Abogado Especialista en Bancos

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

La primera puerta no está en tribunales: está dentro del propio banco. El artículo 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros obliga a cada institución financiera a mantener una Unidad Especializada que atienda consultas y reclamaciones de los usuarios, y a responder por escrito en un plazo que no exceda de treinta días hábiles desde su recepción. La misma disposición establece un efecto que casi nadie aprovecha: presentar la reclamación ante la UNE suspende la prescripción de las acciones legales. Bien usada, la UNE no es el trámite decorativo que el banco quisiera: es la pieza que obliga al banco a fijar por escrito una versión de los hechos, y esa versión —sus omisiones, sus contradicciones— se convierte en material de litigio.

El segundo escalón es la CONDUSEF, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el organismo público federal que supervisa la relación entre bancos y usuarios. Su ley regula el procedimiento de reclamación y conciliación: la reclamación se presenta con los requisitos del artículo 63 —identificación, descripción del servicio y de los hechos—, dentro del plazo general de dos años que marca el artículo 65, y la Comisión debe agotar la conciliación conforme al artículo 68, citando al banco a una audiencia en la que está obligado a rendir un informe sobre el caso. La conciliación no es un mero requisito: es la instancia donde el banco, frente a una reclamación técnicamente sólida, suele preferir devolver antes que litigar.

Cuando el banco se niega, la ley da un arma mayor. El artículo 68 Bis prevé que, si las partes no concilian y la CONDUSEF cuenta con elementos que a su juicio acreditan la procedencia de lo reclamado, puede emitir un dictamen técnico que constituye título ejecutivo no negociable a favor del usuario, dentro de ciertos límites de monto medidos en Unidades de Inversión —más amplios cuando la reclamación es contra una aseguradora—. Ese título permite demandar en la vía ejecutiva mercantil, que parte de una deuda documentada en lugar de discutirlo todo desde cero, y la acción basada en él prescribe en un año. Obtenerlo no es automático: depende de que la reclamación se haya construido desde el inicio con los documentos y la precisión que el dictamen exige.

Hay dos deslindes que este despacho hace de frente. Primero: si tu cuenta fue bloqueada por instrucción de una autoridad —y no por decisión comercial del banco—, la vía no es la reclamación ante CONDUSEF sino el juicio de amparo contra el acto de autoridad, y confundir las vías cuesta meses. Segundo: el servicio que aquí se ofrece es la reclamación formal y la defensa en juicio, no los milagros. Nadie puede legalmente 'borrar deudas del buró de crédito' ni desaparecer adeudos reales, y quien cobra por eso comete fraude. Si el banco te vació la cuenta por un fraude, ese caso se atiende en la página de fraude bancario; si te acosan despachos de cobranza o el banco te demandó a ti, hay páginas específicas para cada supuesto. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la revisión de tus estados de cuenta y contratos, la identificación de la vía correcta y la estrategia de reclamación. Si tu caso no tiene sustento, también se te dice: es más barato saberlo en la primera consulta que después de un año de trámites.