Violencia Digital

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

Conviene empezar por una aclaración que ahorra denuncias fallidas: en el Código Penal de la Ciudad de México no existe un delito llamado 'violencia digital'. El concepto vive en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo Capítulo IV Ter —adicionado por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2021, la reforma conocida como Ley Olimpia— define la violencia digital en su artículo 20 Quáter y la violencia mediática en el 20 Quinquies. Esa definición es la base de políticas públicas y de medidas de protección, pero el castigo concreto se aplica a través de tipos penales dispersos. En lo local, el decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 22 de enero de 2020 adicionó los artículos 179 Bis y 181 Quintus, agregó un párrafo al 209 y modificó el 236: ese es el paquete con el que realmente se litiga.

El reparto queda así. La difusión, grabación o amenaza de publicar contenido sexual íntimo sin consentimiento corresponde al artículo 181 Quintus —el delito contra la intimidad sexual, con pena de cuatro a seis años de prisión— y lo tratamos a fondo en nuestra página de Ley Olimpia, que es a donde debes ir si ese es tu caso. Esta página cubre el resto del espectro. La suplantación de identidad en redes encuadra en el artículo 211 Bis, que sanciona con uno a cinco años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa a quien por cualquier medio usurpe con fines ilícitos la identidad de otra persona, con aumento de la mitad cuando el agresor se vale de la homonimia, el parecido físico o la similitud de la voz. El acoso sexual está en el artículo 179, con uno a tres años de prisión y agravante cuando existe relación de subordinación laboral o docente. Y el contacto de personas adultas con menores de dieciocho años por medios informáticos o de telecomunicaciones para requerirles o compartirles contenido sexual, o para solicitarles un encuentro sexual, es el artículo 179 Bis, con pena de cuatro a seis años de prisión.

La sextorsión se ataca por dos frentes. El artículo 209 sanciona las amenazas y agrava la pena cuando lo que se amenaza es difundir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo sin consentimiento; y el artículo 236 sanciona la extorsión —obligar a otro a dar, hacer o tolerar algo obteniendo un lucro y causando un perjuicio patrimonial— con incremento de las penas cuando el medio empleado es la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica y cuando se emplean imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo. El doxeo, en cambio, no tiene un tipo penal autónomo en la Ciudad de México: se persigue por la conducta que lo acompaña —amenazas, extorsión, acoso, incitación a la violencia— y, cuando quien difundió los datos es una autoridad o una empresa que los tenía bajo resguardo, por la vía de protección de datos personales ante el órgano garante que corresponda.

La difamación y la calumnia están derogadas en la Ciudad de México: los artículos 214 a 219 del Código Penal, que integraban el título de delitos contra el honor, ya no contienen tipo alguno. Por eso el linchamiento digital, la reseña falsa coordinada o la publicación que destruye tu reputación no se denuncian penalmente aquí: se reclaman por la vía civil, conforme a la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen de la Ciudad de México —ordenamiento especial que desplazó al último párrafo del artículo 1916 y al 1916 Bis del Código Civil—, y de forma complementaria por daño moral. Sobre lo demás, dos cosas con franqueza. La primera: nada de esto es culpa tuya, y ningún abogado serio te va a preguntar por qué mandaste esa foto o por qué aceptaste esa solicitud. La segunda: no se puede prometer que un contenido desaparezca del cien por ciento de internet ni que un agresor anónimo sea identificado siempre. Lo que sí se hace es preservar la prueba correctamente, reportar donde funciona y llevar el caso por la vía que corresponde. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN, es confidencial, e incluye la revisión de tu evidencia, la clasificación de las conductas y el plan de acción con presupuesto cerrado por escrito.