Publicidad de Productos y Servicios de Salud

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

La competencia está en el artículo 300 de la Ley General de Salud, cuyo texto vigente incorpora las reformas publicadas hasta el 15 de enero de 2026: con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la autorización de la publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de las personas con discapacidad, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se refiere la ley; facultad que se ejerce sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias. El artículo 301 delimita qué requiere autorización: la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los insumos para la salud, las bebidas alcohólicas, y los productos y servicios que se determinen en el reglamento de la ley en materia de publicidad. El mismo artículo añade, en párrafo adicionado el 14 de octubre de 2015, la prohibición de publicitar alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética dentro de los centros escolares.

Conviene conocer el artículo 301 bis porque evita trámites de más: las disposiciones reglamentarias determinarán los productos y servicios en los que el interesado solo requerirá dar aviso a la Secretaría de Salud para su difusión publicitaria. Es decir, el régimen no es uniforme. Hay productos cuya publicidad necesita autorización previa y otros donde basta el aviso. Determinar en cuál de los dos supuestos cae un producto concreto es parte del diagnóstico inicial, y es frecuente encontrar empresas que tramitaron permisos innecesarios o, al revés, que difundieron sin cumplir el requisito que sí les correspondía.

El corazón de la materia está en el artículo 306, que fija seis requisitos a toda la publicidad regulada por la ley. Primero, que la información contenida en el mensaje sobre calidad, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo sea comprobable. Segundo, que el mensaje tenga contenido orientador y educativo. Tercero —y este es el que más campañas tumba— que los elementos que compongan el mensaje correspondan a las características de la autorización sanitaria respectiva. Cuarto, que el mensaje no induzca a conductas, prácticas o hábitos nocivos para la salud física o mental que impliquen riesgo o atenten contra la seguridad, la integridad física o la dignidad de las personas, en particular de la mujer. Quinto, que no desvirtúe ni contravenga los principios y disposiciones que en materia de prevención, tratamiento de enfermedades o rehabilitación establezca la Secretaría de Salud. Y sexto, que esté elaborado conforme a las disposiciones legales aplicables. La tercera fracción es la que explica por qué un suplemento no puede comunicarse como si fuera medicamento: el mensaje no puede exceder lo que la autorización ampara.

Para alimentos y bebidas no alcohólicas, el artículo 307 añade reglas propias: la publicidad no deberá asociarse directa o indirectamente con el consumo de bebidas alcohólicas; no deberá inducir a hábitos de alimentación nocivos ni atribuir a los alimentos industrializados un valor superior o distinto al que tengan en realidad; y deberá incluir, en forma visual, auditiva o visual y auditiva según sea para impresos, radio o cine y televisión respectivamente, mensajes precautorios de la condición del producto o mensajes promotores de una alimentación equilibrada. Del lado de las consecuencias, el artículo 404 incluye entre las medidas de seguridad sanitaria la suspensión de mensajes publicitarios en materia de salud, y el artículo 413 precisa cuándo procede: cuando se difundan por cualquier medio de comunicación social contraviniendo la ley y demás ordenamientos aplicables, o cuando la Secretaría determine que el contenido afecta o induce a actos que pueden afectar la salud pública. En esos casos los responsables de la publicidad procederán a suspender el mensaje dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación si se trata de radio, cine, televisión, publicaciones diarias o anuncios en la vía pública; tratándose de publicaciones periódicas, la suspensión surte efectos a partir del siguiente ejemplar. La primera consulta es de valoración: se revisa la autorización, los claims y los materiales, y se dice con franqueza qué se puede comunicar y qué no.