Manifestación de Impacto Ambiental

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuyo texto vigente incorpora la reforma publicada el 19 de enero de 2026, define la figura: la evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Y añade la regla operativa: para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las obras o actividades que el propio artículo enumera requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría. La palabra previamente es la que define el riesgo: la autorización antecede a la obra. Iniciar sin ella no se corrige pagando una multa; expone el proyecto a las medidas de seguridad del artículo 170, entre ellas la clausura.

El artículo 35 Bis fija el plazo que todo promovente debe tener en el calendario: la Secretaría, dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la recepción de la manifestación de impacto ambiental, deberá emitir la resolución correspondiente. Pero el mismo artículo introduce un mecanismo que explica por qué tantos expedientes parecen detenidos: la Secretaría podrá solicitar aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido de la manifestación que le sea presentada, suspendiéndose el término que restare para concluir el procedimiento. Esa suspensión tiene su propio límite: en ningún caso podrá exceder el plazo de sesenta días contados a partir de que sea declarada por la Secretaría, y siempre y cuando le sea entregada la información requerida. El artículo prevé además que, excepcionalmente, cuando por la complejidad y las dimensiones de una obra o actividad lo amerite, el plazo pueda ampliarse en los términos que la propia disposición señala.

Entender ese reloj es parte del trabajo y no es un tecnicismo. Un requerimiento de información detiene el término, pero la detención no es indefinida ni automática: depende de que se declare y tiene tope. Cuando un promovente entrega la información y el expediente sigue sin resolverse, hay base para exigir. Y a la inversa, cuando el promovente tarda en entregar lo requerido, el proyecto se alarga por su propia causa. Documentar cada entrega con acuse y llevar la cuenta de los días es lo que permite saber en qué punto está realmente el procedimiento, en lugar de depender de lo que digan en ventanilla.

Conviene tener presente el contexto sancionador, porque es lo que da urgencia al trámite. El artículo 170 permite a la autoridad imponer medidas de seguridad —entre ellas la clausura temporal, parcial o total— cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico o daño grave a los recursos naturales. Y el artículo 171 prevé las sanciones administrativas, que incluyen multa, clausura, arresto administrativo, decomiso y la suspensión o revocación de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones. A eso se suma un frente distinto y más caro: la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental obliga a reparar el daño causado al ambiente o, cuando la reparación no es posible, a la compensación ambiental que proceda. Por eso el cálculo económico de saltarse la autorización casi nunca sale bien: el costo de regularizar después, con la obra detenida y con la posibilidad de una demanda de responsabilidad ambiental encima, supera siempre el costo de haberla tramitado a tiempo. La primera consulta es de valoración: se analiza el proyecto, se determina si requiere autorización y bajo qué modalidad, y se traza el calendario real del procedimiento.