Abogado de Telecomunicaciones en México

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

La figura central de la ley es la concesión única. El artículo 45 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión la exige para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, y el artículo 46 la clasifica por sus fines: uso comercial, con fines de lucro a través de una red pública; uso público, para entes públicos; uso privado, con propósitos de comunicación privada; y uso social, sin fines de lucro, donde quedan comprendidas las concesiones social comunitarias, indígenas y afromexicanas. El artículo 47 obliga a la Comisión a precisar en el título de qué tipo se trata, y el artículo 50 limita su otorgamiento a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, con la participación extranjera que permitan la Constitución y la Ley de Inversión Extranjera. La concesión única se otorga por hasta treinta años prorrogables (artículo 51); la solicitud debe contener el proyecto y la acreditación de capacidad técnica, económica, jurídica y administrativa, que la Comisión analiza en cuarenta días hábiles con posibilidad de requerir información adicional (artículo 52); y el título, inscrito en el Registro Público de Telecomunicaciones, fija los compromisos de inversión, calidad y cobertura que después se verifican (artículo 53). Pedir el uso equivocado o prometer compromisos imposibles es el error más caro del sector.

La concesión única no incluye el espectro. Si el servicio requiere bandas de frecuencias de uso determinado, hace falta una concesión de espectro radioeléctrico, que la Comisión otorga por hasta veinte años prorrogables (artículo 54) y que también se clasifica por uso comercial, público, privado o social (artículo 55), siempre a favor de personas de nacionalidad mexicana (artículo 56). Para uso comercial, el artículo 57 ordena que el espectro se otorgue por licitación pública, previo pago de una contraprestación, y permite a la Comisión ponderar la propuesta económica, la cobertura, calidad e innovación, los menores precios al usuario final, la prevención de concentraciones y la entrada de nuevos competidores. El artículo 58 fija el contenido mínimo de las bases: compromisos de inversión y cobertura, especificaciones técnicas, modelo de título, valor mínimo de referencia, bandas y zonas geográficas, criterios de competencia con opinión de la autoridad antimonopolio, garantía de seriedad y vigencia; y establece que en ningún caso el factor determinante será meramente económico. El artículo 59 permite declarar desierta la licitación cuando las propuestas no aseguren las mejores condiciones o queden por debajo del valor mínimo de referencia. Cada una de esas etapas tiene plazos y formalidades que, mal atendidas, dejan fuera a un participante sin que llegue a discutirse su proyecto.

Para quien no construye red propia la ley prevé la autorización. El artículo 159, fracción I, exige autorización de la Comisión para establecer y operar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones sin ser concesionario: la figura de los operadores móviles virtuales y revendedores de internet. Dura hasta diez años prorrogables (artículo 160, fracción I), no paga contraprestación (artículo 161) y debe resolverse en sesenta días hábiles, o se entiende no otorgada (artículo 165). La comercializadora puede acceder a los servicios mayoristas de los concesionarios, revender capacidad y tener numeración propia (artículo 163), pero debe permitir la portabilidad, responder ante el usuario final y activar solo líneas de usuarios identificados (artículo 164). En infraestructura, el artículo 3 distingue la infraestructura activa —los elementos que emiten, procesan, reciben o transmiten señales— de la pasiva: bastidores, cableado, ductos, postes, sitios, torres, sistemas de energía y derechos de vía que la soportan. Los artículos 176 a 178 obligan a entregar a la Comisión la información de ambas para el Sistema Nacional de Información de Infraestructura, y exigen que los contratos con terceros prevean esa entrega. El artículo 5 declara de utilidad pública el despliegue de infraestructura, prohíbe contribuciones adicionales a lo pactado con el propietario del inmueble y envía las controversias con municipios y estados a los tribunales especializados.

El régimen sancionador es el que más cambia la vida de una empresa. El artículo 281 remite el procedimiento a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y reserva a PROFECO las infracciones a los derechos de los usuarios. El artículo 282 escalona las multas como porcentaje de los ingresos del infractor: de 0.01% a 0.75% por avisos extemporáneos o faltas en homologación y registro; de 0.01% a 3% por incumplir obligaciones de la concesión o autorización; de 1% a 3% por restringir arbitrariamente el acceso a internet o contratar propiedades en exclusiva; tramos intermedios de hasta 6% por conductas graves; y de 6.01% a 10% por prestar servicios sin concesión o autorización. El artículo 283 define esos ingresos como los acumulables del último ejercicio, el 284 duplica la multa por reincidencia, el 285 obliga a ponderar gravedad, capacidad económica y cumplimiento espontáneo, y el 286 confía la ejecución al SAT. El artículo 287 enumera las causas de revocación y distingue las inmediatas de las que requieren dos sanciones previas firmes; el 288 inhabilita al revocado por cinco años, el 289 hace perder en favor de la Nación los equipos de quien opera sin concesión, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal (artículo 291).

El cambio de autoridad explica buena parte de las dudas actuales. El artículo 3 define a la Agencia como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y a la Comisión como la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones; el artículo 7 la configura como órgano desconcentrado de la Agencia con independencia técnica, operativa y de gestión; el artículo 8 le encarga regular y supervisar espectro, redes, infraestructura y servicios; el artículo 9 reserva a la Agencia las políticas del sector y la cobertura universal, y el artículo 10 atribuye a la Comisión otorgar concesiones y autorizaciones, licitar el espectro y dar vista a la autoridad de competencia. Conforme a los artículos transitorios, el Instituto Federal de Telecomunicaciones continuó en funciones hasta que se integró el Pleno de la Comisión; desde entonces se abrogó la ley de 2014, el Instituto se extinguió y toda referencia al IFT se entiende hecha a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones o a la Comisión Nacional Antimonopolio, según la materia. Los títulos otorgados por el IFT siguen vigentes. Este despacho atiende empresas de todo el país y, de manera presencial, de Polanco, Santa Fe, Reforma, Roma-Condesa, Del Valle e Interlomas; la asesoría inicial cuesta $2,000 MXN, cada asunto se cotiza cerrado y por escrito, y para empresas reguladas existe la iguala mensual regulatoria.