Clausura de PROFEPA

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El fundamento está en el artículo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuyo texto vigente incorpora la reforma publicada el 19 de enero de 2026. Dispone que cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaría, fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad. La primera es la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones en que se manejen o almacenen especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre, recursos forestales, o se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos del propio artículo. La segunda es el aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, así como de especímenes, productos o subproductos de flora o fauna silvestre o su material genético, recursos forestales, además de los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta. La tercera es la neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos peligrosos generen esos efectos.

Dos palabras de ese artículo definen toda la estrategia. La primera es inminente: la medida procede ante riesgo inminente, no ante cualquier irregularidad. Si la autoridad clausuró por un incumplimiento documental que no implica riesgo inmediato, la proporcionalidad de la medida es discutible. La segunda es temporal: la propia ley califica así la clausura. No es una sanción definitiva ni el cierre de la empresa; es una medida precautoria destinada a detener un riesgo mientras se corrige. Las sanciones son otra cosa y están en el artículo 171, que prevé multa, clausura como sanción, arresto administrativo, decomiso y suspensión o revocación de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones. Confundir la medida de seguridad con la sanción lleva a defensas mal planteadas.

El artículo 170 Bis, adicionado por decreto publicado el 13 de diciembre de 1996, es el que más conviene tener a la mano y el que menos se invoca. Establece que cuando la Secretaría ordene alguna de las medidas de seguridad previstas en la ley, indicará al interesado, cuando proceda, las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas éstas, se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta. Leído al derecho, es una obligación de la autoridad y un derecho del particular: tienes derecho a saber exactamente qué hacer y en qué plazo para recuperar tu operación. Cuando el documento no lo contiene, lo primero es requerirlo, porque sin esa definición el levantamiento queda al criterio de quien vuelva a visitar.

Conviene no confundir esta clausura con las otras dos que puede enfrentar un mismo establecimiento. La clausura ambiental la impone la autoridad ambiental federal con fundamento en esta ley. La suspensión sanitaria la impone la autoridad sanitaria con fundamento en la Ley General de Salud y atiende riesgos a la salud de las personas. Y la clausura de las alcaldías o del instituto de verificación administrativa se rige por normatividad local y suele originarse en licencias de funcionamiento, uso de suelo o protección civil. Son autoridades distintas, leyes distintas y procedimientos distintos: el escrito presentado ante quien no tiene competencia no detiene nada y consume el tiempo que no sobra. Por eso el primer paso siempre es identificar quién firmó la orden. En cuanto a la defensa de fondo, el artículo 176 establece que las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos podrán ser impugnadas mediante el recurso de revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, o ante las instancias jurisdiccionales competentes; el recurso se interpone ante la propia autoridad que emitió la resolución, quien acordará su admisión y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido. La primera consulta es de valoración: se lee el acta y la orden, se define el alcance real de la medida y se arma el plan de levantamiento.