Pensión por Viudez del IMSS

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El derecho nace del ramo de vida del seguro de invalidez y vida. Conforme al artículo 127 de la Ley del Seguro Social, cuando muere el asegurado o el pensionado por invalidez el Instituto otorga a los beneficiarios pensión de viudez, de orfandad y de ascendientes, además de asistencia médica. El artículo 128 fija los requisitos de fondo: que el fallecido tuviera reconocido el pago de un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales —o que se encontrara disfrutando una pensión de invalidez— y que la muerte no se deba a un riesgo de trabajo, porque en ese supuesto la pensión de los deudos corre a cargo del seguro de riesgos de trabajo, con reglas propias. Cuando el Instituto reconoce menos semanas de las realmente trabajadas porque un patrón omitió el alta o registró salarios menores, esas semanas se reclaman y se recuperan en juicio: la negativa por semanas casi nunca es un callejón sin salida.

Quién tiene derecho lo define el artículo 130, reformado en enero de 2023: la o el cónyuge del asegurado o pensionado por invalidez, sin distinción de sexo. A falta de cónyuge, la concubina o el concubinario que haya vivido con el fallecido al menos los cinco años inmediatamente anteriores a la muerte, o la persona con quien hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, así como quien hubiera suscrito una unión civil. La propia norma advierte que si existían varios concubinatos simultáneos, ninguno tiene derecho. La cuantía la fija el artículo 131: el noventa por ciento de la pensión de invalidez que correspondía al asegurado o de la que venía disfrutando el pensionado fallecido.

Las limitantes del artículo 132 son hoy mucho más estrechas de lo que muchas resoluciones sugieren. Tras la reforma publicada el 24 de marzo de 2023, sus fracciones II y III —que negaban la pensión por haberse casado el asegurado después de los 55 años o cuando ya estaba pensionado— quedaron derogadas. Subsiste una sola: que la muerte ocurra antes de cumplir seis meses de matrimonio, y ni siquiera esa aplica cuando la viuda comprueba haber tenido hijos con el fallecido. Una negativa fundada en las fracciones derogadas se impugna con altas probabilidades. El artículo 133 completa el cuadro: el derecho comienza desde el día del fallecimiento, la pensión no se suspende porque la persona beneficiaria trabaje, y solo cesa con la muerte o con un nuevo matrimonio o concubinato, caso en el que se entrega un finiquito de tres anualidades.

Contra las resoluciones del Instituto hay dos vías escalonadas: el recurso de inconformidad del artículo 294, administrativo y gratuito, y la demanda del artículo 295 ante los Tribunales Federales en materia laboral. Importa además el régimen: si el fallecido comenzó a cotizar antes del 1 de julio de 1997, sus beneficiarios pueden acceder al esquema de la Ley de 1973, con pensión pagada en forma vitalicia por conducto del Instituto; bajo la ley vigente, la pensión se contrata como renta vitalicia con una aseguradora, integrando el saldo de la cuenta individual del fallecido más una suma asegurada que aporta el IMSS, y los excedentes de esa cuenta pueden retirarse. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la lectura de la resolución, la revisión de semanas y vínculo, la determinación del régimen aplicable y la estrategia de impugnación. Sin promesas de resultado: con el diagnóstico honesto de qué se puede pelear y qué no.