Sustracción de Menores

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

Cuando quien se lleva al menor es un familiar, el tipo penal aplicable en la capital es el artículo 173 del Código Penal para la Ciudad de México: se impone de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa al ascendiente, descendiente, cónyuge, pariente colateral o afín hasta el cuarto grado que sustraiga, retenga u oculte a un menor o incapaz, cuando sobre éste no ejerza la patria potestad, la tutela, o la guarda y custodia mediante resolución judicial. La propia norma modula la conducta: si el responsable devuelve espontáneamente al menor dentro de las veinticuatro horas siguientes, se le impone solo una tercera parte de la sanción, y las penas se agravan en una mitad cuando el padre o la madre que no ejerce la custodia traslada al menor fuera del territorio nacional.

La otra cara de ese artículo es igual de importante: si quien se llevó al menor ejerce la patria potestad y no existe resolución judicial que haya dado la custodia al otro progenitor, la conducta normalmente no encuadra en el delito, por doloroso que sea el hecho. Denunciar en ese escenario desgasta y no devuelve al menor; la herramienta correcta es el juez familiar. En cambio, cuando el sustractor no tiene parentesco con el menor, aplican los artículos 171 y 172 del mismo código, con penas mucho mayores —la sustracción llega a sancionarse con cinco a quince años de prisión, agravadas en una mitad si la víctima es menor de doce años—. Determinar con precisión en qué supuesto está tu caso es el primer trabajo técnico del asunto.

En la vía familiar, la restitución se pide como medida urgente fundada en el interés superior del menor: el juez puede ordenar la devolución inmediata, fijar custodia provisional y régimen de convivencia, y dictar restricciones para que el menor no sea sacado del país mientras el juicio se resuelve, dando aviso a las autoridades migratorias para impedir su salida. Estas medidas no requieren esperar a que exista sentencia de custodia; precisamente existen para el escenario en que la custodia aún no está definida y uno de los padres decidió imponer los hechos por su cuenta. Lo que se resuelva aquí, además, construye el terreno del juicio de custodia que suele venir después.

Cuando hay una frontera de por medio, México es parte del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, y la autoridad central mexicana para su aplicación es la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su Dirección General de Protección Consular. La solicitud de restitución se presenta ante la SRE cuando el menor fue trasladado o retenido ilícitamente en el extranjero, o ante la autoridad central del país correspondiente cuando fue traído a México; el convenio busca la devolución del menor a su residencia habitual, no decidir la custodia. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN y en estos asuntos la primera llamada se atiende con criterio de urgencia: el paso del tiempo consolida la situación del sustractor, y cada semana sin actuar cuesta más que cualquier honorario.