Concesión de Radio Comunitaria, Indígena y Afromexicana

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El marco es la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, que abrogó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 y puso la regulación del espectro y de la radiodifusión en manos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (artículo 8). La ley clasifica las concesiones por sus fines. La concesión única para uso social confiere el derecho de prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines de lucro, y comprende las concesiones para uso social, social comunitarias, indígenas y afromexicanas (artículo 46, fracción IV). Las comunitarias se pueden otorgar a organizaciones de la sociedad civil que no persigan ni operen con fines de lucro, ajustándose a los principios de participación ciudadana directa, convivencia social y pluralidad; las indígenas y afromexicanas, a pueblos y comunidades en su carácter de sujetos de derecho público, con el fin principal de hacer efectivos los derechos del artículo 2o. constitucional y preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial. La concesión de espectro sigue la misma clasificación (artículo 55, fracción IV) y el título debe establecer con toda precisión de qué tipo se trata (artículo 47). La diferencia con la radio comercial es de fondo: aquella se otorga por licitación pública, previo pago de una contraprestación (artículo 57); la social, por solicitud.

Los requisitos están en dos artículos que conviene leer juntos. Para la concesión única, el artículo 52 pide nombre y domicilio, las características generales del proyecto, la documentación que acredite capacidad técnica, económica, jurídica y administrativa —aunque en las solicitudes comunitarias, indígenas o afromexicanas únicamente se deberá presentar documentación que acredite la capacidad técnica—, la constancia del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas o la documentación que acredite el carácter indígena o afromexicano, y las medidas que promuevan la igualdad de género. Para la concesión de espectro de uso social, el artículo 64 exige además los servicios que se desean prestar, la justificación del uso social, las especificaciones técnicas con las frecuencias solicitadas, los programas y compromisos de cobertura y calidad y el proyecto a desarrollar; repite que las comunitarias, indígenas y afromexicanas solo acreditan capacidad técnica; ordena a la Comisión prever un régimen simplificado y prestar asistencia técnica, en colaboración con el INPI cuando resulte necesario; y fija noventa días hábiles para resolver. La solicitud se presenta dentro del plazo del programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias (artículo 66). Al resolver, la CRT valora que el proyecto técnico aproveche la banda, que contribuya a la función social de la radiodifusión y a la libertad de expresión, y que sea compatible con el objeto del solicitante; a las comunitarias les exige demostrar un vínculo directo con la comunidad, acreditable con cartas de apoyo o reconocimientos de su labor social (artículo 69). El mismo artículo manda reservar el diez por ciento de la banda de FM para estaciones comunitarias, indígenas y afromexicanas y permite concesiones de AM en el segmento ampliado de 1605 a 1705 kHz, y obliga a favorecer la diversidad y evitar la concentración de frecuencias.

Sobre cuánto cuesta una concesión de radio, la respuesta honesta es que la ley no fija un precio para el uso social, pero sí reparte las cargas. La contraprestación por el otorgamiento del espectro está prevista para las concesiones comerciales, que se asignan por licitación (artículo 57). En cambio, los titulares de concesiones para uso social comunitario, indígena y afromexicana están exentos del pago de las contribuciones que establezcan las leyes por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencias (artículo 83), y los concesionarios de uso social están exentos del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público (artículo 245). Lo que cuesta es el proyecto: estudios de ingeniería, transmisor y antena, y operación; la Comisión puede incluso donar a concesionarios sociales de radiodifusión los transmisores que hayan pasado a propiedad de la Nación por uso de espectro sin concesión (artículo 64). Para financiarse, el artículo 68 permite donativos en dinero o en especie —si la estación es donataria autorizada—, aportaciones y cuotas de la comunidad, venta de productos y contenidos propios, recursos de entidades públicas para contenidos, arrendamiento de estudios, convenios de coinversión con otros medios sociales, patrocinios conforme lo determine la Comisión, venta de publicidad a los entes públicos federales —que deben destinar anualmente entre el uno y el diez por ciento de su presupuesto de comunicación social, de forma prioritaria, al conjunto de concesiones comunitarias, indígenas y afromexicanas— y mensajes comerciales de productos, bienes o servicios locales hasta el tres por ciento del tiempo total de transmisión. En radio, la publicidad vendida a entes públicos no puede exceder el catorce por ciento del tiempo total de transmisión (artículo 230, fracción III). La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN; el honorario del trámite completo se cotiza cerrado y por escrito antes de empezar.

El riesgo de hacerlo mal tiene dos caras. Transmitir sin concesión es la infracción más grave de la ley: multa del 6.01 por ciento hasta el 10 por ciento de los ingresos de la persona infractora directamente involucrada (artículo 282, inciso F, fracción I), calculados sobre los ingresos acumulables del último ejercicio (artículo 283), además de la pérdida de los equipos transmisores a favor de la Nación a la que alude el artículo 64. Y obtener la concesión sin cumplir después también cuesta el título: el incumplimiento de la obligación de presentar cada año la relación de socios y de pedir autorización previa para integrar nuevos es motivo de revocación (artículo 95), y las concesiones terminan por vencimiento del plazo sin prórroga, renuncia, revocación, rescate, fallecimiento del concesionario de uso social o disolución de la persona moral (artículo 98). A favor de la estación hay derechos que conviene ejercer: los concesionarios de uso social pueden exigir la interconexión de sus redes a quienes operan redes públicas de telecomunicaciones, que no pueden negarla (artículo 124); las estaciones de uso social indígena pueden transmitir en la lengua del pueblo originario (artículo 223); la programación infantil debe fomentar contenidos producidos por comunicadoras y comunicadores indígenas (artículo 219, fracción XVI); y el Ejecutivo Federal debe impulsar medidas de financiamiento para la producción indígena y afromexicana (artículo 244). Quienes ya tenían título antes de la nueva ley quedan sujetos exclusivamente a las obligaciones del nuevo decreto (transitorio vigésimo tercero). El despacho está en San Miguel Chapultepec, Ciudad de México, y lleva estos trámites federales ante la CRT para comunidades y organizaciones de cualquier estado de la República.