Responsabilidad de Administradores

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El régimen está en el Capítulo V de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El artículo 157 fija la regla base: los administradores tendrán la responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. Ese mismo artículo, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2014, añadió un deber que hoy genera bastante litigio: los administradores deberán guardar confidencialidad respecto de la información y los asuntos de los que tengan conocimiento con motivo de su cargo, cuando no sean de carácter público, salvo cuando la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas. La obligación de confidencialidad estará vigente durante el tiempo de su encargo y hasta un año posterior a la terminación del mismo. Es decir, el administrador que sale y se lleva información sigue obligado durante doce meses más.

El artículo 158 establece los supuestos en que los administradores son solidariamente responsables para con la sociedad, entre ellos la realidad de las aportaciones hechas por los socios y el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios establecidos respecto de los dividendos que se paguen a los accionistas. La solidaridad es lo que permite demandar a todo el órgano de administración y no solo a quien firmó. Pero no es absoluta: el artículo 159 dispone que no será responsable el administrador que, estando exento de culpa, haya manifestado su inconformidad en el momento de la deliberación y resolución del acto. Esa manifestación tiene que constar; por eso las actas de consejo bien redactadas, con el sentido del voto de cada consejero y las razones de la inconformidad, valen exactamente lo que cuesta redactarlas. Además, el artículo 160 hace solidariamente responsables a los administradores con quienes les hayan precedido en el cargo por las irregularidades en que estos hubieren incurrido, si conociéndolas no las denunciaren por escrito a los comisarios.

La pieza procesal decisiva es el artículo 161: la responsabilidad de los administradores solo podrá ser exigida por acuerdo de la Asamblea General de Accionistas, la que designará a la persona que haya de ejercitar la acción correspondiente, salvo lo dispuesto en el artículo 163. Esa excepción es la que abre la puerta a la minoría. El artículo 163, reformado también el 13 de junio de 2014, permite que los accionistas que representen el veinticinco por ciento del capital social, por lo menos, ejerciten directamente la acción de responsabilidad civil contra los administradores, siempre que se satisfagan dos requisitos: que la demanda comprenda el monto total de las responsabilidades en favor de la sociedad y no únicamente el interés personal de los promoventes, y que, en su caso, los actores no hayan aprobado la resolución tomada por la Asamblea General de Accionistas sobre no haber lugar a proceder contra los administradores demandados. El propio artículo cierra con la regla que define la expectativa: los bienes que se obtengan como resultado de la reclamación serán percibidos por la sociedad.

Ese último punto hay que decirlo con claridad desde la primera reunión, porque es la fuente número uno de expectativas falsas: quien demanda no cobra. La condena entra al patrimonio de la sociedad, y el socio minoritario se beneficia de forma indirecta, en proporción a su participación. Cuando lo que se busca es salir de la sociedad recuperando valor, la acción de responsabilidad rara vez es la herramienta adecuada por sí sola y conviene combinarla o sustituirla por otras vías. El artículo 162 agrega efectos inmediatos sobre el cargo: los administradores removidos por causa de responsabilidad solo podrán ser nombrados nuevamente en caso de que la autoridad judicial declare infundada la acción ejercitada en su contra, y cesan en el desempeño de su encargo inmediatamente que la asamblea pronuncie resolución en el sentido de exigirles responsabilidad. Y el artículo 156 prohíbe al administrador que en cualquier operación tenga un interés opuesto al de la sociedad intervenir en la deliberación y resolución correspondiente, lo que suele ser la puerta de entrada en los casos de operaciones con partes relacionadas. La primera consulta es de valoración: se revisan estatutos, actas y cifras, y se dice si hay acción, por qué vía y qué se puede esperar de ella.