Sucesión con Bienes en el Extranjero

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El principio que gobierna estas sucesiones está en el Código Civil Federal y se repite en los códigos civiles de las entidades: los bienes inmuebles y los muebles se rigen por la ley del lugar de su ubicación, aun cuando sus titulares sean extranjeros. De ahí se desprende la consecuencia práctica más importante y la que más veces hay que explicar: un juicio sucesorio tramitado en México no transmite por sí mismo la propiedad de un inmueble situado en otro país. El registro de la propiedad extranjero no inscribe una resolución mexicana sin más; exigirá que se siga el procedimiento previsto por su propia legislación, y en muchos casos que la resolución mexicana pase por un proceso de reconocimiento. Por eso, cuando hay inmuebles en dos países, hay que contar con dos procedimientos, coordinados entre sí y con tiempos distintos. La forma del testamento, en cambio, suele admitir más flexibilidad: un testamento otorgado conforme a las formalidades del lugar donde se celebró generalmente es reconocido, aunque su contenido tendrá que enfrentarse a las reglas sucesorias de cada país respecto de los bienes ahí situados.

El segundo bloque es documental y es donde la mayoría de las familias se atora. México es parte de la Convención de La Haya de 1961 que suprime la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, conocida como Convención de la Apostilla. Eso significa que un documento público mexicano —acta de defunción, copia certificada de la resolución sucesoria, nombramiento de albacea, poder notarial— se apostilla ante la autoridad competente en México y con eso surte efectos ante autoridades de cualquier otro Estado parte, sin necesidad de legalización consular. Cuando el país de destino no es parte de la Convención, el camino es la legalización consular tradicional, que toma más tiempo. A eso se suma la traducción por perito autorizado, que la autoridad extranjera exigirá casi siempre. Este trabajo parece administrativo y sin embargo es donde se pierden más meses, porque los documentos suelen pedirse de a uno, conforme la autoridad extranjera los va requiriendo, en lugar de anticiparse desde el inicio.

Hay una distinción que conviene entender antes de abrir cualquier procedimiento, porque decide si hace falta o no. No todos los activos se transmiten por vía sucesoria. Las cuentas bancarias y de inversión con beneficiario designado, los seguros de vida con beneficiario y ciertos planes de retiro operan por designación contractual: al fallecimiento, la institución paga al beneficiario acreditando el deceso y su identidad, sin intervención judicial. Los bienes a nombre individual sin designación, en cambio, sí entran a la masa hereditaria. Una revisión temprana de cómo está titulado cada activo puede revelar que buena parte del patrimonio se cobra en semanas mediante trámites ante instituciones, y que el juicio solo se necesita para lo demás. También permite detectar activos que nadie recordaba, algo frecuente cuando el fallecido trabajó años en el extranjero y dejó planes de retiro o cuentas inactivas.

Queda el frente fiscal, que en materia internacional suele ser el más caro y el peor anticipado. En México la herencia recibe un tratamiento favorable en el impuesto sobre la renta cuando se cumplen los requisitos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, incluida la obligación de informarla en la declaración anual cuando supera los montos que la propia ley señala. Pero eso solo cubre el lado mexicano. Otros países aplican impuestos sucesorios o sobre el patrimonio del causante que pueden gravar bienes situados en su territorio incluso cuando el fallecido y los herederos no eran residentes, y con tasas relevantes. Ignorar ese costo al planear una herencia internacional es el error más caro de todos, y se evita midiendo antes de mover cualquier bien y revisando si existe convenio para evitar la doble imposición aplicable al caso. Para quien todavía está en tiempo de planear, la conversación cambia por completo: testamentos coordinados en cada jurisdicción, designación correcta de beneficiarios en cuentas y seguros, y estructuras que eviten a los herederos la carga de dos procedimientos simultáneos. La primera consulta es de valoración: se levanta el inventario, se clasifica qué pasa por sucesión y qué no, y se traza el orden de los procedimientos.