio plazo: quince días como regla general, y treinta cuando se reclama una norma general autoaplicativa (artículo 17 de la Ley de Amparo). Los tres plazos se cuentan en días hábiles, pero no perdonan: la resolución no impugnada a tiempo queda firme y se cobra, con todo y sus errores.

El cobro también está reglado. El artículo 144 del Código Fiscal establece que no se ejecutará el acto que determina un crédito hasta que venza el plazo de treinta días siguientes a que surte efectos su notificación —quince tratándose de cuotas del IMSS y créditos del INFONAVIT— y que no se ejecutan los actos cuando se garantiza el interés fiscal en alguna de las formas del artículo 141. Vencido ese plazo sin pago ni garantía, la autoridad cobra por el procedimiento administrativo de ejecución (artículo 145): requerimiento de pago y, si no se prueba haberlo hecho, embargo de bienes o de cuentas (artículo 151). Cada paso debe notificarse legalmente; un embargo sin requerimiento previo o sobre un crédito garantizado es impugnable. Y el propio crédito fiscal se extingue por prescripción en cinco años contados desde que el pago pudo ser legalmente exigido (artículo 146), lo que puede oponerse como excepción en el recurso y en el juicio.

Tres figuras recientes concentran hoy buena parte de las urgencias fiscales. La restricción temporal del certificado de sello digital del artículo 17-H Bis —la empresa deja de poder facturar— se levanta mediante el procedimiento de aclaración que el propio artículo prevé, con la documentación que desvirtúe la causa invocada. La presunción de operaciones inexistentes del artículo 69-B da al contribuyente un plazo de quince días, prorrogable por cinco, para aportar la documentación e información que desvirtúe la presunción; quien no lo hace a tiempo queda en la lista definitiva, y quienes dedujeron sus facturas tienen a su vez un plazo para acreditar la materialidad o corregirse. Y los acuerdos conclusivos del artículo 69-C permiten, durante una revisión y antes de que se emita la resolución, negociar ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente los hechos u omisiones con los que el contribuyente no está de acuerdo. El despacho atiende asuntos fiscales federales y locales en la Ciudad de México —Polanco, Santa Fe, Reforma, Roma-Condesa, Del Valle, Nápoles e Interlomas— en coordinación con el contador del cliente. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la lectura del expediente, la cronología de plazos y el diagnóstico por escrito de vías y probabilidades; el honorario del asunto se cotiza cerrado antes de empezar.