Responsabilidad Ambiental

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, cuyo texto vigente incorpora la reforma publicada el 14 de noviembre de 2025, establece en su artículo 10 la regla general: toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente será responsable y estará obligada a la reparación de los daños o, bien, cuando la reparación no sea posible, a la compensación ambiental que proceda. El mismo artículo añade una obligación que suele pasarse por alto y que es de cumplimiento inmediato: de la misma forma estará obligada a realizar las acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente. Son dos deberes distintos: reparar lo hecho y contener lo que sigue ocurriendo.

El régimen de imputación está en los artículos 11 y 12, y la distinción es la que más define el resultado de un caso. El artículo 11 establece que la responsabilidad por daños ocasionados al ambiente será subjetiva y nacerá de actos u omisiones ilícitos. El artículo 12, en cambio, dispone que será objetiva la responsabilidad ambiental cuando los daños devengan directa o indirectamente de cualquier acción u omisión relacionada con materiales o residuos peligrosos; del uso u operación de embarcaciones en arrecifes de coral; de la realización de las actividades consideradas como altamente riesgosas; y de aquellos supuestos y conductas previstos por el artículo 1913 del Código Civil Federal. En el régimen objetivo la discusión sobre si la empresa actuó con diligencia pierde casi todo su peso: se responde por el daño producido. Para una empresa que maneja residuos peligrosos, eso significa que el cumplimiento normativo reduce el riesgo de sanción administrativa pero no elimina la exposición a la responsabilidad ambiental.

El contenido de la obligación está en el artículo 13 y es más exigente de lo que la palabra reparación sugiere: la reparación de los daños ocasionados al ambiente consistirá en restituir a su estado base los hábitat, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, sus condiciones químicas, físicas o biológicas y las relaciones de interacción que se dan entre estos, así como los servicios ambientales que proporcionan, mediante la restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación. El mismo artículo agrega una precisión con fuerte impacto económico: la reparación deberá llevarse a cabo en el lugar en el que fue producido el daño. No se trata de pagar una cantidad y cerrar el tema; se trata de ejecutar trabajos en sitio hasta devolverlo a su estado base. La compensación ambiental solo entra cuando la reparación no es posible, y ese orden es defendible en ambos sentidos.

Dos disposiciones procesales terminan de dibujar el riesgo. El artículo 28 reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, con una legitimación mucho más amplia que la del derecho civil tradicional. Y el artículo 29 fija el plazo: la acción prescribe en doce años, contados a partir del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos. Ese artículo añade además que, salvo en los casos de los artículos 23 y 28 de la propia ley, ninguna de las partes será condenada al pago de gastos y costas judiciales. El artículo 30 dispone que el Poder Judicial de la Federación contará con juzgados de Distrito con jurisdicción especializada en materia ambiental. Doce años de exposición, legitimación amplia, responsabilidad objetiva en actividades de riesgo y jueces especializados: ese conjunto es lo que convierte al pasivo ambiental en el riesgo peor medido de las operaciones de compraventa de empresas e inmuebles industriales en México. La primera consulta es de valoración: se revisa la actividad, el régimen de imputación aplicable, la fecha del daño y la viabilidad de la reparación.