Discrepancia Fiscal

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El fundamento del procedimiento es el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta: las personas físicas podrán ser objeto de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de sus erogaciones en un año de calendario es superior a los ingresos declarados, o a los que les hubiere correspondido declarar. La propia ley define como erogaciones los gastos, las adquisiciones de bienes y los depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o en tarjetas de crédito. Esto alcanza también a quien no está inscrito en el RFC o no presenta declaración: para el cálculo, sus ingresos declarados son cero y toda erogación detectada es discrepancia. Quedan fuera, en cambio, los depósitos que el contribuyente hace en cuentas que no son suyas cuando se acredita que no le generan ingreso —pago de servicios o adquisiciones a nombre de un tercero—, distinción que resuelve muchos casos de dinero administrado por cuenta de otros.

El procedimiento tiene tres tiempos marcados por el propio artículo 91. Primero, la autoridad notifica el monto de las erogaciones detectadas, la información en que se apoyó y el medio por el que la obtuvo. Segundo, el contribuyente cuenta con un plazo de 20 días para informar por escrito el origen o fuente de los recursos y ofrecer las pruebas que estime idóneas; la autoridad puede requerir información adicional por una sola vez. Tercero, si la discrepancia no se desvirtúa, se presume ingreso omitido: se grava conforme al régimen de los demás ingresos del Capítulo IX del Título IV de la ley y se formula la liquidación con actualización, recargos y multas. El plazo de 20 días no se suspende por negociar ni por pedir cita: se cumple o se pierde la mejor oportunidad de defensa del procedimiento.

Los orígenes legítimos se acreditan con documentos, y la calidad del documento decide el resultado. Un préstamo familiar se prueba con contrato de mutuo —idealmente de fecha cierta— y con el rastro bancario de la entrega del dinero; la venta de un coche o de un inmueble, con el contrato, la factura o la escritura y el depósito correlativo; los ahorros previos, con estados de cuenta de ejercicios anteriores que muestren de dónde viene el saldo; los premios y otros ingresos exentos, con la constancia de quien los pagó. Conviene saber además que la ley obliga a informar en la declaración anual los préstamos, donativos y premios que en conjunto excedan de $600,000, y que las donaciones entre cónyuges y de padres a hijos están exentas de ISR pero deben declararse cuando superan los umbrales legales: el dinero puede ser perfectamente lícito y aun así generar un problema si nunca se informó.

La consecuencia de no aclarar no es solo económica. La presunción convierte la discrepancia en ingreso gravado y el crédito fiscal resultante puede cobrarse coactivamente, con embargo de cuentas incluido. Y el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación sanciona con las mismas penas de la defraudación fiscal a la persona física que realice en un ejercicio erogaciones superiores a sus ingresos declarados y no compruebe ante la autoridad el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento de la Ley del ISR — es decir, el expediente administrativo mal atendido es la base de una posible carpeta penal. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la revisión de la notificación y de tus estados de cuenta, el cálculo real de la discrepancia, el inventario de documentos que ya tienes y de los que hay que construir, y la estrategia de contestación dentro del plazo.