Usurpación de Identidad

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

En la Ciudad de México la usurpación de identidad es delito conforme al artículo 211 Bis del Código Penal para el Distrito Federal: a quien por cualquier medio usurpe, con fines ilícitos, la identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación de su identidad, se le impone pena de uno a cinco años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa, y la pena aumenta hasta en una mitad para quien se aproveche de la homonimia, el parecido físico o la similitud de voz para cometerlo. Esto significa que abrir un crédito, una cuenta o una empresa con los datos de otra persona no es un simple problema entre tú y el banco: es un delito perseguible ante la Fiscalía, y la denuncia es la pieza que convierte tu versión en un hecho documentado ante todas las demás instancias.

Frente a los otorgantes de crédito, el punto de partida jurídico es elemental: un contrato que no firmaste no te obliga. El consentimiento es un elemento de existencia del contrato, y cuando la firma fue falsificada o los datos fueron usados sin tu autorización, la obligación simplemente no nació para ti. La carga de probar que tú contrataste corresponde a quien lo afirma, y para eso existen la objeción de firma y el peritaje caligráfico. La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros da además la vía de reclamación ante CONDUSEF, donde el otorgante debe exhibir el contrato y la documentación con la que dice haber verificado tu identidad — y con frecuencia no puede.

El historial crediticio también tiene reglas a tu favor. La Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia te da derecho a obtener tu reporte de crédito especial y a presentar reclamación contra cualquier registro que no reconozcas; la sociedad debe marcar el registro como impugnado y requerir al otorgante que acredite la operación, y si no la acredita en los plazos de ley, el registro debe corregirse o eliminarse. Acompañar la reclamación con la denuncia penal por usurpación de identidad cambia por completo el peso del expediente: ya no es un deudor pidiendo un favor, es una víctima de delito exigiendo la eliminación de un registro que nunca debió existir.

Un deslinde importante para saber en qué página estás: si lo que ocurrió es que vaciaron o transfirieron dinero desde una cuenta que sí es tuya, ese asunto se trabaja como fraude bancario y transferencias no reconocidas. Esta página es para el caso inverso: contrataron cosas a tu nombre que tú nunca pediste. Y cuando el robo de identidad alcanza tu RFC —facturas emitidas a tu nombre o empresas fantasma donde apareces como socio—, el frente fiscal se trabaja de la mano de nuestra área de defensa fiscal. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la revisión de tu reporte de Buró y de las cartas de cobranza, el mapa de todos los registros fraudulentos y el plan de acción en orden: primero la denuncia, luego cada reclamación con ella en la mano.