Seguro de Vida

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El punto de partida es el artículo 177 de la Ley sobre el Contrato de Seguro: la cláusula beneficiaria establece en provecho del beneficiario un derecho propio sobre el crédito que le atribuye, el cual podrá exigir directamente de la empresa aseguradora. Esto significa que la suma asegurada no entra a la herencia ni se reparte entre los herederos: le pertenece a quien la póliza designa, y puede reclamarla sin abrir un juicio sucesorio. Cuando el asegurado nombró conjuntamente a su cónyuge y a sus descendientes, la ley reparte una mitad al cónyuge y la otra a los descendientes (artículo 185); cuando designó a varias personas sin indicar porciones, se distribuye por partes iguales, y la parte de quien haya fallecido acrece a los demás (artículos 187 y 188). El asegurado puede designar beneficiario sin pedirle permiso a la aseguradora y cambiarlo cuando quiera, salvo que haya renunciado expresamente a esa facultad en la póliza (artículos 174 a 176); por eso la aseguradora paga válidamente conforme a la designación más reciente (artículo 175). Estas reglas resuelven la mayoría de los pleitos entre familiares antes de que empiecen.

El argumento favorito de las aseguradoras para no pagar un seguro de vida es la omisión o inexacta declaración en la solicitud. El artículo 8 obliga al proponente a declarar por escrito, de acuerdo con el cuestionario relativo, los hechos importantes para la apreciación del riesgo que conozca o deba conocer al contratar; y el artículo 47 permite a la aseguradora considerar rescindido el contrato por cualquier omisión o inexactitud en esos hechos, aunque no haya influido en el siniestro. Hasta ahí la ley parece dura. Pero el artículo 48 impone la condición que cambia el resultado: la aseguradora comunicará en forma auténtica al asegurado o a sus beneficiarios la rescisión dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que la propia empresa conozca la omisión o inexacta declaración. El criterio reiterado de los tribunales es que ese plazo es fatal: si la aseguradora tuvo el expediente clínico en sus manos y dejó pasar los treinta días, la rescisión que comunique después es extemporánea y no puede oponerse al beneficiario. Además, lo que se declara es lo que el cuestionario pregunta: síntomas aislados, factores de riesgo o padecimientos que nadie había diagnosticado no son omisiones. Y la carga de probar la preexistencia, el conocimiento del asegurado y la oportunidad de la rescisión es de la aseguradora, no de la familia.

Otras dos defensas típicas tienen respuesta en la propia ley. La edad mal declarada no anula el seguro: si la edad real estaba dentro de los límites de admisión de la aseguradora, el artículo 172 ordena ajustar la obligación en la proporción entre la prima pagada y la que correspondía a la edad real, y si el asegurado presentó en vida pruebas fehacientes de su edad, la aseguradora no podrá exigir nuevas pruebas al pagar el siniestro por muerte (artículo 173). El suicidio tampoco excluye automáticamente la cobertura: conforme al artículo 197, la aseguradora está obligada a pagar, cualquiera que sea el estado mental del suicida o el móvil, si el suicidio se verifica después de dos años de celebrado el contrato; si ocurre antes, reembolsa la reserva matemática. Y el aviso del siniestro debe darse tan pronto se conozca, con un plazo máximo de cinco días por escrito salvo pacto distinto (artículo 66), pero su incumplimiento solo libera a la aseguradora cuando prueba que el beneficiario disimuló o declaró hechos con el fin de hacerla incurrir en error (artículo 70). La aseguradora puede pedir toda la información sobre el siniestro (artículo 69); lo que no puede es usar los requerimientos para alargar indefinidamente el 'análisis'.

El tiempo juega a favor del beneficiario más que en cualquier otro seguro, pero no para siempre. El artículo 81 fija la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro en cinco años tratándose de la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida, y en dos años en los demás casos —invalidez, enfermedades graves, gastos funerarios—, contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen. Cinco años parecen muchos, pero entre el duelo, la sucesión, los trámites y las promesas de la aseguradora se consumen con facilidad; la reclamación ante CONDUSEF interrumpe el plazo y protege el derecho mientras se negocia. Una vez entregados los documentos, el crédito vence a los treinta días (artículo 71) y desde ahí corre la indemnización por mora del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que en reclamaciones grandes con retraso largo representa una parte sustancial de la condena. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN e incluye la lectura de la póliza y de la carta de rechazo, la revisión de la cadena de fechas que decide si la rescisión fue oportuna, la valoración de quién tiene derecho y a cuánto, y la recomendación de vía. Si el rechazo está bien fundado —a veces lo está—, se dice con esa franqueza antes de gastar en un litigio que no conviene.