Defensa ante Multas, Sanciones y Revocaciones de la CRT

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El artículo 281 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión atribuye a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sancionar las infracciones de concesionarios, autorizados, registratarios, proveedores de infraestructura pasiva, personas infractoras y plataformas digitales, y ordena que los procedimientos se tramiten en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; las infracciones a los derechos de los usuarios las sanciona la PROFECO con multa de 0.01% hasta 3% de los ingresos, y los contenidos, tiempos de Estado y publicidad quedan a cargo de la Secretaría de Gobernación. El artículo 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo obliga a la autoridad a notificar previamente al infractor el inicio del procedimiento para que, dentro de los quince días siguientes, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas con que cuente; el 73 exige fundar y motivar la resolución considerando los daños producidos, la intencionalidad, la gravedad y la reincidencia, y el 74 fija diez días para dictar la resolución una vez oído el infractor y desahogadas las pruebas.

El artículo 282 establece seis tramos de multa, todos en porcentaje de los ingresos del concesionario, autorizado, proveedor de infraestructura pasiva o persona infractora directamente involucrada. Inciso A, de 0.01% hasta 0.75%: presentar extemporáneamente avisos, reportes, documentos o información; contravenir las disposiciones sobre homologación y desbloqueo de equipos, recarga de saldo y cableados; e incumplir las obligaciones de registro, sin sanción si hubo cumplimiento espontáneo sin requerimiento o visita previa, y con amonestación por única ocasión en la primera infracción. Inciso B, de 0.01% hasta 3%: otras violaciones a la ley, reglamentos, disposiciones administrativas, planes técnicos y títulos no previstas expresamente, y el incumplimiento de obligaciones o condiciones de la concesión o autorización —incluidas las de cobertura— que no esté sancionado con revocación. Inciso C, de 1% hasta 3%: bloquear, interferir, discriminar, entorpecer o restringir arbitrariamente el acceso a internet de cualquier usuario, y contratar en exclusiva propiedades para instalar infraestructura en contravención a las disposiciones u órdenes de la autoridad. Inciso D, de 1.1% hasta 4%: acuerdos que impidan ofrecer publicidad a terceros, oferta discriminatoria de publicidad, no observar los límites de exposición a radiaciones electromagnéticas, barreras a la conexión del equipo terminal con otros concesionarios, incumplir las obligaciones de colaboración con la justicia y proporcionar dolosamente información errónea de usuarios, directorios, infraestructura o cobro. Inciso E, de 2.01% hasta 6%: incumplir obligaciones de operación e interconexión, impedir la actuación de otros concesionarios, interceptar información sin resolución de autoridad, modificar la red sin autorización afectando la interoperabilidad, no garantizar la confidencialidad de las comunicaciones, contravenir resoluciones de tarifas e incumplir medidas de regulación asimétrica. Inciso F, de 6.01% hasta 10%: prestar servicios sin concesión, autorización o constancia de registro, e interrumpir sin causa justificada la prestación total de servicios en poblaciones donde el concesionario sea el único prestador.

El artículo 283 define la base: los ingresos acumulables del infractor para efectos del Impuesto sobre la Renta del último ejercicio fiscal en que se incurrió en la infracción, excluyendo los obtenidos de fuente de riqueza en el extranjero y los sujetos a régimen fiscal preferente; a falta de ese dato se usa el ejercicio anterior y puede consultarse al SAT. Para quien no declare ingresos o no entregue la información fiscal requerida, el mismo artículo fija multas máximas en Unidades de Medida y Actualización: veinte millones de UMA en el inciso A, doscientos dos millones en el B, ciento un millones en el C, ciento sesenta y tres millones en el D, doscientos dos millones en el E y doscientos cuarenta y seis millones en el F. El artículo 284 permite imponer hasta el doble en caso de reincidencia —quien, sancionado con resolución firme, realice otra conducta prohibida, aunque sea de distinto tipo—, sin considerar la reincidencia en las fracciones I y II del inciso A ni en las fracciones II, V y VI del inciso D, estas dos últimas solo en lo relativo a la entrega de información. El artículo 285 obliga a la Comisión a considerar la gravedad, la capacidad económica, la reincidencia y el cumplimiento espontáneo como atenuante; el 286 encarga la ejecución de las multas al Servicio de Administración Tributaria, y el 280 autoriza como medios de apremio multa de 100 a 20,000 UMA, multa adicional por cada día que no se permita el acceso a los verificadores hasta diez días naturales, y el auxilio de la fuerza pública.

El artículo 287 enumera veintiún causas de revocación de concesiones, autorizaciones y constancias de registro, entre ellas no iniciar la prestación del servicio en plazo, impedir la actuación de otros concesionarios, incumplir condiciones del título que expresamente prevean la revocación, negarse a interconectar, ceder, arrendar, gravar o transferir la concesión o sus bienes en contravención a la ley, no enterar contraprestaciones a la Tesorería, no otorgar garantías, cambiar frecuencias sin autorización y suspender sin justificación en más del cincuenta por ciento de la zona de cobertura por más de veinticuatro horas. La Comisión procede de inmediato en los supuestos de las fracciones I, III, IV, VII, VIII, X, XII, XIII, XV y XX; en los demás solo puede revocar cuando previamente hubiese sancionado al concesionario por lo menos en dos ocasiones por cualquiera de las causas previstas en esas fracciones, con sanciones que hayan causado estado. El artículo 288 inhabilita al titular revocado por cinco años para obtener nuevas concesiones o autorizaciones; el 289 dispone que quien preste servicios sin concesión o autorización, o invada u obstruya las vías generales de comunicación, pierde en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados, que se aseguran desde la visita; el 290 castiga a quien dañe, perjudique o destruya vías generales de comunicación o bienes usados en una concesión interrumpiendo el servicio con uno a ocho años de prisión y multa de 7,000 a 36,000 UMA, y de doce a quince años si se usan explosivos o materia incendiaria; y el 291 aclara que las sanciones se aplican sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal y, cuando proceda, de la revocación. En cuanto a la defensa judicial, el artículo 296 dispone que las normas generales, actos u omisiones de la Comisión podrán ser impugnadas únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión; el 297 limita la impugnación a la resolución que pone fin al procedimiento, sin admitir recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales; y los artículos 298 y 299 asignan esos juicios y controversias a los jueces y tribunales especializados en competencia, telecomunicaciones y radiodifusión. El plazo para presentar la demanda es de quince días conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo.